La política migratoria europea refleja una visión defensiva, en contravía de una visión integral en donde primen estrategias de integración, cooperación y reciprocidad. Es la política con acento en las cifras, aumentar al máximo el número de expulsiones y disminuir al máximo el número de permisos de residencia; los inmigrantes se vuelven números.
Mauricio Trujillo Uribe
París, 1 de octubre de 2008
Cuatro grandes temas son hoy prioritarios en la agenda de la Unión Europea -UE: energía, inmigración, seguridad y desarrollo sostenible. En ellos, los 27 países miembros de la comunidad adelantan una vasta dinámica de armonización de las políticas y de la normatividad. En el tema de la inmigración, dos hechos recientes revisten gran importancia: el primero, la aprobación de la “Directiva del Retorno” por el Parlamento Europeo en junio de 2008; el segundo, la adopción del “Pacto europeo de inmigración y de asilo” en la reunión de ministros del Consejo Europeo en julio de 2008, el cual será ratificado en octubre de 2008.
La “Directiva del Retorno” es una norma que define los procedimientos de retención y expulsión de los inmigrantes en situación irregular (la persona que entró de manera clandestina a la UE, o que llegó con autorización de residencia temporal, o como turista, y se quedó de manera ilegal). Por su parte, el “Pacto europeo de inmigración y de asilo” es un acuerdo marco para limitar y regular los flujos de inmigración legal (con autorización de residencia), mejorar los controles para evitar la entrada de inmigración clandestina, orientar la cooperación con los países terceros y sentar las bases de una política de asilo.
El Pacto ha tenido un perfil bajo en los medios de comunicación. La opinión pública europea está poco enterada y en otras regiones del mundo casi no lo conocen, a pesar del impacto que tendrá sobre los emigrantes en la UE a partir de 2010.
Un contexto adverso al inmigrante
Tanto la Directiva como el Pacto han ganado espacio político en medio de la crisis económica que atraviesa la Unión Europea. Persiste el alto desempleo, golpeando sectores de trabajadores que antes contaban con relativa estabilidad laboral; se deteriora la cobertura de seguridad social; se agudizan los problemas de cohesión social en los suburbios de las grand
es ciudades; crece el sentimiento de inseguridad; y en general se agrieta cada vez más el modelo europeo del “Estado benefactor”.
De otra parte, actualmente hay más de 14 millones de inmigrantes legales y cerca de 8 millones de inmigrantes en situación irregular, según la Comisión Europea. Y se estima que a partir de 2007 están entrando a la Unión Europea alrededor de 1.5 millones de inmigrantes clandestinos por año, siendo Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, los países que reciben la mayor parte.
En medio de estas dosrealidades, crisis económica y un fenómeno migratorio creciente, los sentimientos de recelo y temor al extranjero se instalan en el imaginario de sectores de la ciudadanía: en épocas de “vacas flacas” el inmigrante deja de ser visto como alguien que es mano de obra barata y asume los trabajos penosos, lo que de por sí es una visión sesgada y excluyente, para ser percibido como alguien que “le quita” empleo a los nacionales, ocupa cupos en los jardines y escuelas, trae inseguridad y otras ideas fáciles que terminan volviéndose prejuicios en mucha gente.
Esta percepción equivocada del inmigrante ha sido acicateada, cuando no promovida, y en todo caso utilizada electoralmente, por la derecha política europea. Sus sectores más conservadores acusan la inmigración de ser una de las causas principales, e incluso la causa principal, según la extrema derecha, de los “males” que aquejan al viejo continente, y propiciando en las poblaciones reflejos simplistas y primarios en contra los extranjeros, y hasta de xenofobia en ciertos casos.
El hecho reciente más grave fue la aprobación en Italia, en julio de 2008, de una ley que tipifica la inmigración clandestina como delito, con penas de 6 meses a 4 años de prisión, y hace posible la confiscación de los apartamentos alquilados a los inmigrantes clandestinos, entre otras medidas draconianas. Durante su campaña electoral el actual presidente Berlusconi, conocido por su talante de derecha populista, y que sucedió al presidente Prodi de centro izquierda, había prometido esa ley.
