El próximo domingo 26 de octubre los colombianos y colombianas podrán participar en la consulta del Pacto Histórico -que reúne a las fuerzas de izquierda y progresistas que apoyan al gobierno de Petro-, mediante unas elecciones organizadas por la Registraduría Nacional en todo el país.
Esta jornada tiene un importante significado: definirá el candidato presidencial de este sector –entre el senador Iván Cepeda y la exministra de salud Carolina Corcho- y la conformación de sus listas al Senado y Cámara de Representantes, para el período 2026 a 2030.
La consulta solo lleva el aval del Polo Democrático, uno de los partidos del Pacto Histórico. Esto para evitar que la candidata o candidato presidencial que resulte electo se vea impedido legalmente de participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026, en la cual se escogerá el candidato presidencial de un frente político más amplio, de centro izquierda.
Esta consulta permitirá a los adherentes y simpatizantes del Pacto Histórico decidir quiénes los representarán en las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, un ejercicio tradicionalmente reservado al bolígrafo de las élites partidistas y en el que muchos de los ya instalados en las poltronas del Congreso suelen alegar “derechos adquiridos”.
Las listas del Pacto Histórico para las elecciones del Congreso serán “cerradas y en cremallera” en aras de asegurar la coherencia programática y la equidad de género, y de consolidar un proyecto colectivo. La lista cerrada otorga ventaja a los primeros puestos, cuyo orden se establecerá según la votación que obtengan este domingo los candidatos.
Desde luego, unos y otros candidatos reflejan diversas posturas alrededor de temas sensibles, las cuales no han sido suficientemente conocidas en razón, principalmente, de debates y espacios de comunicación limitados. Así las cosas, es importante saber qué piensan los candidatos y candidatas sobre tres asuntos de particular relevancia nacional:
Si usted es electo, ¿cuál será su posición respecto a disminuir el salario de los congresistas?
En efecto, reducir los salarios de los congresistas encarna una de las demandas sociales más sentidas y reiteradas de la última década. Desde 2015 se han presentado sin éxito más de veinte iniciativas legislativas para disminuir la remuneración de senadores y representantes, evidenciando la resistencia estructural del Congreso a autorregular sus propios privilegios.
Actualmente, un congresista percibe cerca de !52 millones de pesos mensuales, o sea, ¡alrededor de 40 salarios mínimos! Esta desproporción afecta la credibilidad del Congreso. Si comparamos lo que ganan aproximadamente los congresistas en la región respecto al salario mínimo de sus países, vemos el vergonzoso altísimo ingreso de nuestros “padres de la patria”. Por ejemplo, en Ecuador y México reciben 10 salarios mínimos, 11 en Panamá, 14 en Perú y Chile.
Reducir el salario de los congresistas es un gesto de coherencia política y ética pública. Significa reconocer que la misión legislativa es la de servir al país, con austeridad. Cada intento de reforma ha naufragado en la misma contradicción: son los propios beneficiarios quienes deben votar la disminución de su ingreso.
Si usted es electo ¿cuál será su posición respecto a la “Paz Total”?
La política de Paz Total constituye uno de los proyectos centrales del gobierno de Petro. Pretende terminar con todos los conflictos armados del país, negociando o sometiendo a la justicia a guerrillas y grupos de narcotraficantes y economías ilícitas –que al parecer sus negocios se diferencian cada vez menos. Aborda todos los frentes simultáneamente: diálogo y negociación con el ELN y disidencias de las antiguas FARC, y sometimiento a la justicia de estructuras criminales. Un proceso acompañado de una intervención estatal en los territorios excluidos y de confrontación.
Sin embargo, tras tres años de implementación, la Paz Total atraviesa una crisis de resultados y credibilidad, aunque en ciertos casos ha permitido aliviar la situación humanitaria de la población y avanzar en acuerdos de destrucción de material bélico. Diversos informes documentan un aumento del número de combatientes de los grupos ilegales y de su control territorial en regiones como Cauca y Catatumbo, entre otras. En esta última, más de 60.000 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado este año. A su vez, todo indica que los ceses al fuego han sido aprovechados por los grupos para fortalecerse.
Si usted es electo ¿cuál será su posición respecto a una reforma constitucional?
Durante su mandato, el presidente Petro ha planteado en varias ocasiones una reforma de la Constitución de 1991. En marzo de 2024 propuso convocar una Asamblea Nacional Constituyente como instrumento de cambio estructural. Antier volvió sobre el tema: “Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá este viernes [24 de octubre] para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”. Y su ministro de justicia acaba de anunciar un proyecto de ley sobre dicha convocatoria para “derrotar el bloqueo institucional que impide el progreso”.
Si la convocatoria es de iniciativa del Ejecutivo, el proceso pasa por la aprobación del Congreso. Si es por recolección de firmas, como iniciativa popular, también requiere la aprobación del Congreso para luego ser sometida a referéndum. ¿Se trata de “reformar la totalidad de la Constitución Política”, como lo plantea el ministro, o de reformas sobre temas delimitados y con líneas rojas para evitar encontrarnos ante una “caja de pandora”?
En síntesis, la consulta del Pacto Histórico trasciende su ejercicio de democracia interna. Los colombianos queremos saber qué piensan los candidatos de las elecciones del próximo domingo sobre estos tres temas, entre otros, que son desafíos de país. Responderlas con claridad implica reconocer que la democracia se construye con coherencia entre el discurso y la práctica.
