Los colombianos en el exterior, por un Estatuto del Emigrante

Ponencia presentada en el Foro “Colombianos en el Exterior, Problemática”, evento realizado en el Salón Elíptico, Capitolio Nacional, Bogotá.

Frente a la migración de nacionales al exterior, que hoy alcanzaría cerca del 10% de la población colombiana, es necesario actualizar, ampliar y modernizar una política pública ante este fenómeno social, que incluya entre otros aspectos un tratamiento adecuado de las pensiones y remesas, el retorno de cerebros fugados y de colombianos con saberes, el fomento de los lazos de los colombianos en el exterior, una mayor representación de éstos en el Congreso de la República y el respeto de los derechos humanos de los emigrantes en situación irregular. Se requiere un Estatuto del Emigrante.

Mauricio Trujillo Uribe
Bogotá, 30 de Mayo de 2010

La migración de colombianos, fenómeno social con pocos datos
Hoy en día, Colombia es el país que tiene el más grande número de emigrantes de América del Sur. El tamaño e importancia económica de esta comunidad en el exterior la han convertido en un nuevo actor de la vida social del país. Según los datos del censo efectuado en el 2006, cerca de 3,3 millones de colombianos viven en el extranjero. Otras fuentes oficiales, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, citan 4’250.000. Estas cifras muestran el tamaño de la diáspora: cerca del 10% de la población colombiana reside fuera de Colombia.

La mayoría de los colombianos emigrantes viven, en América, en Estados Unidos,
Venezuela y Ecuador y, en Europa, en España, Inglaterra y Francia. En los años setenta y ochenta se produjeron olas de migración hacia Venezuela y Estados Unidos. En los años 90 los flujos de migración se mantuvieron relativamente constantes y ganaron otras regiones, Europa en particular. Sin embargo, al final de ese decenio la migración colombiana se disparó, debido principalmente, lo entendemos así, al destierro de miles de habitantes por causa del conflicto armado y por falta de oportunidades económicas.

¿Pero cuáles son las cifras reales, oficiales, más allá de generalidades, sobre la naturaleza y causas de esta migración? ¿Cuáles son las regiones colombianas y los sectores sociales que contribuyen a esta migración? ¿Por qué y cómo se sale del país? También nos preguntamos cuáles son los datos reales, oficiales, sobre la situación económica y social de la diáspora. La discriminación que viven muchos colombianos en el exterior podría llenar páginas enteras. Desde luego, hay también un buen número de compatriotas que han tenido éxito, que llevan una vida correcta, esto hay que decirlo con orgullo y en voz alta, pero son una minoría.

A pesar de cifras y datos existentes, fruto del valioso trabajo de instituciones e investigadores sobre el tema, lo cierto es que no hay información articulada que permita conocer objetivamente el problema de la emigración y, aspecto muy importante, del retorno a Colombia, información que constituye el punto de partida para poder establecer políticas oficiales pertinentes y eficientes.

Aquí llegamos a una primera conclusión que traemos a este Foro: en un mundo globalizado como el de hoy, es imperativa una política oficial mucho más proactiva para conocer estos temas de la diáspora con mayor visión y coherencia. Resaltamos la necesidad de financiar con recursos oficiales, las publicaciones sobre la emigración colombiana. Es fundamental el entendimiento y discernimiento de la realidad de la comunidad colombiana en cada país mediante estudios estadísticos y académicos y el contacto directo con la colonia.

Insuficiencias de la política pública frente a los colombianos en el exterior
La protección de los derechos de los colombianos en el exterior debe ser la prioridad en la política migratoria del gobierno nacional. Respecto a los colombianos que han emigrado, le preguntamos a los representantes del Gobierno: ¿cuáles son los programas oficiales destinados a prestarles protección? ¿Cuáles los planes oficiales atendiendo el creciente aporte de los emigrantes en la economía nacional? ¿Qué pasa con el reconocimiento de pensiones de jubilación y seguridad social?

Muchos emigrantes han cotizado en el exterior en países que no tienen convenios con Colombia y viceversa. En Europa hay miles de nacionales que si quisiesen regresar al país no podrían hacerlo sin perder lo que han cotizado. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe moverse coordinadamente con otros países latinoamericanos para conseguir que se haga extensivo a otros países de la Unión Europea el importante convenio multilateral alcanzado con España sobre las contribuciones a la seguridad social y la jubilación.

En materia de derechos políticos, señalamos la muy insuficiente representación de los colombianos en el exterior en el parlamento colombiano. Por la Circunscripción Internacional electoral hay un sólo Representante a la Cámara a pesar de que hoy somos más de cuatro millones de compatriotas. Y 16 años después de su creación, el balance es preocupante: en las dos elecciones la participación de los emigrantes fue muy poca, en 2002 hubo 26000 votos frente a 1,8 millones de electores potenciales y en 2006 votaron 37000 personas sobre 3,1 millones de electores potenciales.

Además, en la primera elección fue elegido un candidato que había obtenido la mayoría de sus votos en una región del norte de Colombia y no en el exterior. En el 2006, la segunda elección fue declarada nula por la Corte Constitucional, por lo que hay que señalar el carácter inexequible de la curul actual, y sin que hasta el presente este vacío haya sido subsanado por el Congreso.