Los partidos de la izquierda europea, en cambio, han tenido una actitud solidaria ante el inmigrante. Saben que las causas fundamentales del déficit de la seguridad social, de los insuficientes recursos de la educación pública, del aumento de los años para obtener la jubilación, de la deslocalización de empresas en Asia, de los disturbios y quema de carros en los suburbios y, en general, de los “males” económicos y sociales de la comunidad, no tienen que ver con la presencia de los extranjeros.
Saben también que si la inmigración es un fenómeno social que viene aumentando notoriamente, en una época en que el transporte facilita el desplazamiento de millones de personas y los medios de comunicación permiten percibir y hacerse ilusiones de cómo viven otras sociedades del planeta, las causas de la misma no hay que encontrarlas en las personas que migran, sino principalmente en el desequilibrio económico y de nivel de desarrollo entre las regiones del mundo.
Por su parte, frente a la amplitud del empleo masivo de inmigrantes en situación irregular, en particular en los sectores de hoteles, restaurantes y servicios domésticos, hecho que las autoridades públicas no podían ignorar tratándose de una situación que lleva años, las organizaciones sindicales han salido en defensa de los derechos laborales de estos millones de asalariados, al igual que numerosas asociaciones de solidaridad y defensa de los “sin papeles”.
Lo anterior no significa que la migración masiva no traiga sus propios problemas (para los países receptores y los de origen), aún más tratándose de inmigración clandestina, ni que éstos puedan ser ignorados por la sociedad, tanto menos por los partidos políticos y los gobiernos. Ni significa que la izquierda deba callar ante estos temas por temor a “hacerle el juego a la derecha”. Esto ha ocurrido en numerosas situaciones hasta hace poco tiempo, y en parte sigue ocurriendo, dejándole el espacio a la derecha que gana consenso entre la ciudadanía con el “coco” de la inmigración.
La Directiva del Retorno o “Directiva de la Vergüenza”
En Europa, organizaciones no gubernamentales y de defensa de los derechos humanos han llamado la Directiva del Retorno, la “Directiva de la Vergüenza”. Y en América Latina hubo numerosos pronunciamientos de rechazo, incluyendo los de los presidentes Chávez, Correa y Morales. Pero qué dice realmente la Directiva del Retorno? ¿Son justificados tantos “rayos y centellas” contra la norma? Miremos rápidamente lo esencial de su texto:
- La norma promueve el retorno voluntario del inmigrante en situación irregular como la primera opción. La persona que se le notifique la orden de «retorno» tendrá de 7 a 30 días para dejar el país, salvo que tenga en curso una solicitud de residencia o de asilo. Este plazo podrá ampliarse en función de sus circunstancias individuales (hijos escolarizados y otras).
- Si el inmigrante no se va voluntariamente, o en caso de que «haya argumentos fundados para creer que hay riesgo de fuga», las autoridades podrán trasladarlo a un centro de retención por un período máximo de 6 meses, mientras se surten los trámites legales para regresarlo a su país. La orden de retención podrá ser expedida por autoridad judicial o administrativa. En este último caso, el inmigrante podrá solicitar que la decisión se someta a control judicial. La persona retenida tendrá derecho a asistencia médica, lingüística y legal gratuitas.
- Si el inmigrante no coopera (por ejemplo, si oculta su procedencia o su identidad), o si el país tercero (el país de origen o de tránsito del inmigrante irregular) no facilita el retorno, se podrá prorrogar la retención hasta 12 meses máximo, con el fin de completar el trámite legal.
- Los menores podrán ser retenidos “como último recurso y por el menor tiempo posible» y expulsados aún si no están acompañados, “siempre y cuando sus familias o un centro de acogida se ocupen de ellos a su llegada”.
- Finalmente, la norma prohíbe el reingreso del inmigrante expulsado a la Unión Europea por 5 años. No se le podrá repatriar a un país tercero en donde su vida o libertad estén amenazadas.
