Autor: AdminAgora

Artículo tomado de REVISTA SUR – 28 de octubre 2019
https://www.sur.org.co/que-nos-dicen-las-elecciones-que-acaban-de-pasar

Los resultados de las elecciones territoriales que acaban de pasar en Colombia trajeron aires de renovación y arrojan luz sobre los procesos de cambio en curso. El nuevo mapa electoral muestra que el péndulo político del país está cambiando de dirección hacia el centro izquierda. Se abren grandes retos a los mandatarios alternativos e independientes electos, al tiempo que la construcción de una convergencia política amplia para las presidenciales del 2022 será la mejor opción para afianzar lo alcanzado en estos comicios y darle un nuevo rumbo al país.

Por  Mauricio Trujillo
Los resultados de las elecciones territoriales que acaban de pasar en Colombia trajeron aires de renovación del panorama político nacional. El número de gobernadores y alcaldes electos que se presentaron como candidatos alternativos o independientes, no había sido antes tan importante y significativo como ahora. Llama también la atención el número de alianzas electorales amplias y diversas que se conformaron, representando una variada paleta de intereses y de nuevas ciudadanías, reflejo de las problemáticas actuales, como las ambientales, de hábitat, convivencia y educación, entre otras, así como de los relevos generacionales y las transformaciones culturales que vive nuestra sociedad.

El triunfo en Bogotá de Claudia López para el segundo cargo más importante del país después del presidente de la república ha sido ampliamente destacado en la prensa internacional por cuatro razones: por su condición de mujer, siendo la primera alcaldesa electa por voto popular, en una sociedad aún machista; por su orientación sexual en un país muy católico: ella hace parte, públicamente, de la comunidad LGTB; por su lucha contra la corrupción; y por su pertenencia a la Alianza Verde y su programa de gobierno de centro izquierda.

En otros lugares también ganaron las fuerzas alternativas e independientes. Los resultados electorales, conocidos poco después del cierre de las urnas, lo cual habla bien de la Registraduría Nacional y del uso de las TIC, son sorprendentes y dicientes: en las ciudades de Arauca, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Manizales, Medellín, Villavicencio y Yopal, y en los departamentos de Boyacá, Caldas, Cauca, Magdalena, Meta, Quindío, San Andrés, Santander, Santander del Norte, Risaralda y Vaupés, fueron elegidos alcaldes y gobernadores que compitieron frente a los candidatos de los partidos tradicionales y del establecimiento, en medio de prejuicios sociales e ideas conservadoras; de maquinarias politiqueras, parapolíticos y ex-paramilitares; y de clanes familiares que detentan parcelas del poder público y de la contratación de obras públicas.

La jornada electoral del pasado 27 de octubre fue pacífica, transcurrió normalmente, y la legitimidad de los resultados no está cuestionada. Aumentó la participación electoral, siendo una de las votaciones más altas de los últimos años, y el voto en blanco en varios municipios fue alto, algo que de todas maneras fortalece la democracia y la participación política. Sin embargo, en el último año cada 36 horas un candidato sufrió violencia política según la Fundación Paz y Reconciliación; la compra de votos, fenómeno político y social, sigue presente en muchos sitios del país; y los grupos armados ilegales continúan ejerciendo su poder en ciertas áreas rurales.

Estos resultados electorales arrojan luz sobre los procesos de cambio en curso. El nuevo mapa electoral colombiano muestra que el péndulo político del país está cambiando de dirección y comienza a moverse hacia el centro izquierda. En el campo de la derecha, el partido del expresidente Álvaro Uribe, Centro Democrático, perdió terreno. En efecto, numerosos colombianos rechazan cada vez más el enfrentamiento polarizador, la riña permanente y agotadora, y los epítetos descalificadores como forma de hacer política. En el campo de la izquierda, la coalición Colombia Humana-UP también estuvo lejos de sus expectativas. Así como los más de 10 millones de votos que sacó Iván Duque en los comicios presidenciales de 2018 no se tradujeron en votos suficientes para los candidatos del Centro Democrático, tampoco fueron transferibles a los candidatos de la Colombia Humana, la mayoría de los más de 8 millones de votos que obtuvo Gustavo Petro en dichos comicios. La tendencia hacia posiciones de izquierda más moderadas, por parte de mucha gente que en el pasado acompañó a Petro, hoy es visible. Así, estas elecciones muestran que los extremos políticos han disminuido su capacidad de convocatoria.