En cuanto al rol de los consulados en la atención de los nacionales, hay avances significativos en algunas ciudades pero en general aún dista mucho de ser un servicio público eficiente. El servicio consular debe ser evaluado de manera independiente y se deben tomar las medidas para lograr su mejoramiento.

Es evidente la necesidad de una mayor profesionalización de los empleados de consulados y embajadas y del personal de los programas institucionales. Muchos de estos servicios y programas han sido y siguen siendo utilizados como botín clientelista y burocrático. La carrera profesional, democrática y de meritocracia debe abrirse paso.

Al mismo tiempo, se debe fomentar la participación de los ciudadanos residentes en el exterior en el acompañamiento y supervisión de las representaciones consulares. Conviene estudiar la propuesta de las «Veedurías Ciudadanas» como un mecanismo de apoyo y de control de los servicios de los consulados.

¿Cuál es la posición de Colombia frente a nuestros emigrantes en el contexto de los distintos regímenes de migración, por ejemplo de la Unión Europea y de EEUU? ¿Qué está haciendo el gobierno colombiano en el marco de los mecanismos regionales latinoamericanos, frente a las políticas restrictivas que toman fuerza en Europa y Estados Unidos, y para incidir en ellas en defensa de los derechos fundamentales de los emigrantes?

Sobre los extranjeros en situación irregular pesa hoy en Europa la amenaza de la llamada “Directiva del Retorno”, no sólo contra los que no tienen papeles sino incluso contra los que no puedan renovarlos, la cual autoriza a retener a los extranjeros indocumentados en los “Centros de Internamiento” hasta por 18 meses por simple decisión administrativa, incluidos menores no acompañados.

En Italia viene abriéndose paso una ley que da carácter de delito con pena de cárcel a quienes ingresen en el país de manera irregular. Llamamos a concertar con los gobiernos suramericanos, en el marco de los acuerdos que se discuten actualmente con la Comunidad Europa, una posición firme para que se aplique la «Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares», adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1990.

Un tratamiento diferenciado de las remesas
Las remesas se han convertido en una de las principales fuentes de divisas para Colombia, siendo Estados Unidos, Inglaterra, España y Francia los países de donde más se envía dinero a Colombia. Según el Emisor, las remesas de dinero enviadas por los colombianos residentes en el exterior pasaron, entre los años 2000 y 2007, de 1600 millones a 4.600 millones de dólares. En 2006 las remesas alcanzaron 3890 millones de dólares, casi igual al 3% del PIB. Se requiere un tratamiento diferente de las remesas.

Es necesario estudiar procesos alternativos que abaraten los costos de envío, o al menos que eviten el recorte del monto recibido por los destinatarios. Se requieren medidas fiscales sobre las remesas orientadas a lograr el fortalecimiento de programas de inversión social en el país. Es necesario darle una asignación diferenciada a los recursos fiscales que provengan de la emigración y dirigirlos prioritariamente al desarrollo de las regiones de origen de la emigración.

El estado colombiano debe incentivar el traslado de ahorros del exterior a Colombia. Las parejas colombianas o mixtas residentes en el exterior deben tener incentivos y préstamos para instalarse en Colombia. Para llevar a cabo estas políticas, proponemos al Gobierno y al Congreso la creación de un “Banco del Emigrante”. Proponemos una gestión alternativa con intervención del Estado y sugerimos la participación del Banco de la República y del Banco del Sur en este proyecto.

Los lazos de los colombianos en el exterior con el país
También es de gran importancia compensar de alguna manera la fuga de cerebros del país. ¿Cuáles son las políticas oficiales al respecto? El Ministerio de Educación y los centros de enseñanza e investigación deben desarrollar programas que incluyan la vinculación temporal de personal calificado residente en el exterior, sea como docentes invitados o instructores visitantes, bien sea en cursos específicos o en proyectos conjuntos.

Finalmente, preguntamos al Gobierno Nacional ¿cuáles son las políticas oficiales para propiciar el retorno de los compatriotas? Invitamos, por ejemplo, a que se estudie la experiencia de Chile con el Plan Nacional de Retorno.

El estado colombiano debe promover el contacto de los emigrantes con el país en general. Es necesario apoyar las diversas formas de asociación de los colombianos en el exterior, de carácter deportivo, académico y cultural. ¿Cuáles son los programas institucionales destinados al fomento de los lazos de los colombianos en el exterior con el país y a la reafirmación de la identidad nacional?

Un Estatuto del Emigrante
Ante toda esta problemática, el Congreso de la República debería discutir y aprobar un “Estatuto del Emigrante”, concebido como un mecanismo mediante el cual se garanticen los derechos sociales, políticos y culturales al emigrante y sus familias. Un Estatuto del Emigrante que impulse acuerdos bilaterales o multilaterales para garantizar beneficios sociales recíprocos, que incluya la creación de las ‘Veedurías Ciudadanas’, la ampliación de la Circunscripción Internacional parlamentaria y la constitución de un comité de asesoramiento interinstitucional para promover y facilitar el retorno de los emigrantes.