La norma fue aprobada por dos tercios de la votación en el Parlamento Europeo, dominado por la derecha. La alianza de partidos Izquierda Unida y los partidos Verdes votaron contra la Directiva oponiéndose a su articulado en bloque y al espíritu de la misma. Por su parte, los partidos de izquierda socialista propusieron que se suprimieran dos artículos, el que autoriza la retención y expulsión de menores y el que se refiere a los 12 meses de retención suplementaria, como condición para votar la norma favorablemente.
En efecto, la izquierda socialdemócrata no se opuso a la Directiva como tal por considerar que el tratamiento de la inmigración irregular no puede dejar de incluir el derecho del Estado a utilizar la coerción. Pero al no conseguir la supresión de tales artículos, los socialistas terminaron votando contra la norma en su conjunto, salvo el Partido Socialista Obrero Español que votó en favor de la misma, aun cuando con honrosas excepciones de algunos de sus euro-diputados.
En la posición del PSOE influyó seguramente su condición de partido de gobierno que se encuentra bajo los proyectores de la sociedad española que rechaza, “apoyada” por los medios, la llegada a las costas ibéricas de numerosos botes con inmigrantes clandestinos. Además el PSOE está confrontado a la crítica de la derecha española que ha utilizado ampliamente este hecho para atacar al gobierno de Zapatero y tratar de levantar en la ciudadanía una barrera de sentimientos contra la inmigración.
Ciertamente, la Directiva del Retorno comporta una regresión de los derechos de los inmigrantes en situación irregular. En particular, ella atenta contra los menores, una población vulnerable, los cuales pueden ser retenidos solos y expulsados sin sus familias. Sorprende que esta medida repudiable, contraria al “Convenio de los Derechos del Niño” firmado por los Estados miembros de la UE, no ha sido la más polémica. La denuncia de la norma se ha centrado principalmente en el hecho de que el inmigrante puede ser retenido hasta por 18 meses, un período equivalente al de una condena por un delito grave, no obstante que aquel no ha cometido ninguno, aún si la norma prevé que la expulsión se hará en los primeros 6 meses de retención y que ésta se prolongará sólo en casos excepcionales.
Es necesario precisar dos hechos: de un lado, actualmente el período máximo de retención varía en la UE: 32 días en Francia, 60 días en España y 18 meses en Alemania. En 7 países, entre ellos Holanda y Reino Unido, no hay período máximo, el inmigrante en situación irregular puede ser internado de forma indefinida. En este sentido, la Directiva representa un avance en favor de los inmigrantes en un cierto número países europeos. De otro lado, los Estados miembros tienen hasta 2010 para adaptar sus legislaciones; aquellos con legislaciones más desfavorables deberán imperativamente adoptarla.
En cambio, los Estados que tienen una legislación más favorable pondrán conservarla si lo desean. Tal es el caso de España y Francia, cuyos gobiernos ya anunciaron que no modificarán sus actuales legislaciones. Pero más allá de los aspectos legales, la retención es un trauma humano para la persona que llegó buscando trabajo y mejor vida, cualquiera sea el tiempo que dure.
A su vez, la Directiva del Retorno contribuye a reforzar el ambiente adverso al inmigrante y, sobre todo, es profundamente injusta frente a los millones de inmigrantes en situación irregular que llevan años trabajando e integrándose, esperando una oportunidad de ser regularizados.
El Pacto europeo de inmigración o “Pacto de la inmigración escogida”
El “Pacto europeo de inmigración y de asilo” parte de un principio, la política de inmigración debe ser un componente fundamental de las relaciones exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea. Veamos sus puntos centrales:
- En primer lugar, el acuerdo limita y regula la inmigración legal “en función de las necesidades del mercado de trabajo y de las capacidades de acogimiento de los Estados miembros”. Se privilegia el ingreso de mano de obra calificada, de profesionales e investigadores, conforme a la tesis de la “inmigración escogida”, defendida por el gobierno francés y su presidente Sarkozy.
- Como condición previa a su regularización, los inmigrantes tendrán que aprender la lengua del país de acogida. En cambio se descartó, por oposición de Madrid, el “contrato de inmigración” propuesto por París, que pretendía hacer firmar a los inmigrantes un contrato que hacía imperativo adquirir conocimientos básicos de las instituciones del país de acogida, así como el compromiso de respetar los “valores europeos” de civismo y ciudadanía, igualdad entre géneros y tolerancia.