Los resultados de estos comicios también ponen en evidencia que una base importante de los votantes de a pie se ha alejado de los partidos del establecimiento. Los escándalos de corrupción que envuelven a reconocidos “varones electorales”, han debilitado la influencia de sus partidos en las regiones y tienen hastiada a la sociedad colombiana. Pero sería injusto y nocivo para la democracia, generalizar la suspicacia sobre el conjunto de los políticos. Lo cierto es que los candidatos alternativos e independientes lograron seducir en estas elecciones a sus votantes en buena parte gracias a que son vistos como una generación nueva de políticos ajena a la corrupción. Sin embargo, no puede decirse tajantemente que partidos como el Liberal, Conservador y Cambio Radical, “quedaron en los rines”: también ganaron buen número de alcaldías y gobernaciones.

El voto fue menos clientelista y menos ideológico. Fue más de opinión, más programático y más tolerante, ligado a las necesidades diarias de la gente y a las preocupaciones de nuevas ciudadanías como los ambientalistas, animalistas y millennials, entre otras. De hecho, las encuestas sobre la intención de voto, realizadas con muestreos ridículamente pequeños y cuestionables metodologías, sin ningún tipo de reglamentación, y que una vez difundidas a través de los medios de comunicación y las redes sociales influyen fuertemente en la decisión del “voto útil”, no surtieron efecto. Casi todas las encuestas se pifiaron.

Con los resultados de estas elecciones, las primeras del posconflicto, se abren nuevas oportunidades para fortalecer en los territorios las iniciativas por La Paz. Recordemos las grandes marchas y los plantones de julio pasado, en 57 ciudades de Colombia y 53 en el exterior, repudiando el asesinato de líderes sociales y exigiendo la acción decidida del Estado frente a este terrible flagelo. El debilitamiento político de los sectores del NO y el retroceso de la parapolítica en el país, así como la llegada al poder regional y local de partidos, movimientos y coaliciones alternativos e independientes, que apoyan firmemente los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, hoy partido político FARC, deberían crear mejores condiciones para la convivencia y la concertación en las regiones.

Llegamos entonces a un escenario en el que se abren retos de gran calado a los mandatarios alternativos e independientes electos que pretendan cambios efectivos, y que de no lograrlo abrirán nuevamente el paso a la clase política que no ha sabido dar soluciones de fondo a los déficits regionales y locales que nos aquejan. Pero en paralelo, la construcción de una convergencia política amplia para las presidenciales del 2022, en la que se debería incluir a la izquierda y al centro político alrededor de un proyecto de centroizquierda, será la mejor opción para afianzar lo alcanzado en estas elecciones territoriales y darle un nuevo rumbo al país.

Mauricio Trujillo Uribe
Consultor en Ciudades Inteligentes

Imagen obtenida de: http://www.semaforo.mx

Artículo publicado por LE MONDE DIPLOMATIQUE
Edición impresa en español de octubre 2019

Pintura de Adriana Gómez, detalle Colgada de la brocha, de la serie «Algo pendiente», 2009.

Cuatro candidaturas se disputan la dirección de Bogotá para el período 2020-2023. Con diferencias entre las campañas, las mismas están más dadas sobre prevenciones ideológicas y políticas que sobre el trasfondo de los programas que airean en los debates públicos. Las encuestas indican que todo está por definirse en las próximas semanas.

Por Mauricio Trujillo Uribe*

En Bogotá, como en el resto del país, el domingo 27 de octubre se elige, para un período de 4 años a partir del próximo 1 de enero, el nuevo alcalde o alcaldesa que administrará la ciudad, así como los 45 miembros del Concejo Distrital y los más de 150 ediles de las Juntas Administradoras Locales de las 20 localidades que integran la urbe. La cabeza de la rama ejecutiva del gobierno local y máxima autoridad administrativa y policial de la ciudad, es considerada como el segundo cargo político más importante de Colombia después del Presidente de la República.

Estas elecciones se desarrollan en medio de un «estado» de impopularidad del actual alcalde capitalino, Enrique Peñalosa, pocas veces visto. A tal punto que, ante las últimas encuestas realizadas a mediados de este año, que dan una imagen desfavorable de Peñalosa de más del 70 por ciento, la alcaldía lanzó en los medios de comunicación una profusa y costosa pauta publicitaria en la que predomina el eslogan «Impopulares pero eficientes».