Mauricio Trujillo Uribe
Bogotá, 30 de Mayo de 2010


Texto que sólo compromete a su autor, de libre difusión, citando la fuente, el autor y publicando fiel copia del mismo

Foto: Archivo particular

Inmigrantes y crisis económica en la Unión Europea

Las negociaciones comerciales de los países andinos y la Unión Europea, pueden ser un escenario privilegiado para obtener un compromiso sobre una agenda de diálogo y trabajo en los temas de la migración latinoamericana. Corresponde a los gobernantes latinoamericanos moverse en defensa de sus emigrantes, con una visión y exigencia de dignidad y respeto recíproco, concertación internacional y “codesarrollo”.

Mauricio Trujillo Uribe
París, 25 de septiembre de 2009

Las poblaciones inmigrantes han sido particularmente afectadas por la actual crisis económica internacional que desde el año pasado atraviesan muchas regiones del mundo globalizado. En Europa, esta crisis ha dejado sin empleo a más de dos millones de trabajadores que contaban con una relativa estabilidad laboral; la cobertura de la seguridad social se ha deteriorado; los problemas de cohesión social en los barrios populares de las grandes ciudades, en donde vive la inmensa mayoría de los inmigrantes, se han multiplicado; y en general se ha ido agrietando cada vez más el modelo europeo del “Estado benefactor”, al mismo tiempo que un sentimiento de inseguridad se ha instalado en amplios sectores de la sociedad.

Esta coyuntura económica de “vacas flacas”, se presta para el resurgimiento y la extensión de la discriminación hacia los inmigrantes: crecen las reacciones de recelo y temor al extranjero; el inmigrante pasa a ser percibido como alguien que “le quita” el empleo, los cupos en las escuelas y las oportunidades, a los nacionales; y en general se abre paso una serie de prejuicios fáciles contra quien “viene de afuera”.

Esta percepción equivocada e injusta del inmigrante ha sido utilizada electoralmente por la derecha europea. Sus sectores más conservadores señalan a la inmigración como una de las causas principales de los “males” que aquejan al Viejo Continente, propiciando en ciertos sectores de la ciudadanía reflejos simplistas y primarios. Pero lo cierto es que esta crisis económica también golpea, y de manera grave, a los propios inmigrantes, tanto a los legalmente instalados como a los “sin papeles”. Cientos de miles se han quedado sin empleo, sobre todo en los sectores de la construcción y de los servicios, en donde los extranjeros tienen presencia masiva. Ello se refleja a su vez, en una importante caída de las remesas hacia sus países de origen.

De otro lado, los medios de comunicación en la Unión Europea (UE) dan cuenta de un fenómeno migratorio creciente, en particular la entrada irregular de inmigrantes, y según los sindicatos y otras fuentes, se estaría produciendo un incremento de la economía informal alimentada en particular por los extranjeros desempleados, que podría convertirse, dicen, en un grave problema social a medio plazo. Sin embargo, según indicadores oficiales, la inmigración irregular en la UE ha disminuido drásticamente y a la vez, este ambiente hostil ha llevado a miles de inmigrantes a regresar a sus países de origen. Además, muchas de las personas que hoy emigran, lo hacen cada vez más hacia países distintos a Estados Unidos y a los del Viejo Continente, tal es el caso en América Latina en donde la tendencia de los flujos migratorios hacia Argentina, Costa Rica y Venezuela se ha disparado.

En todo caso, la población inmigrante en Europa es una de las primeras víctimas de la actual crisis económica. Y los gobiernos de la UE vienen tomando medidas que recortan los derechos de los emigrantes en materia de residencia e integración: así, en junio de 2008 el Parlamento Europeo aprobó la “Directiva del Retorno” y en julio de 2008 el Consejo Europeo adoptó el “Pacto de inmigración y asilo”.

La “Directiva del Retorno” y el “Pacto de inmigración y asilo”
La “Directiva del Retorno” es una norma que define los procedimientos de retención y expulsión de los inmigrantes en situación irregular (quien entró a la UE de manera clandestina, o llegó con autorización de residencia temporal y se quedó ilegalmente). Esta norma, conocida en América Latina como “la directiva de la vergüenza”, prevé que el inmigrante ilegal que se deje “pillar”, tendrá un plazo de entre 7 y 30 días para su repatriación voluntaria. Este período podrá ampliarse en función de sus circunstancias individuales (hijos escolarizados y otras). Cumplido ese tiempo, en caso de que el inmigrante no se vaya, éste podrá ser detenido por orden administrativa -antes tenía que venir de un juez- y confirmada judicialmente a posteriori. Una vez detenido, el inmigrante podrá pasar hasta 6 meses en un centro de internamiento -no una cárcel- mientras se surten los trámites para su expulsión, prorrogables hasta 18 meses si se complica su repatriación. ¡La norma también prevé que puedan ser expulsados los menores no acompañados! Sobre el papel, la persona retenida tendrá derecho a asistencia médica y legal gratuitas. Una vez expulsado, el inmigrante no podrá volver a la Unión Europea antes de 5 años.

