¡No al secuestro! ¡Colombia en pie por libertad, acuerdos humanitarios y paz!

Publicar un aviso en El Espectador bajo el título ¡No al secuestro! es una iniciativa de las organizaciones sociales abajo firmantes del mismo, la cual acompañamos quienes siendo parte de la dirección del Polo Democrático Alternativo consideramos equivocada la decisión tomada el pasado 17 de enero por la mayoría del Comité Ejecutivo Nacional del partido, liderada por las tendencias MOIR y Partido Comunista, en el sentido de no participar en la jornada del 4 de febrero de 2008 a desarrollarse en Bogotá y otras ciudades del país, convocada para exigir a las FARC la liberación de todos los secuestrados.


Bogotá, 1 de febrero de 2008

Ninguna causa justifica y nadie debe justificar crímenes de guerra o de lesa humanidad, sean cometidos por guerrilleros, paramilitares o agentes del Estado, porque constituyen graves infracciones al derecho internacional humanitario y, con frecuencia, actos terroristas.

¡Que los liberen a todos ya! Este es el grito que convoca a millones de personas en Colombia y el mundo para exigir la libertad de los secuestrados. ¡Qué no vuelvan a secuestrar! Esa es la exigencia de una sociedad hastiada con este delito de lesa humanidad y con los tratos crueles, indignos e inhumanos a que están sometidas las víctimas.

Saludamos la decisión unilateral de las FARC de liberar a Clara Rojas y Consuelo González. Agradecemos las gestiones humanitarias del presidente de Venezuela, Hugo Chávez y demás gobiernos de países amigos, de la senadora Piedad Córdoba, del Comité Internacional de la Cruz Roja, así como la facilitación del gobierno colombiano para esta liberación. La facilitación internacional debe hacerse con respeto a nuestra soberanía.

Este es un camino viable para liberar cuanto antes a quienes se encuentran enfermos. El otro es el acuerdo humanitario por el cual seguimos trabajando. El gobierno y las FARC deben flexibilizar sus condiciones (mover los inamovibles) bajo consideraciones humanitarias y no políticas. Respaldamos la propuesta de Francia, España y Suiza para una zona desmilitarizada y con presencia internacional, que permita el encuentro, el dialogo y la liberación en un tiempo acordado y limitado. Anuncios de rescate o cerco militar, así como nuevos secuestros, no favorecen un clima propicio para eventuales acuerdos.

Recordamos que también hay indignación por los miles de asesinatos y desapariciones forzadas cometidas por grupos paramilitares que siguen operando en el territorio nacional. Estos crímenes de guerra se ponen en evidencia con la identificación de más de cuatro mil fosas comunes en donde ocultaron los cadáveres, luego de someter a las víctimas a crueles torturas. Más de 4 millones de personas han sido desplazadas y sus tierras arrebatadas. También motivan indignación y rechazo las muertes de civiles, presentados como «bajas en combates» y las detenciones arbitrarias que terminan siendo falsos positivos de la Fuerza Pública.

Reafirmamos que este conflicto armado no tiene solución militar. La costosa guerra del Estado no es el camino para superar el conflicto ni las armas de la guerrilla son la vía para resolver sus causas.

El 4 de febrero, al igual que miles de colombianos y colombianas en el país y en el mundo, haremos sentir nuestra voz por la libertad, los acuerdos humanitarios y la paz. En Bogotá la concentración será en la Plaza de Bolívar el 4 de febrero desde las diez de la mañana, sin violencia, respetando el pluralismo y la libertad de expresión. Con todas las víctimas, toda la solidaridad y toda nuestra indignación.