- En cuanto a la situación de los millones de inmigrantes en situación irregular en la Unión Europea, el Pacto establece que los países miembros se limitarán a regularizaciones caso por caso, por motivos humanitarios o económicos, y no por regularizaciones en general.
- El texto incluye medidas entre los Estados miembros para prevenir la inmigración ilegal: visas biométricas, coordinación de expulsiones, mayores sanciones a quienes emplean indocumentados, cooperación con los países terceros para luchar contra las mafias de tráfico de personas, y otras.
- Finalmente, el acuerdo promueve un “procedimiento único de asilo”. Actualmente hay diferencias notorias, por ejemplo, la tasa de solicitudes aprobadas para los nacionales iraquíes varía de 80% en Alemania a 10% en Reino Unido.
De esta manera, los gobiernos europeos pretenden con el Pacto reducir el flujo de inmigrantes regulares y que los que sean autorizados correspondan a las necesidades económicas y demográficas de los países de acogida. Frente a los extranjeros indocumentados se advierte un viraje radical en su tratamiento, teniendo en cuenta que hasta hace poco, al menos bajo gobiernos de izquierda, se produjeron regularizaciones masivas: 700.000 en España en 2005 y 500.000 en Italia en 2006. En adelante, según el Pacto, las regularizaciones se harán individualmente, una por una y “con lupa”.
Una visión defensiva y proteccionista
En un contexto de globalización mundial como el que vivimos la “Directiva del Retorno” y el “Pacto europeo de Inmigración y de asilo” reflejan una visión defensiva y proteccionista frente a la población inmigrante, con acento en medidas represivas, a diferencia de una visión integral en donde primen estrategias de integración, cooperación y reciprocidad. Es la política de las cifras, aumentar al máximo el número de expulsiones y disminuir al máximo el número de permisos de residencia; los inmigrantes se vuelven números, tal es la política migratoria a la que le apuesta la mayoría de la derecha europea.
Pero en los tiempos que corren parecería que las élites y las poblaciones europeas han perdido la memoria y la sensibilidad: gran parte de la riqueza acumulada por los países europeos se originó en sus antiguas colonias, hoy con importantes flujos migratorios hacia Europa; en el siglo XX, los países terceros acogieron con hospitalidad a millones europeos, en particular en las Américas; la brecha entre países ricos y pobres se mantiene, en gran medida por el intercambio desigual en favor de los primeros, propiciando la migración hacia éstos; la mayoría de los inmigrantes ejercen trabajos duros que los nacionales no quieren; ellos aportan con sus remesas bienestar a sus familias en sus países de origen; y gracias a la inmigración, Europa revierte las tendencias de envejecimiento demográfico, como bien lo explica la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
Desde luego, estos argumentos históricos, éticos y económicos, o el hecho de que estemos en un mundo de “libre circulación de mercancías y capitales”, o que el artículo de la Declaración de los Derechos Humanos reza “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, no implica que los Estados, cualquiera sea, deban y puedan aceptar a todos los inmigrantes, y menos cualquiera sea su manera de llegar.
No hay planificación estatal que valga en materia de seguridad social, vivienda, educación y servicios públicos, si una parte importante de la población es “invisible”, o si es “visible” pero llega al país en gran volumen, en tiempos relativamente cortos y de manera aleatoria. Tampoco se puede ignorar que la inmigración ilegal afecta la legal y que la migración “a chorros” vulnera la cohesión social.
Sin embargo, la “Directiva del Retorno” y el “Pacto europeo” no aportan soluciones realistas a una inmigración masiva y creciente. Basta, por ejemplo, con calcular el número de inmigrantes irregulares respecto al número anual que puede ser repatriado a sus países de origen o ser regularizado “caso por caso”, para ver que se necesitarían decenas de años para regresarlos o legalizarlos.
En cambio, dar la prioridad a las políticas de regularización colectiva de inmigrantes en situación irregular, por segmentos, teniendo en cuenta su tiempo de permanencia en el territorio europeo, su situación laboral y familiar y sus nexos sociales, puede conducir a resultados sostenibles.