Sobre el terreno, con frecuencia se escuchan graves denuncias sobre las condiciones deplorables y los maltratos que sufren los inmigrantes detenidos en esos centros de internamiento, además de que tienen prohibidas las visitas de familiares y allegados. En muchos casos las autoridades expiden al mismo tiempo la decisión de retorno y la orden de expulsión para evitar problemas de saturación en los centros, haciendo irrisorio en la práctica el derecho del afectado para interponer los recursos administrativos y legales propios de su defensa.

Por su parte, el “Pacto de inmigración y de asilo” es un acuerdo marco de la UE para limitar y regular los flujos de inmigración legal, mejorar los controles para evitar la entrada de inmigración clandestina, orientar la cooperación con los países terceros y sentar las bases comunes de una política de asilo.

El acuerdo limita y regula la inmigración legal “en función de las necesidades del mercado de trabajo y de las capacidades de acogimiento de los Estados miembros”. Se privilegia el ingreso de mano de obra calificada, de profesionales e investigadores, conforme a la tesis de la “inmigración escogida”. Y respecto a la situación de los millones de inmigrantes en situación irregular, el Pacto establece que los países miembros se limitarán a regularizaciones caso por caso, por motivos humanitarios o económicos, y se descarta las regularizaciones masivas. El texto incluye medidas entre los Estados miembros para prevenir la inmigración ilegal y, finalmente, el acuerdo promueve un “procedimiento único de asilo”.

Nuevas políticas discriminatorias
Tanto la “Directiva del Retorno” como el “Pacto de inmigración y asilo” dan plazo a los países de la UE hasta el 2011 para poner al día sus legislaciones en conformidad con los dos textos, aun cuando los países que tengan leyes más favorables a los derechos de los inmigrantes no están en la obligación de aplicarlos. Pero transcurrido más de un año desde su aprobación, queda claro que la mayoría de los Estados de la comunidad adaptarán sus ordenamientos jurídicos con celeridad y que endurecerán sus políticas frente a los inmigrantes, llegando incluso en algunos casos a expedir leyes que rayan en la xenofobia: argumentan que “la actual recesión de la economía hace necesaria una mayor regulación de la inmigración; que es imperativo afrontar de forma homogénea y coordinada el fenómeno migratorio con especial énfasis en los procedimientos de expulsión; que no hacerlo sería una gran irresponsabilidad y no beneficiaría a los inmigrantes irregulares que serían los primeros perjudicados al quedar a merced de las mafias; que no se puede hacer creer a las personas que pueden vivir en una especie de limbo jurídico, puesto que eso, a la larga acarrea muchos más perjuicios que beneficios”.

Así, por ejemplo, en España el Parlamento discute actualmente un proyecto de “Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros” que limita la reagrupación de los abuelos, sólo podrán residir aquellos que sean mayores de 65 años, luego de que su familiar tenga una residencia de 5 años en el país; se aumentan de 40 a 60 días el período máximo de internamiento de los extranjeros sin papeles; y se castiga con multas hasta de 10.000 euros a los que ayuden a permanecer en situación irregular a un extranjero. Aun cuando también hay que precisar que el proyecto de ley contempla algunas medidas garantistas en favor de los inmigrantes, como el tratamiento a las víctimas de la violencia de género en situación irregular.

En Italia, el Parlamento aprobó una ley que amplía, con base en la “Directiva del Retorno”, la retención de inmigrantes irregulares hasta sus plazos máximos. Además convierte en delito la inmigración irregular, castiga con penas de cárcel ciertas ayudas humanitarias a los inmigrantes ilegales, y autoriza las patrullas ciudadanas para colaborar con la policía en su búsqueda y detención. Afortunadamente, gracias a la oposición decidida de los médicos italianos, quedó por fuera de la ley la obligación de denunciar a los inmigrantes sin papeles que lleguen a los hospitales.

De esta manera, la “Directiva del Retorno” y el “Pacto de inmigración y asilo” contribuyen a reforzar un ambiente adverso al inmigrante, atentan contra algunos de sus derechos fundamentales y provocan una situación injusta frente a los millones de inmigrantes en situación irregular que han llegado buscando trabajo y mejor vida, que llevan años trabajando e integrándose, esperando una oportunidad de ser regularizados.

La inmigración se ha convertido igualmente en un arma electoral: la ola populista que recorre a Europa endurece su discurso culpabilizando a los inmigrantes, lo cual tiene consecuencias inmediatas sobre las políticas de integración y el porvenir de las poblaciones inmigrantes, amenazando incluso fundamentos del Estado de derecho.

Respuestas desde Latinoamérica
Varios presidentes y dirigentes de países latinoamericanos han manifestado su desacuerdo con la normativa impulsada en el Viejo Continente. De hecho, se está trabajando en el marco de la UNASUR un reclamo conjunto a la Unión Europea.

Pero más allá, las negociaciones comerciales de los países andinos y la UE, pueden ser un escenario privilegiado para obtener un compromiso sobre una agenda de diálogo y trabajo en los temas de la migración latinoamericana. Corresponde a los gobernantes latinoamericanos moverse en defensa de sus emigrantes, con una visión y exigencia de dignidad y respeto recíproco, concertación internacional y “codesarrollo”.