Firman:
Acción Campesina Colombiana, Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP), Agenda Caribe, APAT (Neiva), Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Asociación Cultural y Ambientalista del Sur — ACAS (Neiva), Asociación Escuela Ciudadana(Cali), Asociación Lanzas y Letras (Neiva), Asociación para el Desarrollo Integral de las Mujeres, la juventud y la infancia, Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA, ASOCOMIN (Neiva), ASOCOPH (Huila), Asomujer y Trabajo, Central Unitaria de Trabajadores CUT, Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), CINCOP, Confederación de Colombia CTC, Confederación General del Trabajo CGT, Confederación Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), COOFINEP, Corporación Andes (Neiva), Corporación Avanzar (Neiva), Corporación Avocar, Corporación Casa de la Mujer, Corporación Cuchiyuyo (Neiva), Corporación Curibano (Neiva), Corporación ]UHACO (Neiva), Corporación Nuevo Arco Iris, Corporación para la Vida: Mujeres que Crean, Corporación Red de Promotores de Derechos Humanos y DIH (Neiva), Corporación Vamos Mujer, Corporación Viva la Ciudadanía, Escuela Nacional Sindical, Escuela Popular de Derechos Humanos (Neiva), FENSOAGRO (Neiva), Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Fundación Compromiso (Bucaramanga), Fundación Confiar, Fundación Cultura Democrática, Fundación País Libre, Fundación Progresar (Cúcuta), Fundación Seres Humanos, Fundación SURCOS (Cartagena), Iniciativa de Mujeres por la Paz (Neiva), Instituto para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), Instituto Popular de Capacitación (IPC) Medellín, Instituto Sindical Maria Cmo -ISMAC, ISCOD, Liberales Plan B, Mesa Cooperativa y Solidaria, Misión de Observación Electoral -MOE, Movimiento Comunal Comunitario, Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos (Neiva), Organización Femenina Popular (Neiva), Planeta Paz, Plataforma pa’l Sur, (Neiva), POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO, Red Nacional de lniciativas por la Paz y contra la Guerra REDEPAZ, Red Nacional de Mujeres, Ruta pacífica por la salida Negociada del Conflicto Annado Interno, Unión Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, Alejandra Barrios Cabrera, Alejandro Chaparro, Alexandra Bermúdez, Álvaro Villarraga, Ana Teresa Bernal, Andre Roth, Apécides Alvis, Boris Montes de Oca, Camilo González Posso, Carlos Gaviria Díaz, Carlos Rodríguez Díaz, Carlos Rodríguez Mejía, Carlos Salgado, Daniel García-Peña, Eduardo Cifuentes Muñoz, Fabián Villota Galeano, Flor Edilma Osorio Pérez, Gloria Florez, Gustavo Petro, Héctor Fajardo, Jaime Zuluaga, Jorge Castellanos, Jorge Rojas Rodríguez, Julio Roberto Gómez, Laurence Mazure, Luciano Sanin, Luís Eduardo Salcedo, Luís Sandoval, Mágdala Velásquez, María Eugenia Sánchez, Marco Romero Silva, Mauricio García S.J, Mauricio Trujillo Uribe, Martha Peña, Miller Dussán Calderón, Norma Henriquez, Olga Amparo Sánchez, Lucía Ramírez, Oscar Arbelaez , Pala Arbelaez , Parmenio Cuéllar Bastidas, Pedro SanLlna Rodríguez, Satya Jennings, Wïlfredo Cañizales, Wilson Borja, Witney Chávez …

Bogotá, 1 de febrero de 2008


Texto de libre difusión, citando la fuente y publicando fiel copia del mismo

Fuente: Aviso publicado en el períodico El Espectador

Foto: portal LTLaTercera.com

Grave equivocación del Polo frente a la marcha contra el secuestro

Debemos participar como Polo Democrático Alternativo en la marcha que se realizará el próximo 4 de febrero en Bogotá. La decisión mayoritaria del Comité Ejecutivo del Polo de no participar en esta jornada contra el secuestro es un paso en falso, un error político, una grave equivocación. En la capital del país el Polo ganó la alcaldía y tiene influencia en la opinión pública, lo que permite levantar sus propias banderas. No participar es enviar un mensaje equivocado a la ciudadanía.

Mauricio Trujillo Uribe *
Bogotá, 25 de enero de 2008

El Comité Ejecutivo Nacional del Polo aprobó por mayoría el pasado 17 de enero que el Polo no participará en la jornada del 4 de febrero de 2008 destinada a exigierle a las FARC y demás grupos armados !no más secuestros¡

Es una lamentable decisión, sobre todo después de que organizaciones sociales como la CUT y numerosas ONGs por los Derechos Humanos están invitando a participar en la concentración que realizarán en la Plaza de Bolívar de Bogotá para esa fecha, expresando su condena total a la práctica del secuestro que realizan las FARC, el ELN, los paramilitares y la delincuencia.

El Polo debe revisar una decisión que lo puede aislar del movimiento social y sindical, además de que dejaría sólo al Alcalde de Bogotá, nuestro alcalde, y al Gobernador de Nariño, nuestro gobernador, quienes han manifestado su respaldo a dicha concentración. No participar es un grave error político.

La jornada del 4 de febrero surgió por iniciativa de algunos colombianos exasperados por la indignidad a que están sometidos los secuestrados por las FARC, como lo muestran las pruebas de supervivencia. Tal iniciativa ganó en pocos días gran audiencia nacional e internacional gracias a Internet. Y contó, en un segundo tiempo, con el apoyo de los medios de comunicación. A estas alturas, es cierto, esa iniciativa está siendo instrumentalizada por sectores de la derecha y extrema derecha para impulsar un mensaje de guerra contra las FARC y de apoyo a Uribe, al mismo tiempo que callan de manera deliberada los crímenes cometidos por los grupos narco-paramilitares con la complicidad de agentes del Estado colombiano.

