La toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 por el M-19 dinamitó el proceso de paz y la apertura democrática que impulsaba el presidente Belisario Betancur. A través de recuerdos personales el autor se asoma al contexto político que rodeó esta tragedia nacional, en donde la insensatez guerrillera cruzó la frontera entre rebelión y terrorismo, y la respuesta desproporcionada y bárbara de la retoma por la fuerza pública buscó liquidar al comando asaltante a cualquier costo. Pero el mundo da muchas vueltas.
Hace cuarenta años, el 6 de noviembre de 1985, me encontraba en el Palacio de San Francisco de Bogotá, sede de la Asamblea de Cundinamarca y del gobierno departamental, cuando escuché que el Palacio de Justicia, a pocas cuadras de allí, había sido tomado violentamente por el M-19.
La sorpresa fue mayúscula. Por la radio se supo que los guerrilleros habían divulgado un mensaje en el que manifestaban su intención de realizar “un juicio político” al presidente Belisario Betancur por “traicionar los acuerdos de paz”. Quedé estupefacto, como todos.
Se me devolvió “el casete”. Recordé que con la posesión de Belisario Betancur en agosto de 1982 había llegado al país un respiro democrático.
Habíamos vivido cuatro años bajo el Estatuto de Seguridad del presidente Turbay Ayala que dio al Ejército poderes para detener y juzgar a civiles. Numerosas personas de todas las condiciones fueron perseguidas y arrestadas, señaladas o acusadas de subversión, muchas torturadas y otras desaparecidas. La represión se volvió política de Estado.
Belisario Betancur, el nuevo presidente, era un conservador heterodoxo, un pensador más cercano al humanismo que al dogma partidista. Formado en derecho y filosofía, era portador de una sensibilidad que parecía ajena a su tiempo: la política debía servir para aproximar y no para perpetuar odios.
Su visión se alimentó de la doctrina social de la Iglesia, del espíritu de reconciliación del pensamiento europeo de posguerra y de una visión latinoamericanista que buscaba autonomía frente a Estados Unidos.
Recogió un clamor de la sociedad, la apertura democrática. En esencia, ésta expresaba una demanda de los sectores alternativos: abrir las puertas del sistema político dominado por el bipartidismo liberal-conservador a nuevas fuerzas políticas y sociales.
En búsqueda de la paz
Cuando llegó a la presidencia, Betancur ofreció una amnistía amplia por delitos políticos y conexos, que liberó a casi 400 presos políticos (entre ellos varios jefes del M-19) y cobijó a unos 6.000 guerrilleros de todos los grupos. La Ley 35 de noviembre de 1982 fue un acto fundacional: reconciliar al país después de más de veinte años de conflicto interno.
Pero pronto la amnistía enfrentó las desconfianzas acumuladas. Las guerrillas recibieron el gesto con reservas: el M-19 la acogía con “pinzas”; las FARC la vieron como un paso táctico; el ELN y el EPL la desestimaron. Del otro lado, los altos mandos militares y sectores poderosos del establecimiento veían en ella una señal de debilidad del Estado.
La política de paz de Betancur incluía igualmente el Diálogo Nacional, que arrancó poco después de asumir la presidencia. Una iniciativa propuesta en 1980 por Jaime Bateman, comandante del M-19, para buscar una salida política al conflicto armado.
Me consta el entusiasmo que suscitó entre la gente: se organizaron encuentros regionales y sectoriales en muchos municipios; asistieron empresarios y líderes sociales, trabajadores, intelectuales, clérigos, periodistas e incluso voceros civiles cercanos a las guerrillas; se debatieron temas que siguen siendo estructurales para Colombia como la reforma agraria, educación, salud, derechos humanos y otros.
Sin embargo, el Diálogo Nacional chocó con la resistencia del bipartidismo tradicional, que lo vio como una amenaza a su monopolio del poder. Con la de los mandos militares, que temían sirviera de tribuna a la insurgencia. Aunque no derivó en reformas inmediatas, el Diálogo Nacional sembró una idea que sobrevivió a su languidecimiento: la paz comienza por el reconocimiento del otro.
La creación de la Comisión de Paz dos meses después de llegar Betancur a la Casa de Nariño también marcó un punto de inflexión. Hablé alguna vez con John Agudelo Ríos, su presidente, e insistía en que la paz no podía imponerse “desde arriba” ni depender solo del Gobierno. Integrada por figuras de alta autoridad moral, la Comisión de Paz estaba encargada de tender puentes con los insurgentes.
Los acuerdos de tregua
En 1984 se concretaron los “Acuerdos de Corinto, Hobo y Medellín”, que establecieron un cese bilateral del fuego con el M-19, su reconocimiento como interlocutor político y la promesa de una apertura democrática.
También se firmó el “Acuerdo de la Uribe” con las FARC, en Casa Verde, departamento del Meta. Incluía la suspensión mutua de operaciones ofensivas. A este acto fueron invitados representantes de organizaciones de la sociedad y partidos políticos –asistí como joven diputado del Frente Democrático- y se produjo el lanzamiento de la Unión Patriótica.
Los acuerdos de tregua estaban cargados de enorme simbolismo. El gobierno de Betancur no cambió las estructuras del país, pero inauguró una transición democrática: la paz pasó a ser política de Estado.