En estos comicios hay que resaltar en particular que por primera vez, de acuerdo con la Reforma de Equilibrio de Poderes y el Estatuto de la Oposición, los candidatos que obtengan el segundo lugar en las elecciones a alcaldías y gobernaciones tienen el derecho a ocupar una curul en los concejos y las asambleas departamentales. Esto significa que el próximo alcalde o alcaldesa elegido entre los cuatro candidatos en competencia, Claudia López, Hollman Morris, Miguel Uribe y Carlos Fernando Galán, tendrá que lidiar en el Concejo Distrital con el liderazgo de quien saque la segunda votación, hecho novedoso que en principio deberá permitir el fortalecimiento del juego democrático y un mayor espacio a las fuerzas alternativas y de oposición, amplificando el control político que ejerce esta corporación.

Claudia López candidata verdeamarilla

Otro hecho novedoso en las presentes elecciones, es la presencia de una candidata, Claudia López, con posibilidad de ser electa alcaldesa. Aunque a la cabeza de la ciudad han tomado lugar varias alcaldesas, como Clara López y María Mercedes Maldonado, lo fueron en su condición de encargadas para remplazar el respectivo alcalde suspendido o destituido. Desde que los alcaldes se eligen por voto popular (1988), ninguna mujer ha ganado en las urnas en Bogotá.

López, candidata de la Alianza Verde con el respaldo del Polo Democrático y otras fuerzas, tiene en su haber una imagen positiva por diversas razones, entre ellas su liderazgo en la lucha anti-corrupción. López aparece para muchos ciudadanos como una candidata de centro-izquierda, lo cual quizás le permitiría obtener el respaldo de sectores de la ciudadanía que votan por candidatos alternativos, tal como ha sucedido en las elecciones de los alcaldes Antanas Mockus, Lucho Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro.

El modelo de ciudad que López propone se diferencia del modelo de Peñalosa, aunque sus críticas a la gestión del alcalde han sido más bien tibias. López plantea construir sobre lo construido: una de las grandes dificultades que ha tenido Bogotá (y Colombia) para su desarrollo y progreso, ha sido justamente la política de borrón y cuenta nueva, en donde quien llega al poder no reconoce, por razones políticas o ideológicas, los logros de sus antecesores.

No la beneficia en cambio su temperamento fogoso. Y está por verse, a la hora de las urnas, si el rompimiento entre ella y Petro por diferencias sobre el qué hacer (entre otras, el futuro del metro tantas veces proyectado para la ciudad, frente a la realidad del metro aéreo que Peñalosa impuso), afecta a la candidata ante los bogotanos que apoyaron a Petro en las elecciones presidenciales del año pasado, en las que éste obtuvo la mayoría de votos en el Distrito Capital. Pero en contrapartida, también está por verse si el deslinde entre estas dos figuras le traerá votos a la candidata en los sectores desencantados del liderazgo de Petro o claramente anti-petristas, que van desde la izquierda hasta la derecha. De otro lado, uno de los cuestionamientos a los liderazgos «renovadores», es la preeminencia que en estas elecciones ha tomado la próxima campaña presidencial, factor profundo del distanciamiento López-Petro.

Aunque es un tema poco mencionado en la campaña, la opción sexual de la candidata seguramente pesará a la hora del voto, sobre todo entre sectores tradicionales, regresivos, religiosos, machistas y similares, dispuestos a cerrarle el paso a la candidata verdeamarilla.

La Oposición de Hollman Morris

La candidatura del exconcejal Hollman Morris, quien cuenta con el aval del partido Mais y respaldo de Petro y el movimiento Colombia Humana, se lee ante los ojos de un porcentaje importante de la ciudadanía bogotana que concurre a las urnas, como una propuesta de izquierda radicalmente distinta al modelo de ciudad del alcalde Peñalosa. Al centro del debate se encuentra su total oposición al metro elevado y su énfasis en el metro subterráneo; ha manifestado, asimismo, no apoyar la construcción de tres troncales adicionales para la red de transporte público TransMilenio, y se aparta sin matices de muchas otras iniciativas de la actual administración. Morris aparece en las encuestas con el más bajo porcentaje de intención de voto. Pero más allá de que logre obtener un resultado honorable en las urnas, su candidatura le resta fuerza a López e incluso podría ser factor determinante para que ésta no termine elegida.