Pero también es cierto que la sociedad colombiana rechaza la violencia de las guerrillas y que la movilización del próximo 4 de febrero, independientemente del sesgo que ha venido tomando, representa una respuesta de la ciudadanía contra el secuestro y puede constituirse en un medio de presión para que sus autores terminen con esa práctica inhumana e injustificable.

La decisión del Ejecutivo Nacional se basó en buena parte en el argumento de que si participamos en esa jornada, , que la derecha intenta manipular con un discurso guerrerista, correríamos el riesgo de jugar el papel de ‘idiotas útiles’ avalando con nuestra participación un discurso sectario, bélico y maniqueo al que justamente nos oponemos, además de que «ante la opinión pública se podrían desdibujar los principios y la imagen del Polo».

Las consecuencias serán otras. La no participación del Polo en la jornada del 4 de febrero será aprovechada por esa misma derecha para ‘mostrarle’ a la opinión pública que el Polo no acompaña a los colombianos en su rechazo al secuestro y que detrás de esta actitud se esconde un sentimiento de simpatía a las FARC.

El Comité Ejecutivo debe reflexionar. Está en juego nuestro liderazgo como partido de oposición. También afecta la unidad interna. El 19 de septiembre de 2007, en similares condiciones, supimos encontrar un compromiso entre las distintas tendencias presentes en el Ejecutivo Nacional y bancada en el Congreso.

En esa ocasión aprobamos por unanimidad un comunicado en el que, entre otros puntos, manifestamos una vez más nuestra oposición a la violencia, al terrorismo y a la guerra. Condenamos el homicidio de los once diputados del departamento del Valle y rechazamos la práctica del secuestro. Y reafirmamos nuestro apoyo a la solución política del conflicto armado.

De la misma manera, hoy podemos llegar a un acuerdo para participar como Polo en la concentración de la plaza de Bolívar de Bogotá. Pongamos sobre la mesa posibles consignas: No más violencia. No más secuestros. No más desapariciones forzadas. No más masacres. No más impunidad. No más guerra. Sí al Acuerdo Humanitario. Sí a la Solución Política Negociada.

Mauricio Trujillo Uribe *
Bogotá, 25 de enero de 2008

* Miembro de la Dirección Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo


Opinión que sólo compromete a su autor, de libre difusión, citando la fuente, el autor y publicando fiel copia de la misma

Publicada en http://www.polodemocratico.net/imperativo-participar-jornada-contra-secuestro

Foto: portal SDP Noticias

Alcances del trabajo internacional del Polo

El Polo Democrático Alternativo cuenta ya con colectivos en quince países al tiempo que ha ganado visibilidad y reconocimiento internacional. Hemos promovido básicamente tres áreas de trabajo: el desarrollo de una diplomacia ciudadana propositiva, el respaldo a las reivindicaciones de la diáspora colombiana y la búsqueda de cooperación internacional.

Mauricio Trujillo Uribe *
París, 15 de diciembre de 2007

El Polo Democrático Alternativo –PDA- se ha convertido en la principal fuerza de oposición política al Gobierno de Uribe. Ha ido creciendo en número de adherentes y ha ganado espacios locales y regionales, cívicos y de gobierno. Tiene propuestas para un país sumido en una crisis de múltiples dimensiones y cuenta con una bancada parlamentaria, un equipo dirigente y un líder, Carlos Gaviria. En el imaginario de muchos colombianos y colombianas, el Polo se ha ido convirtiendo en un referente político con opción de poder.

A su vez, el Polo ha ganado visibilidad y reconocimiento internacional, se ha ido organizando en el exterior con la participación de numerosos compatriotas residentes en más de quince países y se ha posicionado como un interlocutor político frente a la comunidad internacional. Algunas expresiones de su actividad internacional han sido las siguientes:

  • El cabildeo desarrollado ante los congresistas demócratas de Estados Unidos por parte de dirigentes del partido y de comités solidarios, para explicar las razones de la oposición del Polo y de amplios sectores sociales y sindicales al Tratado de Libre Comercio con ese país.
  • Los recientes encuentros del alcalde electo de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, con los alcaldes de París y de Roma, durante los cuales se abrieron puertas para una posible cooperación en temas de renovación urbana y movilidad, entre otros.
  • La jornada internacional en favor del intercambio humanitario, realizada por los colectivos del Polo en el exterior y por asociaciones solidarias, frente a los consulados y embajadas de Colombia en cerca de veinte países, el pasado 10 de diciembre, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Debe destacarse que el primer Congreso Nacional del PDA, celebrado a finales de 2006, aprobó el desarrollo de un Proyecto Estratégico Internacional y la creación de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales, CARI. En el breve tiempo transcurrido desde entonces, se han conformado quince colectivos del Polo en Latinoamérica, Europa y América del Norte.

