La desmovilización de los paramilitares, la entrega de sus estructuras de poder y su reincorporación a la vida civil, constituyen pasos indispensables hacia la paz. Al mismo tiempo, se deben garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, como condición esencial para que haya reconciliación y el proceso de paz marche sobre bases sólidas.
Mauricio Trujillo Uribe *
La Haya, 24 de octubre de 2007
El camino hacia la paz en nuestro país es complejo, son muchos los factores que intervienen, hay todavía gran polarización de los espíritus y los sentimientos de rencor y venganza siguen latentes en muchos colombianos envueltos en el conflicto.
En relación al paramilitarismo, según la publicación del CINEP, “Deuda con la Humanidad período 1988–2002”, son imputables a los paramilitares 19.000 crímenes de lesa humanidad (homicidio y desaparición) en los últimos 20 años. De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas, entre 2002 y 2006, los grupos paramilitares son los principales responsables de más de 11.000 personas registradas como asesinadas o desaparecidas por motivos políticos, por fuera de combate. Existen cerca de 4.000 fosas comunes, señala el Procurador General de la Nación, y alrededor de 3.500.000 personas han sido desplazadas por la fuerza, a muchas de las cuales les usurparon sus tierras.
Sin embargo, creemos que si es posible el desmonte del paramilitarismo en el país. La desmovilización de los paramilitares, la entrega de sus estructuras de poder y su reincorporación a la vida civil, constituyen pasos indispensables para avanzar hacia la paz. Al mismo tiempo, se deben garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, como condición esencial para que haya reconciliación y el proceso de paz marche sobre bases sólidas.
Según fuentes oficiales, a comienzos del 2002 las estructuras paramilitares contaban con cerca de 30.000 miembros, para los cuales el gobierno de Uribe Vélez promueve desde hace dos años un proceso de desmovilización, desarme y reincorporación, mediante dos leyes: la primera, la Ley 975 de 2005, denominada Ley de Justicia y Paz, destinada a paramilitares incursos en delitos de lesa humanidad, responsables de crímenes atroces. La segunda, la Ley 782 de 2002, modificó las reglas para la negociación con organizaciones armadas ilegales y está orientada al tratamiento de la base de los grupos paramilitares.
Desde muchos sectores de la sociedad colombiana hay oposición a las condiciones y términos en que el alto gobierno viene adelantando este proceso. Las críticas se refieren principalmente al hecho de que las penas previstas en dicha ley no son proporcionales a los crímenes de lesa humanidad que se le imputan a muchos paramilitares que se han acogido a la ley de Justicia y Paz. Ésta establece 8 años de cárcel máximo. También, porque el Gobierno no ha buscado un consenso nacional básico sobre el tratamiento del problema paramilitar.
De cualquier manera, no es viable ni factible que los grupos paramilitares se desmovilicen voluntariamente, se sometan a la justicia y desmonten su poder ilegal, si se les aplican las leyes penales ordinarias, pues en tal caso muchos de ellos tendrían que pagar penas de prisión de 40 y más años. Allí la justicia transicional encuentra toda su razón de ser.
A su vez, gracias a las acciones de tutela y los fallos de la Corte Suprema de Justicia, la versión inicial de la ley de Justicia y Paz presentada por el presidente Uribe y aprobada por las mayorías en el Congreso, tuvo ciertos cambios significativos: se negó la calificación de delincuentes políticos a los paramilitares; se les exige declarar la verdad so pena de perder los beneficios de la ley; y deben reparar a las víctimas con sus propios patrimonios.
Lamentablemente, dos años después de aprobada la ley de Justicia y Paz los resultados son pírricos, hasta el momento apenas han sido tratados 54 expedientes sobre 3.000 de los paramilitares que se acogieron. Hay alrededor de 60.000 peticiones por parte de las víctimas, pero en las audiencias el número de victimas presentes es mínimo por falta de garantías y por la complejidad de los requisitos exigidos para ser calificadas como víctimas. La Fiscalía General de la Nación lleva las investigaciones de cerca de 25.000 expedientes y no dispone de los recursos humanos y materiales suficientes para cumplir sus funciones en tiempo útil y se estima que a ese ritmo necesitará más de 50 años para hacer ‘justicia’.
La planificación por parte del Gobierno de este proceso de desmovilización de los paramilitares fue negligente, si nos atenemos a las declaraciones de Mancuso y otros líderes de las Autodefensas Unidas Campesinas: nunca se verificó la situación de 550 personas registradas como ‘secuestradas’ por las autodefensas, ni se inquirió por los desaparecidos, ni se hizo entrega especial de los niños reclutados por esos grupos, ni se preparó bien el apoyo que se les daría a las comunidades en las zonas de conflicto.