La candidatura de Hollman, salpicada por denuncias de machismo, en contra de la opinión mayoritaria de activistas femeninas de la Colombia Humana, pone de presente las limitaciones del recambio del liderazgo existente en el país, a la par de dinámicas en gran parte unipersonales que ganan carrera al interior de proyectos políticos de izquierda, que se supone tendrían que ser colectivos, consultivos, asambleatorios, en donde el peso de la opinión de su cabeza visible debiera valer como la de cualquier otro de sus militantes.

El delfín Miguel Uribe

El exsecretario de Gobierno de Enrique Peñalosa, Miguel Uribe, es el candidato de una derecha diversa y con maquinarias. Inscribió su candidatura en nombre del movimiento Avancemos y pronto recibió el respaldo de la mayoría de los partidos del establecimiento: Centro Democrático, Liberal, Conservador, Mira y Colombia Justa Libres, este último de las iglesias cristianas. También cuenta con la adhesión de buena parte de los seguidores de Peñalosa, aunque es probable que ese grupo, que ve en Uribe el garante del continuismo de la actual administración, pese menos en las urnas que los sufragios que le quita al candidato Uribe su fervoroso y público respaldo a la obra de su alter ego, dado el desprestigio de éste y de su gestión, como ya fue señalado.

En su campaña, Uribe reitera una y otra vez ser el candidato mejor preparado, constante, consistente y coherente en sus propuestas. Se expresa siempre mirando el espejo retrovisor frente a Petro, sin desaprovechar oportunidad para criticar con virulencia su gestión, al igual que todo lo que él percibe, de cerca o de lejos, como izquierda. En su estilo polarizador y planteamientos ideológicos, el joven Uribe se identifica en gran parte con el expresidente Uribe, quien lo ha acompañado en su campaña. La vocación del candidato apunta también hacia sus propios intereses de delfín presidencial. Nieto del expresidente Turbay, tristemente recordado por su Estatuto de Seguridad y las denuncias sobre la imposición de la tortura y las desapariciones, su candidatura a la alcaldía de Bogotá es también un peldaño estratégico, y legítimo, para aspirar a la presidencia de la república.

El repunte de Galán

En el centro y la derecha del espectro político de Bogotá, se presenta una situación similar: la candidatura de Uribe, quien según varias encuestas ocupa el tercer lugar en intención de voto, le quita fuerza a la candidatura de Galán, quien repunta en recientes encuestas. En las elecciones a la alcaldía de Bogotá del año 2011, Galán ya vivió un contexto parecido y no faltaron voces que lo corresponsabilizaron de la derrota de Peñalosa cuando Petro fue electo. Esa lección podría incidir en los dos candidatos a última hora.

Hijo del líder liberal Luis Carlos Galán, asesinado en 1989, exconcejal y exsenador, se inscribió por el movimiento Bogotá Para la Gente, luego de retirarse del partido Cambio Radical. Respaldó la candidatura de Peñalosa en las últimas elecciones para la alcaldía de Bogotá y propone soluciones cercanas a las que plantea Miguel Uribe en temas relacionados con la seguridad ciudadana y el transporte público, entre otros. Al igual que López y Hollman, Galán se opone al Plan de Ordenamiento Territorial presentado recientemente por Peñalosa al Concejo Distrital. Y todos los cuatro candidatos coinciden en el tema de la necesidad de la transformación digital de Bogotá. Ello no quita que el candidato tenga su propio modelo de ciudad, que podría caracterizarse de centro-derecha.

Ambiente frío

Como el clima de la ciudad por estos días, así está hasta ahora el ambiente electoral despertado por la campaña electoral en curso, la cual no logra aún suscitar el interés y la atención más allá de las clientelas, así como de algunos sectores activos siempre movilizados. Los bogotanos necesitamos una urbe realmente incluyente y participativa, que atienda con todo rigor temas centrales para sus pobladores como ambiente, transporte público, trabajo, salud, educación, vivienda, y otros aspectos propios de una vida digna.

Bogotá, urbe de ocho millones de habitantes, está en el límite de sus posibilidades, lo que demanda pensarla desde la integralidad de su territorio sabanero con su frágil ecosistema. La movilidad consume a los trabajadores y empleados que viven en la sabana varias horas cada día en su desplazamiento hacia Bogotá y regreso a su vivienda, con su consecuente impacto en contaminación, destrucción del hábitat natural, problemas de abastecimiento de agua y demás. Es fundamental la recuperación de quebradas y ríos, así como de humedales y similares, colchón necesario para resistir el cambio climático. Precisamente, es sobre esas temáticas que las campañas deben pronunciarse a fondo, como lo requiere un proyecto estratégico, colectivo y movilizador de mayorías. La gente debe sentirse recogida en las propuestas de gobierno para motivarse a participar en la consulta electoral.