Tres áreas de trabajo internacional
El Polo tiene mucho por hacer en el plano internacional. Hemos promovido básicamente tres áreas de trabajo: la primera, el desarrollo de una diplomacia ciudadana propositiva, basada en una labor de cabildeo y de relaciones internacionales ante ministerios, parlamentos, universidades, partidos, personalidades, medios de comunicación y organizaciones civiles. La segunda está orientada a respaldar los derechos y reivindicaciones de la diáspora colombiana. La tercera se encamina a la búsqueda de cooperación internacional.

Diplomacia ciudadana
Hemos planteado y difundido ampliamente la visión del Polo frente al gobierno regresivo de Uribe Vélez y sobre diversos temas sensibles. Entre ellos se destacan la Ley de Justicia y Paz, cuya aplicación no ha logrado verdad y reparación para la mayoría de las víctimas; el escándalo de la parapolítica, con todas sus implicaciones; el respaldo a las gestiones que faciliten el intercambio humanitario, con el objeto de ponerle fin al calvario de los secuestrados, y el llamamiento a los gobiernos de Colombia y de Venezuela para que le bajen el tono a sus pronunciamientos y las relaciones no continúen deteriorándose.

Asimismo, hemos insistido en la necesidad de darle una solución política negociada al conflicto armado, cuya existencia el Alto Gobierno insiste en negar, y nos hemos opuesto al desarrollo de la fase II del Plan Colombia que el Gobierno Nacional presentó a comienzos de 2007, con miras a obtener el apoyo político y la cooperación internacional de países influyentes y de la banca multilateral.

Durante este último año, hemos venido participando en diversos espacios internacionales, como el Parlamento Europeo, el Foro de Sao Paulo, la Internacional Socialista, la Taula Catalana, la Plenaria Internacional por la Paz y el Foro Social de Quebec. Hemos resaltado el carácter del Polo como un partido de izquierda democrática, que considera que el gran reto de los colombianos es alcanzar sin violencia la democracia política y los cambios requeridos por el país.

Por ello, hemos expresado nuestro convencimiento de que en el contexto nacional y regional actual, el conflicto social y económico y las causas estructurales de injusticia y subdesarrollo que vive nuestro país deben y pueden resolverse sólo por canales políticos y democráticos, en el marco del Estado social de derecho, consagrado en la Constitución de 1991.

Otro ejemplo de la labor en el plano internacional ha sido nuestro aporte a la discusión sobre las negociaciones entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones, tendientes a suscribir un acuerdo bilateral. Hemos planteado la necesidad de reformular la ‘Cláusula Democrática’ del Acuerdo de Asociación para la defensa y protección de los Derechos Humanos, mediante la creación de un mecanismo de promoción y monitoreo, el impulso a un diálogo político multilateral sobre nuevas estrategias en materia de lucha contra las drogas ilegales y la incorporación de un programa marco de cooperación para el desarrollo de la región.

Con la diáspora de compatriotas en el exterior
Según cifras oficiales, hay cerca de cuatro millones de colombianos en el exterior, muchos de los cuales viven situaciones de discriminación y desarraigo. Esta cifra, que corresponde al 10 por ciento de la población del país, merece la atención de un partido con sensibilidad social y profundo compromiso con la atención de las necesidades básicas de todos los sectores de la población.

El trabajo de los colectivos del PDA en el exterior ha permitido darle fundamento a varias propuestas, entre ellas el Estatuto y el Banco del Emigrante. El primero es un proyecto de ley que se presentará al Congreso e incluye: la creación de ‘veedurías ciudadanas’ como un mecanismo de apoyo y control de los servicios de los consulados; la ampliación de la circunscripción internacional parlamentaria, de acuerdo con el porcentaje de la población emigrante, que cuenta hoy apenas con una sola curul; y la constitución de un comité de asesoramiento interinstitucional para facilitar el retorno de los emigrantes.

La propuesta de crear un Banco del Emigrante parte de la realidad de que las remesas enviadas por los compatriotas que viven en el exterior a sus familias representan la segunda fuente de ingresos de divisas al país. Se propone una gestión alternativa de las remesas que permita bajar los costos de su envío y una intervención del Estado para que un porcentaje de los impuestos a las mismas se destine a inversión para el desarrollo de las regiones que las reciben. Se estudia la participación del Banco de la República en esta propuesta.

Otro tema adelantado por el Polo en el exterior ha sido su activa participación en la campaña electoral del 2006, invitando a la comunidad colombiana a brindar su apoyo al candidato presidencial del Polo, Carlos Gaviria, y a sus candidatos al Senado. En algunos países, como en Francia, se lograron muy buenos resultados.

