Por Mauricio Trujillo Uribe
El pasado 14 de agosto se instaló en Caracas el cuarto ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz entre las delegaciones del Gobierno de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En un comunicado conjunto ambas partes declaran, entre otros puntos, que “el acto público realizado el pasado 3 de agosto en Bogotá muestra el desarrollo y los resultados positivos de los Acuerdos de Cuba”, en referencia a los acuerdos de participación social (“Proceso de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz”) y de cese al fuego.
En el acto público al que hace mención este comunicado, se instaló el Comité Nacional de Participación (CNP). Ese mismo día entró en vigor el cese al fuego bilateral por 180 días en todo el territorio nacional (CFBNT) entre la fuerza pública y esa guerrilla, enviando un mensaje de esperanza al país y, sobre todo, a la población víctima de la violencia y el desplazamiento en las zonas de conflicto.
El CNP está conformado por ochenta y una personas de treinta organizaciones sociales, grupos económicos, pueblos étnicos, movimientos asociativos e instituciones, entre otras diversas vocerías. Funcionará hasta febrero de 2024 y deberá realizar quince encuentros nacionales y nueve regionales que servirán para concretar su principal tarea: “diseñar la metodología de participación de la sociedad”, en palabras del jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, en aquel acto.
De acuerdo con el cronograma anunciado, esta metodología guiará los escenarios de participación social en la siguiente etapa, la cual irá hasta mediados de 2025 y tendrá por objetivo establecer un diagnóstico de los principales problemas nacionales y regionales del país, así como sistematizar y precisar las propuestas de solución a los mismos.
Esta etapa deberá desembocar en una tercera destinada a “pactar políticas y un plan integral de transformaciones con proyectos”, señala un documento de la Mesa. Al respecto, Antonio García, comandante del ELN, escribió en su cuenta de Twitter: “Podríamos decir que estamos ante un acontecimiento inédito para Colombia, poder contar con un escenario de debate democrático para realizar un diagnóstico sobre los problemas del país y luego construir como Acuerdo Nacional una Agenda de Transformaciones para Colombia”.
Es entendible que esa organización guerrillera, con casi sesenta años de existencia, que está demostrando estar comprometida en la búsqueda de la paz, quiera desarrollar un proceso de negociación según su propia visión. Como es igualmente comprensible que el gobierno nacional le apueste a la hoja de ruta trazada por la Mesa, reiterando que la participación de la sociedad en la construcción de salidas dialogadas a la violencia armada es parte esencial de su política de Paz Total.
Sin embargo, surgen interrogantes y preocupaciones. Me refiero al invisible reconocimiento de los aprendizajes y resultados de los espacios de participación de la sociedad civil instalados en el país en los últimos años. Así mismo, a los tiempos previstos para el desenvolvimiento de las distintas etapas. También, a las vagas o insuficientes declaraciones de los jefes del ELN sobre la clara y firme decisión de que al cabo de la negociación en curso esa guerrilla dejará las armas y actuará dentro de la legalidad.
¿En dónde quedan, entre otros eventos de participación ciudadana, los resultados y aprendizajes de los escenarios de participación de las comunidades, desde 2017, en el diseño y elaboración de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para 170 municipios? ¿Y qué decir de los contenidos y las lecciones aprendidas de los cincuenta y tres Diálogos Regionales Vinculantes (DRV) para el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026? Como bien señala el senador Iván Cepeda en reciente entrevista a la periodista María Jimena Duzán: “En materia de participación, no se puede inventar la rueda”.
Los principales problemas del país a nivel nacional han sido diagnosticados una y otra vez, como también hay propuestas de solución a muchos de ellos. Igualmente, en las regiones hay un acervo ganado al respecto. Es de sentido común que los aportes fruto de la participación social ya obtenidos, al menos últimamente, deben ser tenidos en cuenta en la segunda etapa. Lo que a su vez, permitirá ganar tiempo.
En efecto, el tiempo político apremia. No en vano el primer mandatario de Colombia ha instado al ELN a acelerar el paso para conseguir cuanto antes un acuerdo final. Así lo hizo ver Otty Patiño, jefe de la delegación del gobierno, en el acto de instalación del CNP: “No nos levantaremos de la mesa hasta conseguir el fin del conflicto armado y vamos a combinar celeridad y rigurosidad para alcanzar el acuerdo final”. Existiendo una real voluntad de alcanzar acuerdos y poner fin a la confrontación armada, es de esperar que el equipo negociador del ELN, así como el Comando Central de esa organización, actúen en consecuencia frente a un gobierno de izquierda favorable a la paz.
A su vez, construir una agenda de transformaciones y forjar un pacto nacional para su implementación es un desafío político enorme y lleno de obstáculos. Alcanzar un “Acuerdo Nacional” sobre una “Agenda de Transformaciones para Colombia” será mucho más difícil en la medida en que no haya un pronunciamiento claro y contundente de la dirección del ELN acerca del real propósito de esa organización de dejar las armas y aceptar la Constitución de 1991. Es ahora y sin ambages, y no después, que un tal pronunciamiento contribuirá a allanar en las mentes y los corazones del conjunto de la sociedad colombiana el camino hacia un acuerdo de paz entre Estado colombiano y el ELN.
20 de agosto de 2023
Imagen Galería presidencia.gov.co
