Las negociaciones comerciales de los países andinos y la Unión Europea, pueden ser un escenario privilegiado para obtener un compromiso sobre una agenda de diálogo y trabajo en los temas de la migración latinoamericana. Corresponde a los gobernantes latinoamericanos moverse en defensa de sus emigrantes, con una visión y exigencia de dignidad y respeto recíproco, concertación internacional y “codesarrollo”.
Mauricio Trujillo Uribe
París, 25 de septiembre de 2009
Las poblaciones inmigrantes han sido particularmente afectadas por la actual crisis económica internacional que desde el año pasado atraviesan muchas regiones del mundo globalizado. En Europa, esta crisis ha dejado sin empleo a más de dos millones de trabajadores que contaban con una relativa estabilidad laboral; la cobertura de la seguridad social se ha deteriorado; los problemas de cohesión social en los barrios populares de las grandes ciudades, en donde vive la inmensa mayoría de los inmigrantes, se han multiplicado; y en general se ha ido agrietando cada vez más el modelo europeo del “Estado benefactor”, al mismo tiempo que un sentimiento de inseguridad se ha instalado en amplios sectores de la sociedad.
Esta coyuntura económica de “vacas flacas”, se presta para el resurgimiento y la extensión de la discriminación hacia los inmigrantes: crecen las reacciones de recelo y temor al extranjero; el inmigrante pasa a ser percibido como alguien que “le quita” el empleo, los cupos en las escuelas y las oportunidades, a los nacionales; y en general se abre paso una serie de prejuicios fáciles contra quien “viene de afuera”.
Esta percepción equivocada e injusta del inmigrante ha sido utilizada electoralmente por la derecha europea. Sus sectores más conservadores señalan a la inmigración como una de las causas principales de los “males” que aquejan al Viejo Continente, propiciando en ciertos sectores de la ciudadanía reflejos simplistas y primarios. Pero lo cierto es que esta crisis económica también golpea, y de manera grave, a los propios inmigrantes, tanto a los legalmente instalados como a los “sin papeles”. Cientos de miles se han quedado sin empleo, sobre todo en los sectores de la construcción y de los servicios, en donde los extranjeros tienen presencia masiva. Ello se refleja a su vez, en una importante caída de las remesas hacia sus países de origen.
De otro lado, los medios de comunicación en la Unión Europea (UE) dan cuenta de un fenómeno migratorio creciente, en particular la entrada irregular de inmigrantes, y según los sindicatos y otras fuentes, se estaría produciendo un incremento de la economía informal alimentada en particular por los extranjeros desempleados, que podría convertirse, dicen, en un grave problema social a medio plazo. Sin embargo, según indicadores oficiales, la inmigración irregular en la UE ha disminuido drásticamente y a la vez, este ambiente hostil ha llevado a miles de inmigrantes a regresar a sus países de origen. Además, muchas de las personas que hoy emigran, lo hacen cada vez más hacia países distintos a Estados Unidos y a los del Viejo Continente, tal es el caso en América Latina en donde la tendencia de los flujos migratorios hacia Argentina, Costa Rica y Venezuela se ha disparado.
En todo caso, la población inmigrante en Europa es una de las primeras víctimas de la actual crisis económica. Y los gobiernos de la UE vienen tomando medidas que recortan los derechos de los emigrantes en materia de residencia e integración: así, en junio de 2008 el Parlamento Europeo aprobó la “Directiva del Retorno” y en julio de 2008 el Consejo Europeo adoptó el “Pacto de inmigración y asilo”.
La “Directiva del Retorno” y el “Pacto de inmigración y asilo”
La “Directiva del Retorno” es una norma que define los procedimientos de retención y expulsión de los inmigrantes en situación irregular (quien entró a la UE de manera clandestina, o llegó con autorización de residencia temporal y se quedó ilegalmente). Esta norma, conocida en América Latina como “la directiva de la vergüenza”, prevé que el inmigrante ilegal que se deje “pillar”, tendrá un plazo de entre 7 y 30 días para su repatriación voluntaria. Este período podrá ampliarse en función de sus circunstancias individuales (hijos escolarizados y otras). Cumplido ese tiempo, en caso de que el inmigrante no se vaya, éste podrá ser detenido por orden administrativa -antes tenía que venir de un juez- y confirmada judicialmente a posteriori. Una vez detenido, el inmigrante podrá pasar hasta 6 meses en un centro de internamiento -no una cárcel- mientras se surten los trámites para su expulsión, prorrogables hasta 18 meses si se complica su repatriación. ¡La norma también prevé que puedan ser expulsados los menores no acompañados! Sobre el papel, la persona retenida tendrá derecho a asistencia médica y legal gratuitas. Una vez expulsado, el inmigrante no podrá volver a la Unión Europea antes de 5 años.
Sobre el terreno, con frecuencia se escuchan graves denuncias sobre las condiciones deplorables y los maltratos que sufren los inmigrantes detenidos en esos centros de internamiento, además de que tienen prohibidas las visitas de familiares y allegados. En muchos casos las autoridades expiden al mismo tiempo la decisión de retorno y la orden de expulsión para evitar problemas de saturación en los centros, haciendo irrisorio en la práctica el derecho del afectado para interponer los recursos administrativos y legales propios de su defensa.