La cooperación internacional
En cuanto a la cooperación internacional, se han logrado algunos acuerdos para apoyar proyectos de formación, intercambio y hermanamiento de ciudades. A comienzos del 2007 se firmó un con el Partido Socialista de Cataluña un acuerdo de capacitación en gestión de proyectos de desarrollo sostenible. Recientemente, el colectivo del Polo en Roma, junto con el Partido de Democracia de Izquierda de Italia, promovió una nutrida agenda de entrevistas del gobernador electo de Nariño, Antonio Navarro Wolff con distintas personalidades, en aras de lograr acuerdos de cooperación con diversas alcaldías de Nariño.

Cabe destacar igualmente el trabajo realizado por el Polo en el exterior en la búsqueda de la participación de la comunidad internacional en la Misión de Observación Internacional, conforme a los mecanismos establecidos por el Consejo Nacional Electoral, durante los comicios de octubre de 2007.

Como resultado de todas estas iniciativas se ha logrado el reconocimiento en el seno del partido de la importancia del trabajo internacional y del aporte de sus miembros en el exterior. Está claro que la definición y desarrollo de una agenda política internacional, constituye un eje fundamental del quehacer del Polo.

Mauricio Trujillo Uribe *
París, 15 de diciembre de 2007

* Miembro de la Dirección Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo. Miembro de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Polo.


Informe de libre difusión, citando la fuente, el autor y publicando fiel copia del mismo

Fuente: Página Web Polo Democrático Alternativo

Foto: Germán Guzmán N.

 

Paramilitarismo: a dos años de la Ley de Justicia y Paz

La desmovilización de los paramilitares, la entrega de sus estructuras de poder y su reincorporación a la vida civil, constituyen pasos indispensables hacia la paz. Al mismo tiempo, se deben garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, como condición esencial para que haya reconciliación y el proceso de paz marche sobre bases sólidas.

Mauricio Trujillo Uribe *
La Haya, 24 de octubre de 2007

El camino hacia la paz en nuestro país es complejo, son muchos los factores que intervienen, hay todavía gran polarización de los espíritus y los sentimientos de rencor y venganza siguen latentes en muchos colombianos envueltos en el conflicto.

En relación al paramilitarismo, según la publicación del CINEP, “Deuda con la Humanidad período 1988–2002”, son imputables a los paramilitares 19.000 crímenes de lesa humanidad (homicidio y desaparición) en los últimos 20 años. De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas, entre 2002 y 2006, los grupos paramilitares son los principales responsables de más de 11.000 personas registradas como asesinadas o desaparecidas por motivos políticos, por fuera de combate. Existen cerca de 4.000 fosas comunes, señala el Procurador General de la Nación, y alrededor de 3.500.000 personas han sido desplazadas por la fuerza, a muchas de las cuales les usurparon sus tierras.

Sin embargo, creemos que si es posible el desmonte del paramilitarismo en el país. La desmovilización de los paramilitares, la entrega de sus estructuras de poder y su reincorporación a la vida civil, constituyen pasos indispensables para avanzar hacia la paz. Al mismo tiempo, se deben garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, como condición esencial para que haya reconciliación y el proceso de paz marche sobre bases sólidas.

Según fuentes oficiales, a comienzos del 2002 las estructuras paramilitares contaban con cerca de 30.000 miembros, para los cuales el gobierno de Uribe Vélez promueve desde hace dos años un proceso de desmovilización, desarme y reincorporación, mediante dos leyes: la primera, la Ley 975 de 2005, denominada Ley de Justicia y Paz, destinada a paramilitares incursos en delitos de lesa humanidad, responsables de crímenes atroces. La segunda, la Ley 782 de 2002, modificó las reglas para la negociación con organizaciones armadas ilegales y está orientada al tratamiento de la base de los grupos paramilitares.

Desde muchos sectores de la sociedad colombiana hay oposición a las condiciones y términos en que el alto gobierno viene adelantando este proceso. Las críticas se refieren principalmente al hecho de que las penas previstas en dicha ley no son proporcionales a los crímenes de lesa humanidad que se le imputan a muchos paramilitares que se han acogido a la ley de Justicia y Paz. Ésta establece 8 años de cárcel máximo. También, porque el Gobierno no ha buscado un consenso nacional básico sobre el tratamiento del problema paramilitar.

De cualquier manera, no es viable ni factible que los grupos paramilitares se desmovilicen voluntariamente, se sometan a la justicia y desmonten su poder ilegal, si se les aplican las leyes penales ordinarias, pues en tal caso muchos de ellos tendrían que pagar penas de prisión de 40 y más años. Allí la justicia transicional encuentra toda su razón de ser.

A su vez, gracias a las acciones de tutela y los fallos de la Corte Suprema de Justicia, la versión inicial de la ley de Justicia y Paz presentada por el presidente Uribe y aprobada por las mayorías en el Congreso, tuvo ciertos cambios significativos: se negó la calificación de delincuentes políticos a los paramilitares; se les exige declarar la verdad so pena de perder los beneficios de la ley; y deben reparar a las víctimas con sus propios patrimonios.

