Tras el giro del péndulo político en Colombia de la izquierda democrática a la extrema derecha, ¿puede el progresismo ejercer la oposición responsable y constructiva que al menos la mitad del país espera y buscar un acuerdo nacional sobre lo fundamental con sectores afines al gobierno de Abelardo De la Espriella, mientras se sostiene que el nuevo mandatario es ilegítimo y se promueve la «desobediencia civil pacífica»?
Por Mauricio Trujillo Uribe
13 de julio de 2026
Las elecciones presidenciales de 2026 no terminaron con la proclamación del vencedor. El 24 de junio, una vez concluido el escrutinio, el Consejo Nacional Electoral declaró oficialmente presidente electo a Abelardo De la Espriella para el período 2026-2030. Sin embargo, políticamente la disputa continuó.
Las sucesivas denuncias del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude electoral y la negativa de Iván Cepeda a reconocer la legitimidad del ganador mientras no atienda tres exigencias han ido configurando una narrativa según la cual la transmisión constitucional del poder puede realizarse, pero quien recibe la Presidencia carece de legitimidad democrática. Estos pronunciamientos han puesto a los colombianos ante una controversia de enorme gravedad, en medio de un clima político profundamente polarizado y en un país con una larga historia de confrontación y violencia.
Lo anterior no significa que Petro haya intentado promover un golpe de Estado, como afirmó el pasado 7 de julio De la Espriella al suspender el empalme entre los gobiernos saliente y entrante. Una acusación igualmente grave. Por el contrario, Petro ha anunciado que entregará el poder al concluir su mandato el próximo 7 de agosto y Cepeda ha reiterado su respeto por el orden constitucional. A su vez, las recientes declaraciones del ministro de Defensa sobre la continuidad institucional son un mensaje claro.
El relato del posible fraude
Las declaraciones de Petro sobre el fraude electoral han cambiado por etapas. En febrero, antes de las elecciones, advirtió sobre los riesgos derivados de la participación de empresas privadas en el manejo de la información electoral y los sistemas de escrutinio. Denunciaba entonces una supuesta vulnerabilidad del sistema. Tras la primera vuelta del 31 de mayo, el señalamiento varió. Dos días después afirmó: «Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a autoridad competente». Cuestionó los resultados que estimaba atípicos así como el aumento del número de ciudadanos habilitados para votar, pidió revisar los resultados de unas 5.300 mesas de votación y difundió archivos que, según él, sustentaban sus sospechas.
Después de la segunda vuelta del 21 de junio, el discurso se hizo categórico. Pasó a afirmar que la voluntad popular había sido alterada mediante un «fraude algorítmico», operado desde servidores en Estados Unidos y con participación de empresas extranjeras. Llegó a sostener que «el presidente de Colombia es Iván Cepeda» y, luego de la suspensión del empalme, escribió: «Se colocarán sillas vacías en espera de que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar».
Sin embargo, las pruebas anunciadas no han sido entregadas hasta el presente. La Registraduría negó que los archivos electorales hubieran sido modificados y sostuvo que su integridad podía verificarse mediante códigos hash y registros de trazabilidad. Los testigos de las campañas pudieron fotografiar las actas E-14 y contrastarlas con el escrutinio. Las misiones internacionales tampoco reportaron irregularidades que pusieran en entredicho el resultado. La Contraloría, la Defensoría del Pueblo y los principales gremios empresariales reconocieron a De la Espriella como presidente electo. En el plano internacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una voz significativa de la izquierda democrática latinoamericana, acaba de sumarse a ese reconocimiento.
Desde luego, Petro o cualquier ciudadano tiene pleno derecho a cuestionar el resultado electoral ante las autoridades competentes. La democracia no exige aceptar pasivamente las decisiones electorales: prevé mecanismos para revisar escrutinios, impugnar actos de elección, solicitar medidas cautelares y acudir al Consejo de Estado. Una demanda de nulidad electoral no amenaza la democracia, es uno de sus instrumentos de control.
No obstante, cabe preguntarse: ¿por qué el sistema electoral es confiable cuando se obtienen importantes resultados parlamentarios, pero deja de serlo cuando se pierde la Presidencia? Cuando el movimiento gana representación, las urnas expresan la voluntad popular; cuando pierde, surgen denuncias de manipulación y teorías de conspiración.
