Por Mauricio Trujillo Uribe
En palabras del ministro del Interior, Alfonso Prada, la reforma política busca “hacer realidad las medidas para garantizar una mejor representación ciudadana, una mejor calidad en la democracia colombiana y adicionalmente cumplir con los acuerdos de paz”. Ciertamente ésta es la cara del texto recientemente aprobado por el Senado, con avances en esa dirección.
En cambio, su sello nos remite a las limitaciones que tienen los congresistas cuando de legislar en causa propia se trata, cuando se es arte y parte. Pero tratándose de un acto legislativo que modifica la Constitución, la reforma política pasará a la Cámara de Representantes para dos debates más y tendrá otros cuatro en la siguiente legislatura, antes de su versión final. Así las cosas, veamos algunos de los interrogantes que surgen con lo hasta ahora aprobado.
Se autoriza a los congresistas ocupar altos cargos en el gobierno sin tener que renunciar un año antes, pues “los mejores cuadros, los mejores hombres y mujeres que vienen al Congreso, son también llamados a gobernar”, dice el senador Roy Barreras y presidente del Congreso. Suena interesante el experimento en un sistema presidencialista, no parlamentario. Pero preocupa que se vuelva una puerta giratoria entre el ejecutivo y el legislativo, y que atente contra la separación, independencia y equilibrio de los poderes, fundamento de nuestro sistema democrático.
Se establece, por dos períodos electorales, que los partidos sólo podrán inscribir listas cerradas de candidatos a las corporaciones públicas. El sufragante sólo podrán votar por el partido que desee como un todo, como colectividad política, no habrá voto preferente por un candidato específico de la lista. Se propende así por el fortalecimiento de los partidos y el desarrollo de la cultura política ciudadana.
Sin embargo, recordemos que la lista abierta se creó como reacción a la “dictadura del bolígrafo” que decidía en qué orden iban los candidatos en la lista cerrada, sabiendo que por cociente electoral los primeros puestos tienen más opción que los de atrás. En cambio, la lista abierta permite a un candidato, si obtiene los votos suficientes, salir electo cualquiera que sea su puesto en la misma.
El camino viable para “sanar” la conformación de las listas cerradas es entonces el establecimiento de mecanismos democráticos en el seno de los partidos. Al respecto, justamente, se introdujo un artículo que así lo establece, so pena de sanciones a los partidos que no cumplan. Pero curiosamente se hace una excepción para las primeras elecciones que tengan lugar a partir de la aprobación definitiva de la reforma, con lo cual los congresistas ya posicionados saldrían beneficiados.
De otra parte, se aprobó por dos períodos electorales que las listas cerradas deberán ser paritarias o en modo “cremallera”, con el fin de garantizar que hombres y mujeres salgan electos en la misma proporción. Sin duda se trata de un paso necesario y prometedor en una sociedad aún machista como la nuestra. Ello no quita por tanto, que candidatos hombres con reconocidos méritos se vean desplazados por candidatas con menor “puntaje” por el sólo hecho de ser mujeres. ¡Y viceversa!
Otro efecto de las listas cerradas se traduce en que la financiación de las campañas electorales la recibirá directamente el partido, no los candidatos. Un paso clave en favor de la transparencia electoral en un país en donde el financiamiento ilegal de las campañas tiene abultada historia. No obstante, a diferencia del proyecto de ley presentado inicialmente por el gobierno de Petro, que proponía una financiación enteramente estatal, la plenaria del Senado mantuvo la financiación pública y privada, arropándola con la frase “financiamiento predominantemente estatal”.
Es igualmente indispensable una reforma de las instituciones electorales que permita mejorar la organización de las elecciones y juzgar los delitos electorales de manera autónoma. El proyecto de ley presentado por los senadores Humberto de la Calle y Ariel Ávila, hundido en la Comisión Primera del Senado, aportaba elementos como la creación de una corte electoral, el remplazo del Consejo Nacional Electoral por un órgano independiente de los partidos y cambios a la Registraduría. Esta segunda reforma requerirá entonces el respaldo del gobierno, que en esta ocasión no tuvo.
14 de octubre de 2022