Lamentablemente, dos años después de aprobada la ley de Justicia y Paz los resultados son pírricos, hasta el momento apenas han sido tratados 54 expedientes sobre 3.000 de los paramilitares que se acogieron. Hay alrededor de 60.000 peticiones por parte de las víctimas, pero en las audiencias el número de victimas presentes es mínimo por falta de garantías y por la complejidad de los requisitos exigidos para ser calificadas como víctimas. La Fiscalía General de la Nación lleva las investigaciones de cerca de 25.000 expedientes y no dispone de los recursos humanos y materiales suficientes para cumplir sus funciones en tiempo útil y se estima que a ese ritmo necesitará más de 50 años para hacer ‘justicia’.

La planificación por parte del Gobierno de este proceso de desmovilización de los paramilitares fue negligente, si nos atenemos a las declaraciones de Mancuso y otros líderes de las Autodefensas Unidas Campesinas: nunca se verificó la situación de 550 personas registradas como ‘secuestradas’ por las autodefensas, ni se inquirió por los desaparecidos, ni se hizo entrega especial de los niños reclutados por esos grupos, ni se preparó bien el apoyo que se les daría a las comunidades en las zonas de conflicto.

Los jefes paramilitares han dejado la impresión de declarar en sus versiones libres sólo una parte muy pequeña de la verdad y sin arrepentimiento. Se ha facilitado que cuadren y amañen sus declaraciones, no obstante que conocer lo sucedido, ‘la verdad histórica’, es uno de los pilares fundamentales de un proceso exitoso de desmovilización y reconciliación, o al menos de convivencia mínima entre las partes.

Subsiste en el país un ambiente de suspicacia en el sentido de que algunos líderes paramilitares desmovilizados siguen manejando desde la cárcel actividades ilícitas incluyendo las de narcotráfico y continúan ejerciendo un cierto control social, económico y de intimidación en sus regiones. Así las cosas, el Gobierno se dispone a extraditar a Estados Unidos, por cargos de narcotráfico, a dos importantes jefes paramilitares: alias “Macaco” y alias “Don Berna”. Al parecer, durante los cinco años que han transcurrido desde que inició sus negociaciones con los paramilitares, estos jefes han continuado delinquiendo.

Numerosas víctimas que han declarado judicialmente en contra de los paramilitares han sido amenazadas y 19 de ellas han sido asesinadas: Yolanda Izquierdo (31 de enero de 2007), Carmen Cecilia Santana (7 de febrero de 2007, Osiris Jacqueline Amaya (14 de marzo de 2007) y Judith Vergara (23 de abril de 2007), entre otras. No hay pronunciamientos del alto gobierno ni investigaciones que demuestren cuáles son los responsables de las agresiones a las víctimas, generando sentimientos de desconfianza, vulnerabilidad, desesperanza y poca credibilidad respecto de la capacidad protectora del Estado.

El presupuesto oficial para los programas de atención a las víctimas es mínimo y el Gobierno no actúa con diligencia y determinación para garantizar que los jefes y mandos medios paramilitares devuelvan las miles de hectáreas de tierras arrebatadas y reparen con sus propios bienes ilícitos a las víctimas. Tampoco para garantizar el pronto retorno de las comunidades que fueron expulsadas o desplazadas.

El proceso de desmovilización paramilitar emprendido entre 2003 y 2005, si bien desactivó importantes estructuras y muchos de sus miembros se vincularon al Programa de Reincorporación, nuevos grupos ilegales reciclados aparecen, mantienen relación directa con el narcotráfico, amenazan y ejecutan homicidios y otros ataques contra la población civil y organizaciones sociales, de la misma forma que el paramilitarismo. Los grupos paramilitares que se desarmaron en Colombia mantienen sus «estructuras políticas y económicas», afirmó hace poco en Bogotá la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la canadiense Louise Arbour.

El Gobierno dejó en libertad a cerca de 30.000 supuestos paramilitares a quienes concedió una amnistía de facto con el argumento de que no tenían procesos judiciales en su contra antes de la desmovilización. Pero la Corte Suprema de Justicia, en decisión reciente, 11 de julio de 2007, declaró que eso era violatorio de la Constitución, que solamente se autorizan amnistías o indultos para delitos políticos, y el paramilitarismo no es un delito político, sino un crimen de concierto para delinquir agravado. Por ello, el Gobierno ha presentado con carácter urgente un proyecto de ley para darles una salida y evitar la inseguridad jurídica.

Esa misma Corte ha abierto procesos judiciales a más de 20 congresistas y son más de 100 los funcionarios de alto nivel judicializados por presuntos nexos con el paramilitarismo. En su pronunciamiento descalificando a la Corte Suprema, Uribe Vélez critica las decisiones judiciales ajustadas al ordenamiento legal y constitucional del país.