Del reconocimiento a la desobediencia civil pacífica
La posición de Cepeda también ha cambiado. El 24 de junio reconoció el triunfo de su adversario, marcando una diferencia con Petro, que ya cuestionaba el resultado de las urnas. Pero seis días después condicionó el reconocimiento de la legitimidad del presidente electo a que renunciara a su ciudadanía estadounidense, aclarara sus eventuales vínculos con agencias de inteligencia de ese país y pusiera fin a «las amenazas de extradición a Estados Unidos» contra Petro. Concluyó anunciando que se declararía en «desobediencia civil pacífica» si no se aclararan esos cuestionamientos y llamó a los millones de ciudadanos que habían votado por él a hacer lo propio.
El meollo de su planteamiento es la soberanía nacional. Aunque la Constitución no establece ningún impedimento, la doble nacionalidad suscita interrogantes sobre un eventual conflicto de lealtades. Si bien es pertinente -a todas luces- que De la Espriella renuncie a la ciudadanía estadounidense mientras ejerza la Presidencia, parece desproporcionado sostener que, de no hacerlo, «no debería posesionarse como presidente de la República» y, si lo hace, su posesión estaría viciada por ser «ilegal e ilegítima».
Los supuestos vínculos con agencias de inteligencia estadounidenses, de ser ciertos, podrían abrir la puerta a una injerencia nociva, pero corresponde a Cepeda probar su señalamiento, no invertir la carga de la prueba. En cuanto a una eventual extradición de Petro, el presidente entrante no podría decidirla unilateralmente. Tendría que mediar una solicitud formal y cumplirse las exigencias legales, incluido el concepto favorable de la Corte Suprema. La Constitución está de por medio.
La desobediencia civil pacífica parte de un juicio de conciencia frente a una ley, norma o decisión pública considerada gravemente injusta y supone su incumplimiento deliberado no violento con el propósito de conseguir que sea suspendida o modificada. Pero en nuestro contexto también podría inducir a algunos sectores a desconocer el ordenamiento legal cada vez que consideren alguna medida del gobienro contraria a sus intereses e incluso derivar, entre ciertos grupos radicalizados, en vías de hecho y violencia. ¿Quién determina que una decisión legal es moral y políticamente injusta e ilegítima? Se abriría así una caja de Pandora: cualquier sector podría invocar su propia convicción.
La narrativa de la ilegitimidad
Las narrativas políticas no son simples sumas de datos: organizan hechos, identifican víctimas, endosan responsabilidades y orientan la acción. En este caso, la voluntad popular habría sido truncada por actores internos, algoritmos apoyados en inteligencia artificial e intereses extranjeros; y la doble nacionalidad del presidente electo pondría en riesgo la soberanía nacional y cuestionaría su legitimidad. Este marco genera un sentimiento colectivo de cuerpo y permitiría justificar la derrota electoral sin revisar necesariamente las decisiones de campaña, las limitaciones del gobierno saliente o las razones por las que la mayoría de los votantes prefirió al adversario. La «ilegitimidad» se convierte así en argumento y bandera de la movilización política.
Sin embargo, no sobra recordar que De la Espriella obtuvo 12.960.166 votos frente a los 12.708.312 de su contendor, que es oficialmente el presidente electo de Colombia y que, en democracia, una vez posesionado será el presidente de todos los colombianos, como lo ha sido Petro de todos los colombianos durante su mandato.
Las elecciones de 2027
El progresismo no llega al 7 de agosto como una fuerza políticamente derrotada. El Pacto Histórico es la principal bancada en el Congreso, Cepeda obtuvo el respaldo de casi la mitad del electorado y el gobierno de Petro tiene logros que reivindicar: reducción de la pobreza y la pobreza extrema, reforma pensional, ampliación de la cobertura de la educación superior pública y avances en la reforma agraria, entre otros.
Las elecciones de 2027 pondrán en juego alcaldías, gobernaciones, concejos municipales y asambleas departamentales. El desafío consiste en transformar los casi trece millones de votos obtenidos por Iván Cepeda en gobernanza regional y local. Allí se medirá buena parte del futuro del progresismo para disputar nuevamente la Presidencia y volver a ser gobierno.