Mauricio Trujillo Uribe
París, 25 de septiembre de 2009


Texto de libre difusión, citando la fuente, el autor y publicando fiel copia

Foto: Mundo Ejecutivo Express

Globalización y política internacional: desencanto en la V Cumbre de las Américas

La V Cumbre de las Américas se realizó en medio de importantes hechos en materia de política internacional para Colombia y América Latina en un contexto de globalización mundial. El evento dejó mucho que desear.

Mauricio Trujillo Uribe
Bogotá, 21 de abril de 2009

El 19 de abril de 2009 terminó la V Cumbre de las Américas en Trinidad Tobago, en ella se dieron cita los 34 Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Hemisferio Occidental, salvo Cuba, para tratar asuntos comunes y, supuestamente, definir una visión conjunta para el futuro desarrollo de la Región a nivel económico, social y político.

La reunión anterior de la Cumbre de las Américas, tuvo lugar en Argentina hace tres años; entre tanto nuevos e importantes hechos en materia de política internacional para Colombia y América Latina han tenido lugar en un contexto de globalización mundial, entre ellos podemos destacar tres:

I- Un mapa político latinoamericano con fuertes vientos de cambio
En primer lugar, el mapa político de Latinoamérica ha seguido cambiando, los vientos favorables a las izquierdas siguen soplando, desde la victoria de Chávez en Venezuela hace diez años, pasando por la elección de más de una decena de Presidentes progresistas con programas que incluyen reformas sociales de fondo, políticas de inclusión de sectores sociales tradicionalmente marginados y una mejor redistribución de la riqueza. El más reciente hecho ha sido el triunfo de Mauricio Funes, candidato del FMLN, en El Salvador, en un proceso por lo demás muy significativo para nosotros, la izquierda colombiana, en la medida en que la izquierda de ese país logra ganarle el poder a la derecha dura y guerrerista por la vía de las urnas, luego de que el FMLN decidiese abandonar la opción guerrillera. Y en Ecuador, el Presidente Correa acaba de renovar su mandato presidencial con el respaldo la amplia mayoría del pueblo ecuatoriano que se volcó a las urnas.

Este mapa político en América Latina ha cambiado a tal punto que un reciente artículo del periodista Ramonet publicado en el periódico francés “Le Monde Diplomatique”, decía que estamos asistiendo “a un renacimiento, a una verdadera refundación del continente”, concluyendo que Latinoamérica “se ha convertido en la región más progresista del planeta. Donde más cambios se están produciendo en favor de las clases populares y donde más reformas estructurales están siendo adoptadas para salir de la dependencia y del subdesarrollo.” Sin embargo, hay también que señalar que estos cambios en nuestra región tienen muchos matices, y que básicamente podemos señalar dos tendencias, una radical en donde se reflejan gobiernos como el de Venezuela y Bolivia y otra de izquierda-centro, más cercana a la socialdemocracia, como el gobierno de Brasil y Chile.

A su vez, en el plano de la integración de los países de la Región, y del establecimiento de nuevos instrumentos de cooperación, además del Mercosur, que agrupa a los 260 millones de habitantes de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela, se han lanzado recientemente otras iniciativas como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), se trabaja hacia la creación de una Zona Monetaria Común (ZMC) y en marzo pasado varios gobiernos suramericanos decidieron constituir el Consejo de Defensa Suramericano (CDS).

II- Cambios y anuncios en Estados Unidos
En segundo lugar, hay un nuevo presidente en los Estados Unidos; la elección de Barack Obama, ha despertado gran entusiasmo en Estados Unidos y en muchas regiones del mundo. Frente a la política del gobierno neoconservador de Bush, que se caracterizó por su unilateralismo y su política de “halcón” hegemónico, se han creado nuevas expectativas el sentido de que el nuevo líder de la Casa Blanca le abrirá las puertas a una política internacional multilateral, abandonando la política de la “guerra preventiva” para combatir el terrorismo, y en particular en América Latina se espera que Obama tenga una actitud de mas amplio diálogo y un cambio frente al infame bloqueo económico que sufre Cuba, así como una política más activa en materia de protección de los derechos humanos en el continente. El cierre de la prisión de Guantánamo en Cuba, la autorización del envío de remesas de los cubanos residentes en Estados Unidos a sus familias y el anuncio del retiro de las tropas norteamericanas en Irán, son “gestos” que indican, quizás, nuevos tiempos en las relaciones internacionales de la primera potencia mundial.

Sin embargo, muchos analistas en América Latina estiman que no hay que hacerse grandes ilusiones en la medida en que los centros de poder económico en Estados Unidos mantienen sus conocidas políticas imperiales y, a su vez, las preocupaciones centrales del gobierno de Obama están focalizadas actualmente en los conflictos de Afganistán, y en la relación con Europa, China, Rusia y demás potencias del G-20 para el manejo de la crisis económica global.