Lograrlo es un desafío mayor para las elecciones a la alcaldía de 2023, las cuales deben caracterizarse por un debate ciudadano abierto y apasionado con meses de anterioridad, de tal manera que la gente a la que se pretende llegar con una u otra candidatura sea ampliamente concitada y consultada tanto para estructurar programas como para elegir candidatos. Sólo así el frío no seguirá calando en la cabeza y el corazón de quienes habitan la capital del país.

Todo está por pasar

Faltando pocos días para las elecciones, nada está cantado. Siempre cabe preguntarse si las encuestas sobre la intención de voto, realizadas sobre muestreos de mil y tantas personas, reflejan una foto real, en un momento dado, de la intención de voto promedio de la sociedad bogotana. Y no faltan quienes se preguntan si tales encuestas no están sesgadas o direccionadas. Pero más allá de las respuestas, lo evidente es que estas encuestas influyen a su vez sobre el voto de los ciudadanos.

A partir de las elecciones municipales y departamentales de 2023, Bogotá tendrá doble vuelta electoral si en la primera el ganador no obtiene los votos necesarios para ser elegido. Entre tanto, para el período que sigue, cualquiera que sea la candidata o el candidato triunfante, puede preverse que vamos hacia un escenario similar al de las últimas administraciones: el alcalde electo no contará con una mayoría suficientemente amplia que le facilite ejercer su mandato con mayor gobernabilidad, por el bien de quienes habitan Bogotá y de quienes se desplazan a ella cada día para cumplir con su jornada de trabajo.

Octubre de 2019

*Consultor en Ciudades Inteligentes

Artículo publicado por LE MONDE DIPLOMATIQUE
Edición impresa en español de agosto 2019

Consecuente con el discurso que agitó durante su campaña electoral y con los planteamientos de la coalición política que lo llevó al poder, así ha sido la política internacional del presidente Iván Duque. Otra cosa han sido los resultados de tal política, que por ahora son bastante limitados, aunque su Gobierno todavía tiene tres años por delante

Por Mauricio Trujillo Uribe *

La orientación y diseño de la política internacional de Colombia es del fuero del Presidente de la República y, salvo por los enunciados generales, podría decirse que no existe una política internacional de Estado sino de gobierno. No sorprende entonces los virajes de la política de relaciones exteriores de un gobierno a otro, como ha sido el caso de Santos a Duque, reflejo a su vez de la polarización política que atraviesa el país. Desde luego, la política exterior también se mueve frente a un mapa geopolítico flexible y agitado como el de Estados Unidos, América Latina y también España, tratándose de los gobiernos y las regiones con las que tenemos mayor interrelación. Así, desde su posesión el 7 de agosto de 2018, en presencia de un número importante de homólogos que lo acompañaron, Iván Duque anunció las principales líneas de lo que sería su política exterior.

SUS PRIORIDADES
En primer lugar, el fortalecimiento de los lazos con Estados Unidos, privilegiando las relaciones bilaterales con el socio principal de Colombia. Históricamente las élites dirigentes han hecho de Colombia un aliado estratégico de los norteamericanos en América Latina. Sin embargo, el presidente Donald Trump venía expresando su disgusto por el aumento de la producción y exportación de narcóticos desde Colombia, lo cual podía desembocar en una crisis entre ambos países. Hoy, no obstante, existe un terreno más favorable para las relaciones bilaterales por cuenta de las afinidades ideológicas entre Duque y Trump.

Dos, el rechazo al régimen de Daniel Ortega y las pretensiones territoriales de Nicaragua. Se trata de un punto muy álgido no sólo por el veredicto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que le amputó a Colombia una parte de su plataforma marítima, sino también porque desde los sectores más radicales del Centro Democrático se criticó al gobierno de Santos por la estrategia jurídica desarrollada ante esa instancia internacional, de la cual Colombia decidió retirarse. Por eso, Duque inició su agenda de visitas al país en San Andrés.