Los jefes paramilitares han dejado la impresión de declarar en sus versiones libres sólo una parte muy pequeña de la verdad y sin arrepentimiento. Se ha facilitado que cuadren y amañen sus declaraciones, no obstante que conocer lo sucedido, ‘la verdad histórica’, es uno de los pilares fundamentales de un proceso exitoso de desmovilización y reconciliación, o al menos de convivencia mínima entre las partes.
Subsiste en el país un ambiente de suspicacia en el sentido de que algunos líderes paramilitares desmovilizados siguen manejando desde la cárcel actividades ilícitas incluyendo las de narcotráfico y continúan ejerciendo un cierto control social, económico y de intimidación en sus regiones. Así las cosas, el Gobierno se dispone a extraditar a Estados Unidos, por cargos de narcotráfico, a dos importantes jefes paramilitares: alias “Macaco” y alias “Don Berna”. Al parecer, durante los cinco años que han transcurrido desde que inició sus negociaciones con los paramilitares, estos jefes han continuado delinquiendo.
Numerosas víctimas que han declarado judicialmente en contra de los paramilitares han sido amenazadas y 19 de ellas han sido asesinadas: Yolanda Izquierdo (31 de enero de 2007), Carmen Cecilia Santana (7 de febrero de 2007, Osiris Jacqueline Amaya (14 de marzo de 2007) y Judith Vergara (23 de abril de 2007), entre otras. No hay pronunciamientos del alto gobierno ni investigaciones que demuestren cuáles son los responsables de las agresiones a las víctimas, generando sentimientos de desconfianza, vulnerabilidad, desesperanza y poca credibilidad respecto de la capacidad protectora del Estado.
El presupuesto oficial para los programas de atención a las víctimas es mínimo y el Gobierno no actúa con diligencia y determinación para garantizar que los jefes y mandos medios paramilitares devuelvan las miles de hectáreas de tierras arrebatadas y reparen con sus propios bienes ilícitos a las víctimas. Tampoco para garantizar el pronto retorno de las comunidades que fueron expulsadas o desplazadas.
El proceso de desmovilización paramilitar emprendido entre 2003 y 2005, si bien desactivó importantes estructuras y muchos de sus miembros se vincularon al Programa de Reincorporación, nuevos grupos ilegales reciclados aparecen, mantienen relación directa con el narcotráfico, amenazan y ejecutan homicidios y otros ataques contra la población civil y organizaciones sociales, de la misma forma que el paramilitarismo. Los grupos paramilitares que se desarmaron en Colombia mantienen sus «estructuras políticas y económicas», afirmó hace poco en Bogotá la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la canadiense Louise Arbour.
El Gobierno dejó en libertad a cerca de 30.000 supuestos paramilitares a quienes concedió una amnistía de facto con el argumento de que no tenían procesos judiciales en su contra antes de la desmovilización. Pero la Corte Suprema de Justicia, en decisión reciente, 11 de julio de 2007, declaró que eso era violatorio de la Constitución, que solamente se autorizan amnistías o indultos para delitos políticos, y el paramilitarismo no es un delito político, sino un crimen de concierto para delinquir agravado. Por ello, el Gobierno ha presentado con carácter urgente un proyecto de ley para darles una salida y evitar la inseguridad jurídica.
Esa misma Corte ha abierto procesos judiciales a más de 20 congresistas y son más de 100 los funcionarios de alto nivel judicializados por presuntos nexos con el paramilitarismo. En su pronunciamiento descalificando a la Corte Suprema, Uribe Vélez critica las decisiones judiciales ajustadas al ordenamiento legal y constitucional del país.
En este contexto, acudimos a la comunidad europea para que los recursos de cooperación internacional con Colombia sean destinados en mayor parte a las necesidades y desarrollo de las comunidades víctimas del conflicto armado. Para que inste al gobierno a tomar medidas efectivas para proteger a las víctimas que se aprestan a presentar sus denuncias. Para que suscite el interés de la Corte Penal Internacional sobre Colombia.
Esperamos que los paramilitares que se han acogido a la ley de Justicia y Paz, le juegan limpio al pueblo colombiano, declarando la verdad, reparando a las víctimas y desmontando su poder ilegal. Entonces podremos decir que esa ley le sirve a la democracia, a la sociedad y al país.
Mauricio Trujillo Uribe *
La Haya, 24 de octubre de 2007
* Miembro de la Dirección Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo. Miembro de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Polo.
Texto que sólo compromete a su autor, de libre difusión, citando la fuente, el autor y publicando fiel copia del mismo
Fuente: Conferencia dictada en La Haya, Holanda
Foto: portal Paz con Justicia Social