III- Crisis económica en un mundo globalizado
En tercer lugar, justamente, aparece esta crisis económica en un mundo globalizado en el que el modelo neo-liberal predomina. Es así como en la Cumbre del G-20, realizada en Londres a comienzos de este mes, abril de 2009, se reunieron de urgencia los líderes de los países cuyas economías representan más del 80% de la riqueza global, para acordar, en medio de sus contradicciones, un paquete de medidas que permitiesen PALIAR la actual crisis económica mundial, la más grave desde la II Guerra Mundial y quizás desde los años 30, conocida como la «Gran Recesión». Allí se dieron cita los jefes de Estado de los países más poderosos o influyentes, entre ellos Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y Japón, y de los países emergentes como Rusia, China, India, Brasil, Arabia Saudí y México.

Esta crisis, comenzó en el sector financiero de los Estados Unidos como resultado de un manejo especulativo de los créditos privados inmobiliarios ocasionado pérdidas monumentales a los grandes conglomerados financieros y bancarios y a la gran industria, y en poco tiempo ha desembocado en una vasta recesión económica y en el desempleo de millones de personas, primero en los países del “Norte”, extendiéndose luego hacia los países del «Sur”. De hecho Colombia comienza a recibir sus efectos y podemos decir que en general se trata de una crisis que afecta a la vida de las mujeres, hombres y niños de todos los países.

Los Presidentes y Jefes de Estado reunidos en Londres, aceptaron la necesidad de actuar conjuntamente para enfrentar esta crisis, tomar medidas para sacar a la economía mundial de la recesión, reactivar la economía y evitar que una crisis de este tipo se repita nuevamente, al menos esos eran los propósitos anunciados.

Así, un primer punto que abordaron los dirigentes del G-20 fue intentar ponerse de acuerdo sobre los riesgos que conlleva la falta de reglamentación financiera internacional, propios del modelo neo-liberal y, en consecuencia, sobre una reforma de las instituciones internacionales que no supieron ni prever ni evitar la actual crisis.

Adicionalmente, discutieron medidas excepcionales a tomar respectivamente en los bancos centrales de sus países, como por ejemplo la recapitalización de los mismos con dineros de fondos públicos, lo cual ha provocado las protestas del sindicalismo y de organizaciones sociales en los países del Norte, por considerar que mientras los grandes patronos reciben ingentes compensaciones, los trabajadores y los sindicatos son obligados a hacer concesiones.

Entre los propósitos de esa cumbre del G-20, se enunció la necesidad de abstenerse de provocar las devaluaciones competitivas de las monedas y, de manera especial, de fomentar un sistema monetario internacional estable y en buen funcionamiento. Se acordó entonces el fortalecimiento de la supervisión y de la regulación del sistema financiero global, con medidas, entre otras, no vamos a hacer aquí una lista, como establecer un nuevo Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), el cual debe colaborar con el FMI, cuyo papel en la imposición de los modelos neo-liberales que tanto daño han causado a nuestros países latinoamericanos y del mundo en desarrollo es bien conocido, todo esto teniendo como meta advertir de antemano los riesgos macroeconómicos y financieros y sobre las medidas necesarias para superarlos.

De otro lado, en esta Cumbre del G-20 se manifestó la insistencia de los países emergentes, como China, India y Brasil, entre otros, para aumentar su poder de influencia por sobre el FMI y sobre los organismos de regulación financiera mundial. Y cabe destacar que Argentina, Brasil y México coincidieron en la necesidad de combatir el proteccionismo como uno de los elementos clave de la recuperación.

La evaluación de los resultados de la cumbre G-20 no se puede ver en la grandilocuencia de los mandatarios al anunciar el paquete de medidas, ni en la respuesta positiva de los mercados en el corto plazo: se medirá, con el tiempo, cuando la economía global reaccione en un sentido u en otro. Tanto más que los efectos tremendos de esta crisis son la consecuencia de un modelo ultra-liberal, asentado en el “dejar hacer”, en la acumulación rápida de ganancias por una minoría, en la repartición injusta de las riquezas y en un sistema comercial mundial no equitable, entre otros factores estructurales.

Desencanto en la V Cumbre de las Américas
Estos son a primera vista tres de los principales grandes cambios en materia de globalización y política internacional en los que tuvo lugar la V Cumbre de las Américas, la cual terminó con una sensación de desencanto casi generalizada en la medida en que, en un hecho sin precedentes, su declaración final sólo fue firmada por uno de los asistentes, el primer ministro de Trinidad y Tobago, por encargo de los otros 33 asistentes.

Sin embargo puede decirse que ésta fue una reunión que posiblemente sirvió para que al menos América Latina y el Caribe, y los Estados Unidos propicien una nueva forma de verse, de debatir y de tratar nuestras diferencias con mayor madurez.

Mauricio Trujillo Uribe
Bogotá, 21 de abril de 2009


Texto de libre difusión, citando la fuente, el autor y publicando fiel copia

Foto: El País, España

¿Europa contra los inmigrantes? Una visión defensiva

La política migratoria europea refleja una visión defensiva, en contravía de una visión integral en donde primen estrategias de integración, cooperación y reciprocidad. Es la política con acento en las cifras, aumentar al máximo el número de expulsiones y disminuir al máximo el número de permisos de residencia; los inmigrantes se vuelven números.