En este contexto, acudimos a la comunidad europea para que los recursos de cooperación internacional con Colombia sean destinados en mayor parte a las necesidades y desarrollo de las comunidades víctimas del conflicto armado. Para que inste al gobierno a tomar medidas efectivas para proteger a las víctimas que se aprestan a presentar sus denuncias. Para que suscite el interés de la Corte Penal Internacional sobre Colombia.

Esperamos que los paramilitares que se han acogido a la ley de Justicia y Paz, le juegan limpio al pueblo colombiano, declarando la verdad, reparando a las víctimas y desmontando su poder ilegal. Entonces podremos decir que esa ley le sirve a la democracia, a la sociedad y al país.

Mauricio Trujillo Uribe *
La Haya, 24 de octubre de 2007

* Miembro de la Dirección Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo. Miembro de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Polo.


Texto que sólo compromete a su autor, de libre difusión, citando la fuente, el autor y publicando fiel copia del mismo

Fuente: Conferencia dictada en La Haya, Holanda

Foto: portal Paz con Justicia Social

El Polo responsabiliza a las FARC del asesinato de los diputados del Valle

Después de casi diez horas de fuerte discusión entre quienes abogábamos por una condena expresa y sin ambigüedades del accionar violento de las FARC y de su responsabilidad en el asesinato de los Diputados del Valle, y quienes tenían matices frente a esta posición e insistían en poner el énfasis en el carácter represivo y violento del gobierno de Uribe, el Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo y la bancada parlamentaria del partido, expidieron, por unanimidad, este jueves, una declaración pública en la que ratificamos la unidad del partido, la condena a todo acto violento o terrorista, y se aboga, una vez más, por el acuerdo humanitario y la salida política al conflicto armado en Colombia.


DECLARACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y LA BANCADA PARLAMENTARIA DEL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

20 de septiembre de 2007

El Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo, reunido en Bogotá el día 19 de septiembre expide, por unanimidad, la siguiente declaración:

  1. El POLO es un partido pluralista, democrático y civilista en el cual conviven diversas tendencias unificadas en el acatamiento al Ideario de Unidad, los estatutos y los demás documentos programáticos que enmarcan su acción en el Estado Social de Derecho, y que rechazan el uso de las armas para acceder al poder o como instrumento de acción política para buscar beneficios en alianza con el narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo. Reafirmamos la unidad del POLO como un partido con opción de poder. Existen bases sólidas ideológicas, políticas y organizativas que garantizan su unidad. El presidente Doctor Carlos Gaviria es garantía de esta unidad y símbolo ante el país, de nuestro compromiso con la institucionalidad democrática.
  2. Respecto de la utilización de formas violentas de acción con propósitos electorales lo único que no puede ocultarse ante el país y el mundo es el hecho judicialmente probado de que la elección del Presidente Uribe, y sus amigos en el Congreso, estuvo acompañado de apoyos del paramilitarismo.
  3. De igual manera, es parte del ideario político del POLO el rechazo de los métodos utilizados por distintos protagonistas de la confrontación en el conflicto armado interno tipificados como infracciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario, crímenes de guerra o de lesa humanidad. El POLO condena todas estas prácticas atroces, así como la toma de rehenes, reclutamiento de menores, actos de violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, retenciones arbitrarias, torturas, uso de armas y explosivos de acción indiscriminada, ataques a bienes e infraestructura, servicios públicos, a la población civil y todo acto de terrorismo.
  4. Nos oponemos una vez más a la violencia, al terrorismo y a la guerra. Reafirmamos nuestro apoyo a la solución política del conflicto armado. Condenamos el homicidio de los once diputados del departamento del Valle. Señalamos la responsabilidad de sus captores, las FARC, en su trágico final. Rechazamos la práctica del secuestro, exigimos la libertad de todos los cautivos y presos políticos, y respaldamos las iniciativas de la comunidad internacional y de Jefes de Estado por el intercambio humanitario y el cese de la violencia y de la guerra.
  5. No aceptamos y condenamos las declaraciones hechas por miembros de las FARC en contra de Gustavo Petro, María Emma Mejía, Luis Eduardo Garzón y Antonio Navarro y otros dirigentes del POLO, así como los señalamientos del jefe del Estado y otros funcionarios contra los integrantes y líderes de nuestro partido como “guerrilleros de civil”; y las amenazas a candidatos y candidatas de nuestro partido y de otros partidos, por parte de cualquiera de los actores armados ilegales y cuerpos de seguridad del Estado, a quienes les exigimos el respeto y la no interferencia en el proceso electoral que se avecina. De la misma manera, rechazamos el montaje y las acusaciones falsas y temerarias contra el Senador del POLO Alexander López, hechas por un integrante activo de grupos paramilitares, preso en la cárcel de Palmira.
  6. El POLO ratifica la condena a las políticas antidemocráticas, guerreristas y antipopulares del presidente Álvaro Uribe, porque ellas son contrarias a los intereses económicos sociales y políticos de los colombianos y al programa del POLO.
  7. El Comité Ejecutivo Nacional llama a toda su militancia a redoblar esfuerzos en la campaña electoral en curso, ganar la adhesión de la ciudadanía a nuestros candidatos propios o de alianzas con base en acuerdos programáticos, así como el apoyo decidido a la candidatura del Doctor Samuel Moreno Rojas, próximo Alcalde de Bogotá.