Otras alternativas permiten contribuir a disminuir el nivel de migración, como los estímulos al regreso voluntario, en condiciones dignas. En España, por ejemplo, en razón de la desaceleración de la economía nacional, el gobierno socialista ha lanzado un plan de retorno proponiendo un monto de dinero a los trabajadores extranjeros en situación regular.
Sólo un enfoque global, que parta del hecho de que la pobreza en los países terceros es hoy la causa principal de las migraciones, y que ellas perdurarán tanto tiempo como se mantengan las grandes diferencias de desarrollo entre las diversas regiones del mundo, permitirá el diseño de políticas adecuadas. Éste ha sido el enfoque en discusión de las conferencias Euro-Africanas de 2006, de las cumbres de América Latina y la Unión Europea y de diversos encuentros norte-sur y norte-este.
Un Acuerdo de política migratoria América Latina – Unión Europea
Según diversos estudios, los “latinos” en la Unión Europea son actualmente más de 6 millones, en su mayoría jóvenes y mujeres. Su número ha aumentado en los últimos años, luego que los drásticos controles de entrada a los Estados Unidos tras el “11 de septiembre” de 2001, hicieran que olas de inmigrantes latinoamericanos se dirigieran hacia el viejo continente.
Su presencia en territorio europeo es tan importante para los Estados miembros de la Unión Europea como para los de América Latina; de un lado, ellos se integran con relativa facilidad a la “cultura europea” y, como dijo el presidente de Bolivia, llegan “para contribuir a la prosperidad, no para aprovecharse de ella”. Del otro lado, sus remesas representan hoy en día, junto con las de Estados Unidos, una de las dos principales fuentes de ingresos de sus países de origen.
Las negociaciones que adelantan la Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea con miras a firmar un “Acuerdo de asociación”, representan un escenario privilegiado para obtener un compromiso sobre una agenda de diálogo y trabajo en los temas de la migración latinoamericana. En particular, para proponer a la Unión Europea una hoja de ruta que conduzca a un Acuerdo específico en materia de política migratoria, respetuosa de los derechos humanos y benéfica para ambas partes.
En Colombia, el Polo Democrático Alternativo debe incorporar a su plataforma programática y electoral un conjunto de medidas multilaterales en favor de los colombianos y colombianas en el exterior. En materia de derechos sociales de los inmigrantes, propugnar por que el Ministerio de Relaciones Exteriores coordine esfuerzos con los países latinoamericanos para extender el convenio firmado con España sobre la seguridad social y la jubilación a otros países de Europa. En materia de remesas, abogar por el establecimiento de instrumentos financieros respaldados por los Estados de ambas partes, que abaraten los costos de envío de las mismas. En materia de recursos humanos, promover el diseño de un programa de cooperación con la Unión Europea para la participación de los emigrantes en el desarrollo del país y el aprovechamiento de «cerebros fugados».
La Unión Europea no está contra la inmigración regular, por el contrario, la necesita. Y frente a la inmigración irregular, las realidades tozudas terminarán por imponerse sobre el voluntarismo de los dirigentes y parlamentarios europeos. La visión defensiva y proteccionista de las políticas migratorias deberá darle paso, más temprano que tarde, a otra visión en las que primen estrategias de integración, cooperación y reciprocidad. Nos corresponde a los latinoamericanos, y por tanto a los colombianos y colombianas, y a nosotros como polistas, movernos en defensa de nuestros nacionales emigrantes, una meta en donde van de la mano soberanía nacional y concertación internacional.
Fuentes consultadas: CAN, www.comunidadandina.org; Consejo de Europa, www.coe.int; Gobierno de Francia, www.premier-ministre.gouv.fr; Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, www.oecd.org; Parlamento Europeo, www.europarl.europa.eu; Pronunciamientos oficiales de los presidentes de Bolivia, Ecuador y Venezuela.
Mauricio Trujillo Uribe
París, 1 de octubre de 2008
Texto que sólo compromete a su autor, de libre difusión, citando la fuente, el autor y publicando fiel copia del mismo
Fuente Artículo revista Nueva Gaceta.
Imagen: El País, España