Mauricio Trujillo Uribe
París, 1 de octubre de 2008

Cuatro grandes temas son hoy prioritarios en la agenda de la Unión Europea -UE: energía, inmigración, seguridad y desarrollo sostenible. En ellos, los 27 países miembros de la comunidad adelantan una vasta dinámica de armonización de las políticas y de la normatividad. En el tema de la inmigración, dos hechos recientes revisten gran importancia: el primero, la aprobación de la “Directiva del Retorno” por el Parlamento Europeo en junio de 2008; el segundo, la adopción del “Pacto europeo de inmigración y de asilo” en la reunión de ministros del Consejo Europeo en julio de 2008, el cual será ratificado en octubre de 2008.

La “Directiva del Retorno” es una norma que define los procedimientos de retención y expulsión de los inmigrantes en situación irregular (la persona que entró de manera clandestina a la UE, o que llegó con autorización de residencia temporal, o como turista, y se quedó de manera ilegal). Por su parte, el “Pacto europeo de inmigración y de asilo” es un acuerdo marco para limitar y regular los flujos de inmigración legal (con autorización de residencia), mejorar los controles para evitar la entrada de inmigración clandestina, orientar la cooperación con los países terceros y sentar las bases de una política de asilo.

El Pacto ha tenido un perfil bajo en los medios de comunicación. La opinión pública europea está poco enterada y en otras regiones del mundo casi no lo conocen, a pesar del impacto que tendrá sobre los emigrantes en la UE a partir de 2010.

Un contexto adverso al inmigrante
Tanto la Directiva como el Pacto han ganado espacio político en medio de la crisis económica que atraviesa la Unión Europea. Persiste el alto desempleo, golpeando sectores de trabajadores que antes contaban con relativa estabilidad laboral; se deteriora la cobertura de seguridad social; se agudizan los problemas de cohesión social en los suburbios de las grand

es ciudades; crece el sentimiento de inseguridad; y en general se agrieta cada vez más el modelo europeo del “Estado benefactor”.

De otra parte, actualmente hay más de 14 millones de inmigrantes legales y cerca de 8 millones de inmigrantes en situación irregular, según la Comisión Europea. Y se estima que a partir de 2007 están entrando a la Unión Europea alrededor de 1.5 millones de inmigrantes clandestinos por año, siendo Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, los países que reciben la mayor parte.

En medio de estas dosrealidades, crisis económica y un fenómeno migratorio creciente, los sentimientos de recelo y temor al extranjero se instalan en el imaginario de sectores de la ciudadanía: en épocas de “vacas flacas” el inmigrante deja de ser visto como alguien que es mano de obra barata y asume los trabajos penosos, lo que de por sí es una visión sesgada y excluyente, para ser percibido como alguien que “le quita” empleo a los nacionales, ocupa cupos en los jardines y escuelas, trae inseguridad y otras ideas fáciles que terminan volviéndose prejuicios en mucha gente.

Esta percepción equivocada del inmigrante ha sido acicateada, cuando no promovida, y en todo caso utilizada electoralmente, por la derecha política europea. Sus sectores más conservadores acusan la inmigración de ser una de las causas principales, e incluso la causa principal, según la extrema derecha, de los “males” que aquejan al viejo continente, y propiciando en las poblaciones reflejos simplistas y primarios en contra los extranjeros, y hasta de xenofobia en ciertos casos.

El hecho reciente más grave fue la aprobación en Italia, en julio de 2008, de una ley que tipifica la inmigración clandestina como delito, con penas de 6 meses a 4 años de prisión, y hace posible la confiscación de los apartamentos alquilados a los inmigrantes clandestinos, entre otras medidas draconianas. Durante su campaña electoral el actual presidente Berlusconi, conocido por su talante de derecha populista, y que sucedió al presidente Prodi de centro izquierda, había prometido esa ley.

Los partidos de la izquierda europea, en cambio, han tenido una actitud solidaria ante el inmigrante. Saben que las causas fundamentales del déficit de la seguridad social, de los insuficientes recursos de la educación pública, del aumento de los años para obtener la jubilación, de la deslocalización de empresas en Asia, de los disturbios y quema de carros en los suburbios y, en general, de los “males” económicos y sociales de la comunidad, no tienen que ver con la presencia de los extranjeros.

Saben también que si la inmigración es un fenómeno social que viene aumentando notoriamente, en una época en que el transporte facilita el desplazamiento de millones de personas y los medios de comunicación permiten percibir y hacerse ilusiones de cómo viven otras sociedades del planeta, las causas de la misma no hay que encontrarlas en las personas que migran, sino principalmente en el desequilibrio económico y de nivel de desarrollo entre las regiones del mundo.

Por su parte, frente a la amplitud del empleo masivo de inmigrantes en situación irregular, en particular en los sectores de hoteles, restaurantes y servicios domésticos, hecho que las autoridades públicas no podían ignorar tratándose de una situación que lleva años, las organizaciones sindicales han salido en defensa de los derechos laborales de estos millones de asalariados, al igual que numerosas asociaciones de solidaridad y defensa de los “sin papeles”.

Lo anterior no significa que la migración masiva no traiga sus propios problemas (para los países receptores y los de origen), aún más tratándose de inmigración clandestina, ni que éstos puedan ser ignorados por la sociedad, tanto menos por los partidos políticos y los gobiernos. Ni significa que la izquierda deba callar ante estos temas por temor a “hacerle el juego a la derecha”. Esto ha ocurrido en numerosas situaciones hasta hace poco tiempo, y en parte sigue ocurriendo, dejándole el espacio a la derecha que gana consenso entre la ciudadanía con el “coco” de la inmigración.

