En texto exclusivo para CAMBIO, Mauricio Trujillo Uribe analiza el impacto que tiene en el mundo la solicitud de arresto contra el primer ministro israelí, su ministro de defensa y los tres líderes del movimiento de resistencia islámica, Hamas, hecha por Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, así como los argumentos que este esgrimió para hacer dichas solicitudes.
Por: Mauricio Trujillo Uribe
21 de mayo de 2024
En un hecho sin precedentes, siete meses después de que Israel inició su ofensiva militar en Gaza con el propósito de acabar con Hamas, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó el lunes cinco órdenes de arresto: dos contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y su ministro de defensa, Yoav Gallant, y tres contra Yahya Sinwar, jefe del Hamas, Ibrahim al Masri, comandante en jefe del ala militar de Hamas e Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política de Hamas, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza e Israel.
Israel invadió Gaza en respuesta al ataque de Hamas (Movimiento de Resistencia Islámica) en territorio fronterizo israelí, el pasado 7 de octubre, ataque que dejó, según las autoridades israelíes, 1.140 personas asesinadas, la mayoría niños y mujeres, y 250 civiles como rehenes. A su vez, según las autoridades gazatíes, el ejército de Israel ha matado en Gaza más de 35.000 palestinos y herido más de 78.000, la mayoría mujeres y niños, y ha destruido más de 200.000 viviendas, 26 hospitales, 12 universidades, 56 escuelas y casi toda la infraestructura de servicios de la franja. Según organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales, la ofensiva israelí ha desencadenado una crisis humanitaria para la población de dos millones y medio de habitantes, desplazando el 80 por ciento y dejando a la mitad al borde de la hambruna.
La solicitud del fiscal será presentada a tres jueces de instrucción de la CPI que deberán tomar una decisión en los próximos dos meses. Israel no es miembro de este tribunal internacional ni reconoce su jurisdicción, como tampoco Estados Unidos, Rusia y China. Sin embargo, la CPI tendría competencia para investigar y juzgar los posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por ambas partes, luego de que en 2015 aceptó a Palestina como miembro, después de que la Asamblea General de la ONU le concediera el status de “estado observador y de que, en diciembre pasado, Suráfrica presentara una denuncia contra Israel por genocidio. En el primer caso, porque se trata de palestinos que llevaron a cabo el ataque en Israel y en el segundo porque puede perseguir a quienes cometan este tipo de crímenes en territorio palestino.
El fiscal de la CPI afirma que tiene “motivos razonables para creer” que Sinwar, Masri y Haniyeh son responsables del “asesinato de cientos de civiles israelíes en ataques perpetrados por Hamas”. “En opinión de mi despacho, estas personas planearon e instigaron la comisión de crímenes el 7 de octubre de 2023, y han reconocido, a través de sus propias acciones, incluidas visitas personales a los rehenes poco después de su secuestro, su responsabilidad en dichos crímenes”, dijo.
Respecto a Netanyahu y Gallant, afirmó tener “motivos razonables para creer” que los dirigentes israelíes tienen responsabilidad por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, “incluyendo el uso de la inanición como arma de guerra y dirigir intencionalmente ataques contra la población civil”. Considera que las pruebas reunidas -entrevistas con supervivientes y testigos presenciales, fotografías, vídeos, audios e imágenes satelitales autenticadas- demuestran que Israel “ha privado de forma intencionada y sistemática a la población civil de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia”.
La CPI es la única instancia internacional con competencia para procesar a individuos con altos cargos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. No cuenta con policía propia, por ello depende de sus 124 países miembros para efectuar las detenciones. Los presuntos responsables son trasladados a La Haya para comparecer penalmente. De confirmarse las órdenes de arresto, los dos dirigentes de Israel y los tres líderes de Hamas podrían ser detenidos cuando viajen a alguno estos países, entre ellos la mayoría de los de Europa, que hacen parte del tribunal.
La reacción de Israel no se ha hecho esperar, el primer ministro israelí calificó la solicitud del fiscal de “escándalo” afirmando que “no lo detendrá” en su objetivo de eliminar a Hamas y asegurando que «no hay alternativa alguna a la victoria militar». Ya el pasado 26 de abril, Netanyahu había declarado que cualquier intervención de la CPI “sentaría un peligroso precedente que amenazaría a los soldados y funcionarios de todas las democracias que luchan contra el terrorismo salvaje y la agresión gratuita”. Voceros de su gobierno tildaron el pedido de «infundado libelo de sangre», reiterando que las fuerzas armadas israelíes hacen todo lo posible por proteger a los gazatíes.
Todo ello ha acentuado la división en la cúpula del poder israelí frente al hecho de que al parecer los combatientes de Hamas se han reagrupado en el norte del territorio donde el gobierno había asegurado que el grupo había sido neutralizado y acerca del estatuto de la Franja de Gaza después de la guerra.
