La ley de Justicia y Paz para los paramilitares, el intercambio humanitario entre miembros de la Fuerza Pública retenidos por las FARC y miembros de esta guerrilla presos en las cárceles del país, y la liberación incondicional de todos los civiles secuestrados por las FARC, son pasos favorables hacia la solución política del conflicto armado.
Mauricio Trujillo Uribe *
Bogotá, 8 de septiembre de 2007
Para las próximas elecciones de octubre 2007, y en su propósito de llegar a ser gobierno en el 2010, el Polo debe suscitar la adhesión ciudadana a su proyecto político de izquierda democrática.
Reconocemos la existencia del conflicto armado interno en Colombia, decimos que éste tiene causas agrarias, sociales, políticas y culturales. Ello implica el reconocimiento del carácter político de la insurgencia, las FARC y el ELN, a pesar de la inmensa distorsión y terrible degradación que conllevan el secuestro y narcotráfico.
El Polo debe declarar en voz alta, en tiempo útil y cuantas veces sea necesario, su rechazo al uso de las armas con fines políticos y su condena a la violación de los derechos humanos y del derecho humanitario, venga de donde venga, del paramilitarismo, de agentes del Estado o de la guerrilla. Ello será determinante para conseguir la confianza ciudadana.
De otro lado, entendemos que las penas previstas en la ‘Ley de Justicia y Paz’, de 4 a 8 años de detención, no son proporcionales a los crímenes de lesa humanidad que se le imputan a muchos paramilitares que se han acogido a ella. Sin embargo, si se aplicase a éstos todo el rigor de las leyes penales ordinarias, tendrían que pagar penas de prisión de 40 años y más. No sería entonces factible que los paramilitares voluntariamente se desmovilicen, se sometan a la justicia y desmonten su poder ilegal. Allí la justicia transicional encuentra su razón de ser, y el Polo debe apoyarla.
Téngase en cuenta además que, gracias a las acciones de tutela y a los fallos de la Corte Suprema de Justicia, la versión inicial de dicha ley presentada por el gobierno de Uribe y aprobada por las mayorías en el Congreso, tuvo algunos cambios significativos: se negó la calificación de delincuentes políticos a los paramilitares; se les exige declarar la verdad so pena de perder los beneficios de la ley; y deben reparar a las víctimas con sus propios patrimonios.
Si los paramilitares le juegan limpio a ley de Justicia y Paz, entonces podrá decirse que esta ley servirá al final de cuentas a la solución del conflicto armado. Lo malo es que dos años después de aprobada, los resultados son pírricos. Los mecanismos y recursos para la debida aplicación de esta ley son notoriamente insuficientes y la indolencia del Gobierno de Uribe para introducir correctivos a la ley es evidente.
El intercambio humanitario es también un paso favorable en el camino hacia la solución política del conflicto armado. Debe obedecer a razones humanitarias, y no a cálculos políticos y militares de las dos partes, el Gobierno y la guerrilla. Es conveniente el intercambio humanitario de los miembros de la Fuerza Pública retenidos por la guerrilla y de los rebeldes presos en las cárceles del Estado.
Al mismo tiempo, debemos exigir la libertad incondicional e inmediata de todos los civiles en manos de la guerrilla, tanto los secuestrados ‘políticos’ como los secuestrados con fines extorsivos, y que cese esta práctica cruel e inhumana.
El Polo debe públicamente tomar distancia rotunda, total, sin ningún resquicio, frente a la insurgencia, como lo hizo frente al paramilitarismo, si quiere ganar las simpatías y el corazón de la mayoría de los colombianos.
Mauricio Trujillo Uribe *
Bogotá, 8 de septiembre de 2007
* Miembro de la Dirección Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo
Opinión que sólo compromete a su autor, de libre difusión, citando la fuente, el autor y publicando fiel copia de la misma
Fuente: Página Web Polo Democrático Alternativo
Foto: portal Question
