Por Mauricio Trujillo Uribe
7 de enero de 2025
Colombia y la comunidad internacional están pendientes de la decisión del presidente Gustavo Petro sobre si asistirá o no a la posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, por un nuevo periodo de seis años, luego de permanecer once años en el Palacio de Miraflores. Una decisión política y diplomática que podría redefinir la política exterior de Colombia y la percepción nacional e internacional acerca del gobierno de Petro.
A finales de noviembre llegó la invitación oficial de Caracas. Días después la Cámara de Representantes aprobó una proposición que insta al mandatario a no asistir a dicho evento; un acto inusual pues es el Presidente de la República el responsable de las relaciones internacionales del país. «Ahora me dicen que no vaya a Venezuela. Yo veré si voy o no voy.», respondió Petro y agregó “La decisión del 10 de enero se tomará el 10 de enero».
El dilema que afronta Petro es real. Desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, luego de que el gobierno de Duque rompiera toda relación con las autoridades venezolanas, cerrara los pasos fronterizos y dejara al garete los servicios consulares para más de cuatro millones de colombianos, el gobierno de Petro ha buscado una aproximación pragmática con el gobierno de Maduro, dando prioridad a una agenda basada en promover la convivencia entre las comunidades que comparten la frontera, la reapertura comercial y la reactivación económica, la cooperación en seguridad fronteriza y la atención consular a los connacionales.
En efecto, la frontera de más de dos mil kilómetros no es no solo una línea en el mapa, es un espacio vivo donde transitan historias familiares y escolares, economías formales e informales, y cientos de miles de personas que buscan un futuro mejor. Para los colombianos en Venezuela la reapertura consular es un servicio necesario y un derecho. Igualmente, es indispensable mantener la acción articulada de ambos países contra las bandas criminales que han hecho de la frontera su “zona de confort”. De otro lado, la presencia del ELN y las disidencias de las FARC en territorio venezolano, el cual utilizan como retaguardia, requiere de un manejo diplomático y geopolítico frente a la permisividad de las autoridades venezolanas. Se trata por tanto de un asunto de Estado, no solo de gobierno a gobierno, que exige una visión global y de largo plazo.
Sin embargo, el hecho de que no hubieran sido publicadas las actas oficiales que supuestamente daban vencedor a Maduro en las pasadas elecciones, junto con los informes de organismos internacionales independientes que alertan sobre las violaciones de derechos humanos, los cientos de presos políticos, la persecución a los opositores, las redadas a jóvenes que expresan su inconformidad en redes sociales y, en general, el clima de temor que se vive en Venezuela, le quita legitimidad a Maduro y pone en la picota su régimen ante los ojos de gran parte del mundo. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, ha insistido en que no habrá reconocimiento por parte de Colombia, de Nicolás Maduro como presidente a partir del 10 de enero, si no aparecen las actas de las elecciones de Venezuela.
Pero, ¿qué está en juego según la decisión que tome el presidente Petro? Si el gobierno de Colombia no reconoce a Maduro, las relaciones con Venezuela se deteriorarán y podría desatarse una crisis en la frontera poniendo en jaque los avances logrados en dinámica social, comercio y seguridad, e incluso dar paso a una crisis mayor.
La decisión contraria también acarrea consecuencias. De una parte, afectaría la imagen y el capital político remanente de Petro, si damos credibilidad a encuestas recientes que muestran que cerca del 90 % de los colombianos estaría en desacuerdo con el reconocimiento de Maduro. En amplios sectores de la opinión pública colombiana se interpretaría como el respaldo a un régimen autoritario, lo cual no es inane para el proyecto político del Pacto Histórico teniendo en cuenta las elecciones de 2026.
De otra parte, podría debilitar la posición de Colombia en la escena internacional. Buena parte de la comunidad occidental no reconoce el triunfo de Maduro y con Donald Trump como próximo presidente, las relaciones diplomáticas con Estados Unidos se podrían complicar. Sin embargo, la situación de Colombia frente a Venezuela no es la misma que la de otros países, puede decirse que es única, como lo demuestra, por ejemplo, los cerca de tres millones de migrantes y refugiados venezolanos que han llegado al país según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Mientras tanto, en las calles las opiniones se dividen: «Petro debe ir, porque necesitamos mantener la paz en la frontera», dice un comerciante en Cúcuta. «No puede asistir, sería traicionar nuestros valores democráticos», afirma un estudiante en Medellín. Sectores de la izquierda colombiana consideran pertinente mantener la mejor relación básica posible ante la realidad del poder en Venezuela. Por lo pronto, el vicecanciller Jorge Rojas ha anunciado que asistirá el embajador de Colombia, Milton Rengifo. Una solución razonable y prudente que va en la misma dirección de lo anunciado por México y Brasil. Se trata de dar continuidad a una política pragmática que atienda los intereses de Colombia y de los colombianos que viven en el país vecino, más allá de las consideraciones ideológicas.
La fecha del 10 de enero se acerca rápidamente y el gobierno colombiano está abocado a tomar una decisión. Son valiosos los lazos históricos, culturales, territoriales, económicos y de seguridad, que unen las dos naciones. Mientras tanto “la papa caliente” sigue sobre su escritorio, Petro sabe que no hay camino sin riesgos.