En tercer lugar, el “asunto Venezuela”, un punto de honor para Duque, quien rompió con el gobierno de Maduro y decidió liderar una campaña internacional encaminada a facilitar el cambio de gobierno en el país vecino y hermano. En las reuniones de Duque con Trump, el Grupo de Lima y líderes de la Comunidad Europea, en sus intervenciones en la OEA y en el Foro Económico Mundial, así como en los viajes del Canciller para reunirse con numerosas personalidades del campo internacional, incluyendo el secretario de Estado Mike Pompeo de Estados Unidos, la crisis venezolana ha estado al centro de la agenda.

En otro registro, el presidente colombiano también se refirió al desarrollo de los lazos comerciales con la comunidad internacional y la búsqueda de capital e inversores, señalando en particular la importancia de España en la materia. La visita a Colombia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez reiteró la importancia de ese país como socio económico. A su vez, en la visita a Chile en noviembre, el jefe de la diplomacia colombiana confirmó el interés y la importancia para Colombia de la Alianza del Pacífico.

Finalmente, precedido por el discurso provocador del presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, contra todo el ejercicio de la Administración Santos, Duque expresó de nuevo sus reparos al Acuerdo de Paz firmado con las FARC. El presidente empezó así su mandato distanciándose del acuerdo de paz, un logro innegable del gobierno Santos también en materia de política exterior.

Para apuntalar esta agenda internacional el presidente ha viajado oficialmente diecisiete veces al exterior, además de los numerosos desplazamientos de su canciller, Carlos Holmes Trujillo. Estos viajes han suscitado críticas desde algunos sectores del país, aduciendo falta de planeación para los mismos, ausencia de liderazgo para sacar adelante los proyectos del gobierno ante el Congreso y los pocos resultados de estas giras, lo cual llevó al Canciller en días pasados a manifestar que hay una campaña internacional de desprestigio contra el presidente Duque.

Un capítulo de esta política exterior merece ser destacado: el reconocimiento de Palestina como Estado soberano. Aunque éste se dio al final del mandato Santos, la notificación al gobierno palestino se produjo recién posesionado Duque. Se inició entonces un debate mediático sobre la postura del gobierno colombiano pues el canciller anunció que examinaría cuidadosamente las implicaciones de tal reconocimiento en momentos en el presidente norteamericano había tomado graves medidas en contra de los intereses de Palestina. Se pensó entonces que la decisión del gobierno Santos sería reversada. Pero no sucedió así y Colombia pasó así a ser el último país de Suramérica en reconocer a Palestina.

Encontramos, por tanto, ciertos elementos de continuidad de la política exterior del gobierno precedente en política internacional, pero es claro el cambio de rumbo en otros asuntos clave de las relaciones internacionales: la lucha contra el narcotráfico, la agenda Venezuela y la política de paz llevada a los escenarios de la comunidad internacional.

LAS DROGAS, UN DOLOR DE CABEZA PARA TODOS
La lucha contra las drogas sigue siendo el tema prioritario en las relaciones bilaterales Colombia-Estados Unidos a pesar de los esfuerzos de los gobiernos colombianos por “desnarcotizar” estas relaciones. En la primera reunión que sostuvieron los presidentes, Duque y Trump, la lucha contra las drogas ocupó el espacio central. Recordemos que el año anterior estas relaciones bilaterales corrían por mal momento e incluso el Presidente de los Estados Unidos amenazó con “descertificar” a Colombia si no lograba controlar el incremento de los cultivos ilícitos.

El gobierno del Presidente Santos pretendió darle una nueva lectura a la lucha contra las drogas, variando el enfoque represivo y prohibicionista con el que principalmente se ha tratado este grave problema. “Tenemos que avanzar en esta lucha con una mente más abierta. Tenemos que ser más inteligentes, más innovadores”, decía Santos en un período en que la comunidad internacional seguía atentamente al avance del acuerdo de paz con las FARC, las cuales financiaron en parte su guerra con los dineros del narcotráfico. Razón por la cual se aceptó la conexidad del delito de narcotráfico con el delito de rebelión.

Una nueva mirada se consideró necesaria bajo el gobierno de Santos para combatir el narcotráfico, entendiendo que los Estados afectados e involucrados tienen responsabilidad compartida y que en Colombia el fenómeno económico y social que lleva a ciertos sectores campesinos a cultivar la coca requiere de un tratamiento alternativo: incentivos a las familias campesinas cultivadoras de coca, para que la sustituyan por otros cultivos lícitos, y suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato a cambio de la erradicación manual.