Comité Ejecutivo Nacional y la bancada parlamentaria del PDA


Texto de libre difusión, citando la fuente, autoría y publicando fiel copia del mismo

Fuente: Declaración publicada en varios medios de comunicación del país

Foto: www.vanguardia.com – Imágenes Google

Pasos favorables hacia la solución política del conflicto armado

La ley de Justicia y Paz para los paramilitares, el intercambio humanitario entre miembros de la Fuerza Pública retenidos por las FARC y miembros de esta guerrilla presos en las cárceles del país, y la liberación incondicional de todos los civiles secuestrados por las FARC, son pasos favorables hacia la solución política del conflicto armado.

Mauricio Trujillo Uribe *
Bogotá, 8 de septiembre de 2007

Para las próximas elecciones de octubre 2007, y en su propósito de llegar a ser gobierno en el 2010, el Polo debe suscitar la adhesión ciudadana a su proyecto político de izquierda democrática.

Reconocemos la existencia del conflicto armado interno en Colombia, decimos que éste tiene causas agrarias, sociales, políticas y culturales. Ello implica el reconocimiento del carácter político de la insurgencia, las FARC y el ELN, a pesar de la inmensa distorsión y terrible degradación que conllevan el secuestro y narcotráfico.

El Polo debe declarar en voz alta, en tiempo útil y cuantas veces sea necesario, su rechazo al uso de las armas con fines políticos y su condena a la violación de los derechos humanos y del derecho humanitario, venga de donde venga, del paramilitarismo, de agentes del Estado o de la guerrilla. Ello será determinante para conseguir la confianza ciudadana.

De otro lado, entendemos que las penas previstas en la ‘Ley de Justicia y Paz’, de 4 a 8 años de detención, no son proporcionales a los crímenes de lesa humanidad que se le imputan a muchos paramilitares que se han acogido a ella. Sin embargo, si se aplicase a éstos todo el rigor de las leyes penales ordinarias, tendrían que pagar penas de prisión de 40 años y más. No sería entonces factible que los paramilitares voluntariamente se desmovilicen, se sometan a la justicia y desmonten su poder ilegal. Allí la justicia transicional encuentra su razón de ser, y el Polo debe apoyarla.

Téngase en cuenta además que, gracias a las acciones de tutela y a los fallos de la Corte Suprema de Justicia, la versión inicial de dicha ley presentada por el gobierno de Uribe y aprobada por las mayorías en el Congreso, tuvo algunos cambios significativos: se negó la calificación de delincuentes políticos a los paramilitares; se les exige declarar la verdad so pena de perder los beneficios de la ley; y deben reparar a las víctimas con sus propios patrimonios.

Si los paramilitares le juegan limpio a ley de Justicia y Paz, entonces podrá decirse que esta ley servirá al final de cuentas a la solución del conflicto armado. Lo malo es que dos años después de aprobada, los resultados son pírricos. Los mecanismos y recursos para la debida aplicación de esta ley son notoriamente insuficientes y la indolencia del Gobierno de Uribe para introducir correctivos a la ley es evidente.

El intercambio humanitario es también un paso favorable en el camino hacia la solución política del conflicto armado. Debe obedecer a razones humanitarias, y no a cálculos políticos y militares de las dos partes, el Gobierno y la guerrilla. Es conveniente el intercambio humanitario de los miembros de la Fuerza Pública retenidos por la guerrilla y de los rebeldes presos en las cárceles del Estado.

Al mismo tiempo, debemos exigir la libertad incondicional e inmediata de todos los civiles en manos de la guerrilla, tanto los secuestrados ‘políticos’ como los secuestrados con fines extorsivos, y que cese esta práctica cruel e inhumana.

El Polo debe públicamente tomar distancia rotunda, total, sin ningún resquicio, frente a la insurgencia, como lo hizo frente al paramilitarismo, si quiere ganar las simpatías y el corazón de la mayoría de los colombianos.

Mauricio Trujillo Uribe *
Bogotá, 8 de septiembre de 2007

* Miembro de la Dirección Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo


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Fuente: Página Web Polo Democrático Alternativo

Foto: portal Question