No obstante, el M-19 persistió en la lógica de la confrontación armada y la organización de frentes de guerra; las FARC se fortalecieron en sus «zonas Históricas»; las Fuerzas Armadas nunca digirieron la tregua y continuaron en parte sus operaciones. Entre acusaciones mutuas, el alto al fuego duró poco, como la ilusión que había despertado.
Los enemigos internos de la paz
Cuando Belisario Betancur pronunció la expresión “los enemigos agazapados de la paz”, hacia finales de 1983, era la voz de un presidente que veía su propio proyecto de paz cercado desde dentro y fuera del Estado.
El primero y más poderoso fue el alto mando del estamento militar, formado en la doctrina de la Seguridad Nacional, que concebía al insurgente como enemigo interno y al diálogo como traición. El segundo lo constituyeron las élites políticas del bipartidismo, reacias a abrir el sistema. El tercero, los gremios económicos y los grandes medios, guardianes del statu quo. En el plano internacional, la política de Ronald Reagan reforzó las presiones sobre Bogotá.
El asesinato del doctor Carlos Toledo Plata, ocurrido en agosto de 1984 en Bucaramanga, simbolizó para el M-19 una gran fractura del proceso de paz. La paz “había sido emboscada” declararon sus dirigentes. Sus sicarios nunca fueron identificados.
La muerte de Iván Marino Ospina, cercado por la tropa en Cali en agosto de 1985, marcó un momento crucial para la organización guerrillera: tambaleó el equilibrio entre el ala dialoguista, representada por Carlos Pizarro y Álvaro Fayad, y la línea dura encabezada por Luis Otero Cifuentes y Andrés Almarales.
El M-19 decidió entonces ejecutar la toma del Palacio de Justicia. La insensatez fue la respuesta a la mano tendida de Belisario Betancur. En los hechos, terminaron del lado de los enemigos agazapados de la paz, reavivaron la lógica de la guerra. Los temores de Betancur se cumplieron: la palabra cedió ante las armas.
El fin no justifica los medios
El M-19 cruzó la frontera entre rebelión y terrorismo. Los guerrilleros entraron a sangre y fuego, asesinaron a los porteros, retuvieron a más de 300 personas, cometieron flagrantes violaciones a los derechos humanos y, según testimonios de sobrevivientes, quemaron expedientes judiciales sensibles, incluidos del narcotráfico.
La paradoja era cruel: el blanco escogido por el M-19 era el presidente que más había apostado por la paz. El M-19 terminó ofreciendo el argumento definitivo para cerrar toda posibilidad de reconciliación nacional. El aventurerismo revolucionario se fundió con la ceguera política, convirtiendo el propósito en un acto demencial. Un desatino de proporciones monumentales.
La retoma no se quedó atrás, el ejército violó a diestra y siniestra el Derecho Internacional Humanitario. Murieron magistrados, empleados judiciales y civiles, visitantes y militares, mientras el fuego consumía el edificio. Varios ciudadanos desaparecieron después de haber salido con vida. La retoma no buscaba recuperar a los rehenes sino liquidar al comando guerrillero a cualquier costo. Incluso, distintas versiones indican que el servicio de inteligencia militar estaba al tanto de las intenciones del M-19 antes de la toma.
Entre los militares existía un hondo resentimiento contra el M-19, por hechos anteriores como el robo de armas del Cantón Norte y la toma de la Embajada Dominicana. Irrumpir en la Corte Suprema, símbolo del Estado de derecho, fue visto como una provocación intolerable. Sin protocolos de negociación ni entrenamiento en rescates urbanos, la fuerza pública reaccionó con tanques, lanzallamas y fuego pesado en pleno centro de Bogotá. En menos de treinta horas, el Palacio fue reducido a ruinas.
Ciertamente, durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985 se produjo un vacío de poder presidencial. Betancur, atrapado entre un Ejército decidido a actuar y un país dominado por el miedo, quedó marginado del mando efectivo. Sin embargo, Betancur era el presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, la historia no lo exonera de su responsabilidad ni de su posterior silencio.
El mundo da muchas vueltas
El asalto a la Corte Suprema de Justicia fue una afrenta a la rama judicial y la nación. Este hecho aniquiló el clima moral y político que aún sostenía el proceso de paz y la apertura democrática. A su vez, la retoma terminó convertida en holocausto humano y tragedia nacional. En el campo internacional nos vieron como bárbaros.
Años más tarde, en 1989 y 1992, los miembros del M-19 fueron doblemente indultados por los hechos del Palacio de Justicia, mientras que en 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el uso desproporcionado de la fuerza y varios oficiales del ejército fueron juzgados por las desapariciones que siguieron. Entre las ruinas de aquel edificio arden todavía numerosas preguntas sin respuesta.
Pero el mundo da muchas vueltas. La apertura democrática de Belisario Betancur, frustrada en su tiempo, se convirtió años después en semilla: los principios de inclusión, pluralismo y descentralización fueron recogidos en la Constitución de 1991, apoyada paradójicamente por los dirigentes del M-19 desmovilizados.
París, 6 de noviembre de 2025
