Por Mauricio Trujillo Uribe*
04 de junio de 2023
Un cambio inédito se produjo en Colombia en el 2022, cuando Gustavo Petro y Francia Márquez fueron electos presidente y vicepresidente, con 50.4% de los votos. Un cambio que también se reflejó en el nuevo Congreso: los partidos de izquierda y alternativos lograron una representación sin precedentes con cerca de 38% de las curules del Senado y 33% de la Cámara de Representantes.
Por primera vez en la historia del país un candidato de izquierda, además exguerrillero, acompañado por una lideresa afro-descendiente representativa de sectores excluidos, llegaba a la presidencia con un programa de gobierno alternativo e innovador que incluye un conjunto de reformas económicas, sociales, ambientales y políticas de fondo.
Sin embargo, no es la primera vez que Colombia pasa por períodos de transición democrática liderados por gobiernos progresistas o como resultado de consensos nacionales que significaron un quiebre importante con el pasado y un salto adelante en el avance reformista del país. Cambios que han obedecido principalmente a acuerdos políticos y arreglos institucionales definidos y controlados por sectores reformistas de las élites tradicionales en el poder, motivados por las nuevas realidades de la economía nacional, la administración pública y el contexto internacional, o presionados por las demandas y luchas sociales por derechos y mejores condiciones de vida, entre otros factores.
Uno de los primeros momentos de cambio democrático y reforma social tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX con el gobierno del caudillo liberal radical Manuel Murillo Toro. Pero es bajo la presidencia de Alfonso López Pumarejo, de 1934 a 1938, que podemos hablar propiamente de un gobierno de transición democrática, conocido como “La Revolución en Marcha”.
Recordemos que el país había vivido más de 40 años bajo la “Hegemonía conservadora”, un régimen oscurantista y clerical que en 1930 dio paso a “La Republica Liberal” cuando Olaya Herrera ganó las elecciones. López propuso una reforma agraria que redistribuía la tierra, una reforma tributaria que gravaba el patrimonio y las utilidades, una reforma laboral que consagraba el derecho a la huelga y una reforma de la educación que le quitaba a la iglesia su tenaza sobre la misma. Quiso sentar las bases de un Estado social de derecho en donde la propiedad privada tuviera también una función social.
Banderas de cambio que en buena parte el movimiento socialista de los años 20 había levantado, pero que López entendía, bajo su mirada liberal, debían realizarse en el marco del sistema capitalista vigente. Al respecto, el presidente Petro ha insistido en que su programa de gobierno retoma el espíritu de las reformas de López, las cuales fueron aprobadas parcialmente por el Congreso de la República, pues los grupos de poder afectados en sus intereses cerraron filas para oponerse, y las pocas medidas que lograron concretarse fueron en gran parte reversadas en gobiernos posteriores.
Este capítulo de la historia nacional nos aproxima a un primer concepto sobre los gobiernos de transición democrática: aquellos que en el marco del mismo sistema político promueven transformaciones de orientación democrática y progresista que imprimen al país un antes y un después. Un cambio que se lleva a cabo a través de medios pacíficos, legales, institucionales y de participación ciudadana. Desde luego, estos procesos no están exentos de agudos enfrentamientos con los defensores del “estatus quo”, pero son menos traumáticos para la sociedad.
Un segundo período de transición democrática nos lleva al pacto del Frente Nacional acordado por las cúpulas de los partidos liberal y conservador, que garantizó a las dos colectividades el monopolio del Estado por cuatro períodos presidenciales a partir de 1958: alternancia de la presidencia y repartición equitativa de ministerios y altos cargos del poder ejecutivo, gobernaciones y alcaldías, Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales.
Aunque no puede decirse que los gobiernos del Frente Nacional fueron de transición democrática (no obstante algunos avances en el gobierno de Carlos Lleras y en otros), este consenso bipartidista permitió encontrar una solución política al conflicto liberal-conservador, llamado “La Violencia”, entre 1946 y 1958, según el informe final de la Comisión de la Verdad, que dejó cerca de 400 mil muertos y un incontable número de víctimas (en su mayoría, de filiación gaitanista).
De otra parte, este pacto sirvió de fórmula de entendimiento para propiciar la caída del general Rojas Pinilla, quien había dado un golpe militar en 1953. El fin del régimen de Rojas estuvo a cargo de una Junta de Gobierno Militar que gobernó entre 1957 y 1958, ofreció una amnistía a las autodefensas y guerrillas, y organizó un plebiscito para refrendar el acuerdo del Frente Nacional.
El consenso alcanzado mediante la fórmula del Frente Nacional representó un período de transición democrática en la medida en que liberales y conservadores dejaron de excluirse, agredirse y matarse, para pasar a una etapa de convivencia política y co-gobernanza. A su vez, el episodio de la Junta de Gobierno Militar nos acerca a un segundo concepto sobre los gobiernos de transición democrática: aquellos gobiernos-puente entre un régimen autocrático, dictatorial o autoritario saliente, y un régimen de formas democráticas entrante: sus actores y socios acuerdan las reglas jurídico-políticas del nuevo sistema con miras a la estabilización política y la democratización del país, como lo explica Samuel Huntington en su libro “El Orden Político de las Sociedades en Cambio”.
El Frente Nacional excluyó del juego político institucional a todos los sectores que no fuesen de color liberal o conservador, cerrando las puertas a otros partidos alternativos (léase, de izquierda), lo cual creó un caldo de cultivo que contribuyó al surgimiento de los movimientos guerrilleros en los años 60 y 70. Por si fuera poco, este pacto de derecho se convirtió en un pacto de hecho, prolongándose en la práctica hasta 1991, cuando fue promulgada la actual Constitución.
La Constitución de 1991 significó un tránsito sin precedentes hacia una sociedad más democrática, incluyente y respetuosa de los derechos humanos. Fue la primera en la historia del país fruto de un consenso nacional: su redacción estuvo a cargo de una Asamblea Nacional Constituyente de setenta miembros elegidos por voto popular en los que había abogados, representantes de minorías étnicas y religiosas, dirigentes sindicales y economistas, entre otros perfiles, representando a los partidos tradicionales y diferentes movimientos sociales y políticos, incluyendo los grupos guerrilleros desmovilizados que participaron en los diálogos de paz a finales de los 80 y comienzos de los 90.
Treinta y dos años después, los caminos de la transición democrática confluyen en el gobierno de Gustavo Petro bajo el lema “Colombia Potencia Mundial de la Vida”: su mandato representa el acumulado histórico de cien años de luchas de los inconformes. El cierre de la brecha social, la búsqueda de la paz y la protección ambiental, son los ejes esenciales de su agenda transformadora.
Vista en la escala de la historia de la república, la consolidación de la democracia en Colombia es un proceso intermitente que no ha dejado de avanzar, la participación ciudadana es y será la palanca decisiva del cambio.
* Blog: www.agoradeldomingo.com Twitter: @maurotrujillo21
