Migración venezolana: un gesto emblemático para la región

Mauricio Trujillo Uribe 
Bogotá, 01 de marzo de 2011 

Tomado de LE MONDE DIPLOMATIQUE 
Edición impresa, Marzo 2021 

En la segunda década del siglo XXI la migración Colombia-Venezuela se invirtió. Desde el 2015 se produjo un incremento vertiginoso de la llegada al país de migrantes venezolanos y se estima que actualmente más de 300 por día intentan ingresar de manera irregular, dice Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia⁽¹⁾.

Es un fenómeno humano y social de grandes proporciones. De acuerdo con la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, de 460.000 menores de 18 años de origen venezolano en Colombia en mayo pasado, cerca de 200.000 habían sido inscritos en el sistema educativo^(2). A su vez, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, al finalizar el 2020 se encontraban en territorio colombiano cerca de un millón ochocientos mil venezolanos, de los cuales un millón en condición irregular: 60 por ciento hombres y mujeres de 18 a 39 años de edad y 30 por ciento niños, niñas y adolescentes⁽³⁾.

Se trata de una realidad compleja con alto impacto para el país receptor, Colombia, que hasta enero del 2021 no había formulado una respuesta oficial a la altura de lo exigido, la cual según el presidente Duque queda expresada en el Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos (ETPv), presentado el pasado 8 de febrero.

Este anuncio le ha permitido a Duque “ganar una” en el campo diplomático e internacional, y con creces: el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia, Filippo Grandi, aseguró que era “un gesto emblemático para la región»; la representante en Colombia del Pnud⁽⁴⁾, Jessica Faieta, y el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aplaudieron la decisión; el nuevo Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y la Secretario General de la Ocde⁽⁵⁾, Ángel Gurría, felicitaron a Duque; la embajadora en Colombia de la Unión Europea, Patricia Llombart, respaldó la medida; y el Papa Francisco agradeció a Colombia⁽⁶⁾.

Hasta ahora no le había ido bien a Duque, ni mucho menos, en la percepción negativa que proyecta su gobierno en el exterior en materia de derechos humanos y del cumplimiento de los acuerdos de paz, a pesar de los esfuerzos e inversión que el ejecutivo nacional dice realizar para mejorar la situación.

El gobierno de Duque ha recibido fuertes cuestionamientos por la escalada de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos que en el 2020 sumaron más de 280⁽⁷⁾. Desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 entre el gobierno de Santos, en nombre del Estado colombiano, y las Farc (ahora partido Comunes), más de 240 excombatientes fueron asesinados⁽⁸⁾. De otro lado, ante las 60 masacres en el 2020 de campesinos, indígenas y afrocolombianos, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió al gobierno nacional tomar acciones concretas para proteger la población⁽⁹⁾.

Solidaridad, integración y reciprocidad

El Estatuto Temporal beneficiará a los venezolanos que están en situación regular y que no han podido acceder a la visa (entre otras razones por sus costos, que ahora se reducirían); a los solicitantes de refugio político; a quienes se encuentren en condición irregular siempre y cuando demuestren que llegaron antes del 31 de diciembre de 2020; y a quienes lleguen por pasos fronterizos formales en los dos años siguientes a la promulgación del decreto.

Ante la reciente noticia de la muerte violenta de dos migrantes venezolanos en Perú, que ha hecho sonar las alarmas sobre lo que podría ser una ola de violencia xenófoba⁽¹⁰⁾, este proceso legal y social que inicia Colombia podría servir de referencia a otros países andinos para gestionar con realismo los movimientos migratorios.

El estatuto tendrá vigencia de 10 años, los migrantes venezolanos deberán inscribirse en un registro único y solicitar el permiso de protección temporal. Esto tiene toda su lógica: hoy en día ningún Estado puede darse el lujo de recibir en su territorio un grupo poblacional, y menos tratándose de millones de seres, sin identificarlo y caracterizarlo. Es una condición “sine qua non” para efectos de la planeación, diseño y aplicación de las políticas públicas.

A su vez, el ETPv permitirá censar a los migrantes venezolanos “sin papeles” e incluirlos, junto con los que están en condición regular, en los programas de vacunación contra el covid-19; algo absolutamente necesario no sólo por el bien de ellos sino de todo el país.

La entrada en vigencia de la norma también contribuirá a la seguridad y lucha contra la delincuencia, en la medida en que en algo facilitará identificar y judicializar a los delincuentes de origen venezolano.

El hecho de que los migrantes venezolanos y de cualquier nacionalidad tengan “papeles en regla”, les permitirá buscar trabajo sin tener que hacerlo de forma irregular, pudiendo así tener una remuneración acorde con la legislación o hacer valer sus derechos si fuese el caso, y poco a poco integrarse a las sociedad colombiana.

A mediano plazo la inserción laboral de la población venezolana en Colombia contribuirá positivamente a la economía del país y a su crecimiento social y cultural, como sucedió con la migración de millones de colombianos hacia Venezuela a partir de los años 70, rasgo común en la historia de los países receptores de grandes flujos migratorios en distintas épocas.

Esto no significa que la informalidad laboral del país disminuirá, la cual, según el Dane, al finalizar el 2020 alcanzó la impresionante cifra de 47,7 por ciento para hombres y 48,5 por ciento para mujeres⁽¹¹⁾. Sólo la creación de empleo formal disminuye la informalidad, pero de acuerdo con la Andi la tasa de crecimiento económico en Colombia fue de menos 8 por ciento al finalizar el 2020, y aunque en el 2021 la economía logre recuperarse en algo, la nación está atravesando una recesión económica⁽¹²⁾.

Las obsesiones no son buenas consejeras

El 21 de diciembre pasado, Duque manifestó que no se vacunaría contra el covid-19 a la población migrante venezolana que estuviese en condición irregular, afirmando que de efectuarla ello provocaría una “estampida” de más venezolanos hacia la frontera pidiendo que los inmunizaran. Esta declaración fue rechazada por diversas organizaciones internacionales al considerar que era discriminatoria y antiética. Los seres humanos que han llegado, buscan “hacerle el quite” a la pobreza, a la falta de oportunidades y a la vida sin esperanza, negarles la vacuna es condenarlos a vivir en la exclusión.

Sin embargo, frente al riesgo epidemiológico que conlleva la presencia de un millón de migrantes no regulares a lo largo y ancho de la geografía nacional, Duque se vio obligado a reversar su posición: no vacunar esa población, que en gran proporción no tiene domicilio estable, ni acceso al sistema de salud, ni buena alimentación, sería un delito de lesa humanidad y un “bumerang” contra nosotros mismos, los colombianos. Tanto más que a la fecha, con cerca de 60.000 muertes, lamentablemente, Colombia ocupa el triste puesto número 20 entre los 194 países del mundo con más muertes por cada 100.000 habitantes⁽¹³⁾.

Cambiar de opinión cuando hay razones para ello es práctica de buena gobernanza. Frente a las urgencias de los colombianos residentes en Venezuela y de la población fronteriza colombo-venezolana, es igualmente imperativo un giro de posición por parte del gobierno colombiano (y venezolano). Es necesario reabrir los consulados y los pasos legales, y restablecer la comunicación y la cooperación en varios frentes, en particular en salud y seguridad.

Las obsesiones no son buenas consejeras, por encima de las ideologías priman los intereses de los compatriotas residentes en el extranjero y en la frontera.