Sin embargo, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca reveló que los cultivos ilícitos en Colombia habían alcanzado el número histórico de 209.000 hectáreas. El nuevo gobierno aprovechó el informe para cuestionar de nuevo los acuerdos de paz al plantear que el incremento de las hectáreas se había disparado a partir de que el gobierno Santos aceptó incluir en dichos acuerdos la propuesta de las FARC para que el Estado diese a las familias campesinas involucradas un aporte económico para la sustitución de los cultivos de coca, lo que se convirtió en un estímulo perverso. En la otra orilla, los partidarios de la erradicación manual y sustitución de cultivos, hicieron ver que todavía era muy pronto para decretar que esta estrategia no daba o no daría los resultados esperados.

Luego de la primera reunión entre Duque y Trump, el presidente norteamericano se refirió nuevamente a la ineficiencia del gobierno colombiano para lograr la disminución de las áreas sembradas, declaraciones que generaron preocupación en el gobierno y el establecimiento. Duque decidió dar un viraje a la política antidrogas diseñada durante el gobierno Santos y aunque reconoció que había de por medio un problema de salud pública con las comunidades que viven cerca de las zonas cocaleras, dispuso que el centro de gravedad de la lucha contra los cultivos ilícitos se basaría, principalmente, en la aspersión aérea con glifosato, junto con otras medidas. Inició así una campaña para que la Corte Constitucional revisara un veredicto que ordenaba al Consejo Nacional de Estupefacientes la suspensión del programa de aspersión aérea de glifosato sobre los cultivos de coca, marihuana y amapola, aunque hay que aclarar que dicha sentencia se refería a un programa específico en un territorio indígena. Finalmente la Corte abrió la puerta para que, bajo ciertas condiciones, el gobierno pueda hacer uso del glifosato en su estrategia anti-drogas.

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos han vuelto así a su cauce normal, al menos por ahora, tanto más que el gobierno anunció recientemente que el ritmo de crecimiento de las hectáreas de coca cultivadas se había frenado y a su vez el Secretario de Estado norteamericano y el Ministro de Relaciones Exteriores colombiano anunciaron el compromiso mutuo para reducir a la mitad los cultivos ilícitos y la producción de cocaína para finales del 2023.

VENEZUELA, OBSESIÓN Y DESAFÍO
Aunque el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención de un Estado en los asuntos internos de otro Estado, son principios de la ONU y la OEA, instancias de las que hace parte Colombia, lo cierto es que este principio del derecho público internacional es cada vez más violado, infortunadamente, o inevitablemente según las nuevas teorías para un mundo globalizado. Y no faltan los argumentos de unos y otros para justificar lo que al final de cuentas es injerencia en los asuntos internos de otro país.

Es así como ante la profunda crisis de Venezuela, cuyo actual modelo económico es un fracaso, con todas las implicaciones para su pueblo, y cuyo gobierno ha desembocado en un régimen político autoritario y populista, con todas sus derivas en violación de derechos humanos y libertades cívicas y políticas, más allá de ello y sin respetar su soberanía como Estado-nación, Duque ha liderado una cruzada internacional para aislar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y facilitar que se produzca una transición hacia un gobierno surgido de elecciones libres, según sus propias declaraciones. Este objetivo es ni más ni menos uno de los componentes prioritarios de la actual política exterior del presidente Duque, al cual le ha dedicado tiempo y esfuerzo, convirtiéndose al parecer en una suerte de obsesión y desafío personal.

Uno de los primeros pasos de Duque fue no nombrar embajador en Venezuela, rompiendo en la práctica las relaciones diplomáticas con este país, y nombrar embajador en Washington a Francisco Santos, cuyas declaraciones en favor de una intervención militar en Venezuela si fuese necesario generaron el rechazo de amplios sectores en Colombia. Duque endureció, junto con su canciller Carlos Holmes, su lenguaje contra Maduro, asumiendo la retórica del anti-castrochavismo de los sectores más radicales del Centro Democrático.

De cara a la opinión pública nacional, el presidente Duque anunció el apoyo a la denuncia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, contra Maduro ante la Corte Penal Internacional, al tiempo que visitaba la frontera con Venezuela en medio de una campaña mediática prometiendo medidas económicas y sociales de emergencia ante la llegada de cientos de miles de venezolanos huyendo de la crisis de su país y anunciando la creación de un fondo multilateral humanitario de ayuda para paliar el fenómeno migratorio.