Por su parte, el “Pacto de inmigración y de asilo” es un acuerdo marco de la UE para limitar y regular los flujos de inmigración legal, mejorar los controles para evitar la entrada de inmigración clandestina, orientar la cooperación con los países terceros y sentar las bases comunes de una política de asilo.
El acuerdo limita y regula la inmigración legal “en función de las necesidades del mercado de trabajo y de las capacidades de acogimiento de los Estados miembros”. Se privilegia el ingreso de mano de obra calificada, de profesionales e investigadores, conforme a la tesis de la “inmigración escogida”. Y respecto a la situación de los millones de inmigrantes en situación irregular, el Pacto establece que los países miembros se limitarán a regularizaciones caso por caso, por motivos humanitarios o económicos, y se descarta las regularizaciones masivas. El texto incluye medidas entre los Estados miembros para prevenir la inmigración ilegal y, finalmente, el acuerdo promueve un “procedimiento único de asilo”.
Nuevas políticas discriminatorias
Tanto la “Directiva del Retorno” como el “Pacto de inmigración y asilo” dan plazo a los países de la UE hasta el 2011 para poner al día sus legislaciones en conformidad con los dos textos, aun cuando los países que tengan leyes más favorables a los derechos de los inmigrantes no están en la obligación de aplicarlos. Pero transcurrido más de un año desde su aprobación, queda claro que la mayoría de los Estados de la comunidad adaptarán sus ordenamientos jurídicos con celeridad y que endurecerán sus políticas frente a los inmigrantes, llegando incluso en algunos casos a expedir leyes que rayan en la xenofobia: argumentan que “la actual recesión de la economía hace necesaria una mayor regulación de la inmigración; que es imperativo afrontar de forma homogénea y coordinada el fenómeno migratorio con especial énfasis en los procedimientos de expulsión; que no hacerlo sería una gran irresponsabilidad y no beneficiaría a los inmigrantes irregulares que serían los primeros perjudicados al quedar a merced de las mafias; que no se puede hacer creer a las personas que pueden vivir en una especie de limbo jurídico, puesto que eso, a la larga acarrea muchos más perjuicios que beneficios”.
Así, por ejemplo, en España el Parlamento discute actualmente un proyecto de “Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros” que limita la reagrupación de los abuelos, sólo podrán residir aquellos que sean mayores de 65 años, luego de que su familiar tenga una residencia de 5 años en el país; se aumentan de 40 a 60 días el período máximo de internamiento de los extranjeros sin papeles; y se castiga con multas hasta de 10.000 euros a los que ayuden a permanecer en situación irregular a un extranjero. Aun cuando también hay que precisar que el proyecto de ley contempla algunas medidas garantistas en favor de los inmigrantes, como el tratamiento a las víctimas de la violencia de género en situación irregular.
En Italia, el Parlamento aprobó una ley que amplía, con base en la “Directiva del Retorno”, la retención de inmigrantes irregulares hasta sus plazos máximos. Además convierte en delito la inmigración irregular, castiga con penas de cárcel ciertas ayudas humanitarias a los inmigrantes ilegales, y autoriza las patrullas ciudadanas para colaborar con la policía en su búsqueda y detención. Afortunadamente, gracias a la oposición decidida de los médicos italianos, quedó por fuera de la ley la obligación de denunciar a los inmigrantes sin papeles que lleguen a los hospitales.
De esta manera, la “Directiva del Retorno” y el “Pacto de inmigración y asilo” contribuyen a reforzar un ambiente adverso al inmigrante, atentan contra algunos de sus derechos fundamentales y provocan una situación injusta frente a los millones de inmigrantes en situación irregular que han llegado buscando trabajo y mejor vida, que llevan años trabajando e integrándose, esperando una oportunidad de ser regularizados.
La inmigración se ha convertido igualmente en un arma electoral: la ola populista que recorre a Europa endurece su discurso culpabilizando a los inmigrantes, lo cual tiene consecuencias inmediatas sobre las políticas de integración y el porvenir de las poblaciones inmigrantes, amenazando incluso fundamentos del Estado de derecho.
Respuestas desde Latinoamérica
Varios presidentes y dirigentes de países latinoamericanos han manifestado su desacuerdo con la normativa impulsada en el Viejo Continente. De hecho, se está trabajando en el marco de la UNASUR un reclamo conjunto a la Unión Europea.
Pero más allá, las negociaciones comerciales de los países andinos y la UE, pueden ser un escenario privilegiado para obtener un compromiso sobre una agenda de diálogo y trabajo en los temas de la migración latinoamericana. Corresponde a los gobernantes latinoamericanos moverse en defensa de sus emigrantes, con una visión y exigencia de dignidad y respeto recíproco, concertación internacional y “codesarrollo”.
Mauricio Trujillo Uribe
París, 25 de septiembre de 2009
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Foto: Mundo Ejecutivo Express