En la escena internacional Duque y su canciller también han actuado con intensidad para afianzar el cerco diplomático y las sanciones contra el gobierno vecino: lo primero fue la visita de Duque al presidente Trump para alinear su estrategia contra el gobierno de Nicolás Maduro y de apoyo a sus opositores. A la vez, el presidente ordenó el retiro de Colombia de Unasur, organismo suramericano conformado por doce países, alegando que se “había convertido en un cómplice de la dictadura venezolana”. En su remplazo, Duque ha querido liderar el Grupo de Lima en el que participan gobiernos latinoamericanos que no han reconocido los últimos comicios en los que Maduro salió relecto presidente y, por el contrario, reconocen la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela, además de que proponen aumentar las sanciones económicas y diplomáticas contra el régimen de Maduro, las cuales terminan también, al final de cuentas, afectando al pueblo venezolano.

El gobierno colombiano ha desarrollado igualmente un fuerte cabildeo en la OEA, ONU, Unión Europea, Foro Económico Mundial y otros espacios internacionales, intentando darle piso político a su estrategia para “devolverle la democracia a Venezuela”. Ésta ha tenido por eje central conseguir el reconocimiento de Juan Guaidó como el nuevo presidente interino de Venezuela. El grupo de Lima, Estados Unidos y otro gran número de países le dieron entonces su respaldo a Guaidó con la esperanza de que a corto plazo –en cuestión de días decía Duque–, Maduro dejara el gobierno o sufriera la intervención de las Fuerzas Armadas venezolanas.

Pero no sucedió, no pasó nada, el presidente de Venezuela encontró los recursos internos y externos para sostenerse, aunque el aislamiento y rechazo internacional del régimen bolivariano se amplió y la oposición venezolana ganó en espacio y protagonismo. Maduro ha aceptado recientemente que sus delegados se sienten de nuevo con los representantes de Guaidó, con el propósito de instalar «una mesa de trabajo continua y expedita» para llegar a «una solución acordada». La decisión del gobierno de Maduro de volver a una negociación con la Oposición estaría reflejando que poco a poco las condiciones internas han ido cambiando en Venezuela y que la presión internacional va produciendo efecto. Podría decirse, entonces, que la política internacional del gobierno de Duque frente a Venezuela no le ha dado los resultados esperados en un principio, pero tampoco ha sido inocua o improductiva; en algo ha contribuido al cambio de situación a pesar de la negación de principios fundamentales para la convivencia pacífica entre Estados.

LOS ACUERDOS DE PAZ, SÍ PERO NO
En septiembre del año pasado Iván Duque debutó como presidente de Colombia en la Asamblea General de Naciones Unidas manifestando que “la paz es un objetivo de todos los colombianos”. Llegó al poder, con un país dividido prácticamente en partes iguales frente a los Acuerdos de Paz con las FARC, diciendo que haría modificaciones a esos acuerdos, las cuales en realidad no eran de poca monta. Pues una cosa es asegurar que “Este gobierno tiene un compromiso absoluto con que las personas que genuinamente le han apostado a la desmovilización, desarme, reinserción y reincorporación”, como lo hizo ante el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, y otra cosa, por ejemplo, son las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, parte sustancial de los acuerdos firmados por el presidente Santos en nombre del Estado colombiano y no de un gobierno. Como se sabe, esas objeciones fueron rechazadas por el Congreso de la República, obligando al primer mandatario a firmar dicha ley en su versión original.

La comunidad internacional ha acompañado el proceso de paz. Las delegaciones de la Unión Europea y del Consejo de Seguridad de la ONU que han monitoreado los avances de los acuerdos han expresado su preocupación por el asesinato de excombatientes, cerca de 140, y el retraso de los proyectos de reincorporación, entre otros temas. Esta lectura es diferente a la expresada por el Secretario General de la OEA, por lo cual el movimiento ciudadano “Defendamos la Paz” le envió una carta reclamando por la percepción que tiene este organismo sobre la implementación de los acuerdos, asegurando que no era cierto, como dijo Almagro, que el gobierno de Duque “ha hecho todo” por cumplir. La respuesta gubernamental no tardó, asegurando que el movimiento desconoce las “inmensas ejecutorias” de este gobierno comparadas con las del que lo antecedió.

Queda claro que Duque ha tenido que incluir en su ejercicio diplomático temas que hubiese querido evitar, como el tema de la paz. En efecto, la política internacional está necesariamente ligada a la política interna y lo doméstico impone nuevas agendas a la política exterior.

* Consultor en Ciudades Inteligentes