La Directiva del Retorno o “Directiva de la Vergüenza”
En Europa, organizaciones no gubernamentales y de defensa de los derechos humanos han llamado la Directiva del Retorno, la “Directiva de la Vergüenza”. Y en América Latina hubo numerosos pronunciamientos de rechazo, incluyendo los de los presidentes Chávez, Correa y Morales. Pero qué dice realmente la Directiva del Retorno? ¿Son justificados tantos “rayos y centellas” contra la norma? Miremos rápidamente lo esencial de su texto:

  • La norma promueve el retorno voluntario del inmigrante en situación irregular como la primera opción. La persona que se le notifique la orden de «retorno» tendrá de 7 a 30 días para dejar el país, salvo que tenga en curso una solicitud de residencia o de asilo. Este plazo podrá ampliarse en función de sus circunstancias individuales (hijos escolarizados y otras).
  • Si el inmigrante no se va voluntariamente, o en caso de que «haya argumentos fundados para creer que hay riesgo de fuga», las autoridades podrán trasladarlo a un centro de retención por un período máximo de 6 meses, mientras se surten los trámites legales para regresarlo a su país. La orden de retención podrá ser expedida por autoridad judicial o administrativa. En este último caso, el inmigrante podrá solicitar que la decisión se someta a control judicial. La persona retenida tendrá derecho a asistencia médica, lingüística y legal gratuitas.
  • Si el inmigrante no coopera (por ejemplo, si oculta su procedencia o su identidad), o si el país tercero (el país de origen o de tránsito del inmigrante irregular) no facilita el retorno, se podrá prorrogar la retención hasta 12 meses máximo, con el fin de completar el trámite legal.
  • Los menores podrán ser retenidos “como último recurso y por el menor tiempo posible» y expulsados aún si no están acompañados, “siempre y cuando sus familias o un centro de acogida se ocupen de ellos a su llegada”.
  • Finalmente, la norma prohíbe el reingreso del inmigrante expulsado a la Unión Europea por 5 años. No se le podrá repatriar a un país tercero en donde su vida o libertad estén amenazadas.

La norma fue aprobada por dos tercios de la votación en el Parlamento Europeo, dominado por la derecha. La alianza de partidos Izquierda Unida y los partidos Verdes votaron contra la Directiva oponiéndose a su articulado en bloque y al espíritu de la misma. Por su parte, los partidos de izquierda socialista propusieron que se suprimieran dos artículos, el que autoriza la retención y expulsión de menores y el que se refiere a los 12 meses de retención suplementaria, como condición para votar la norma favorablemente.

En efecto, la izquierda socialdemócrata no se opuso a la Directiva como tal por considerar que el tratamiento de la inmigración irregular no puede dejar de incluir el derecho del Estado a utilizar la coerción. Pero al no conseguir la supresión de tales artículos, los socialistas terminaron votando contra la norma en su conjunto, salvo el Partido Socialista Obrero Español que votó en favor de la misma, aun cuando con honrosas excepciones de algunos de sus euro-diputados.

En la posición del PSOE influyó seguramente su condición de partido de gobierno que se encuentra bajo los proyectores de la sociedad española que rechaza, “apoyada” por los medios, la llegada a las costas ibéricas de numerosos botes con inmigrantes clandestinos. Además el PSOE está confrontado a la crítica de la derecha española que ha utilizado ampliamente este hecho para atacar al gobierno de Zapatero y tratar de levantar en la ciudadanía una barrera de sentimientos contra la inmigración.

Ciertamente, la Directiva del Retorno comporta una regresión de los derechos de los inmigrantes en situación irregular. En particular, ella atenta contra los menores, una población vulnerable, los cuales pueden ser retenidos solos y expulsados sin sus familias. Sorprende que esta medida repudiable, contraria al “Convenio de los Derechos del Niño” firmado por los Estados miembros de la UE, no ha sido la más polémica. La denuncia de la norma se ha centrado principalmente en el hecho de que el inmigrante puede ser retenido hasta por 18 meses, un período equivalente al de una condena por un delito grave, no obstante que aquel no ha cometido ninguno, aún si la norma prevé que la expulsión se hará en los primeros 6 meses de retención y que ésta se prolongará sólo en casos excepcionales.

Es necesario precisar dos hechos: de un lado, actualmente el período máximo de retención varía en la UE: 32 días en Francia, 60 días en España y 18 meses en Alemania. En 7 países, entre ellos Holanda y Reino Unido, no hay período máximo, el inmigrante en situación irregular puede ser internado de forma indefinida. En este sentido, la Directiva representa un avance en favor de los inmigrantes en un cierto número países europeos. De otro lado, los Estados miembros tienen hasta 2010 para adaptar sus legislaciones; aquellos con legislaciones más desfavorables deberán imperativamente adoptarla.

En cambio, los Estados que tienen una legislación más favorable pondrán conservarla si lo desean. Tal es el caso de España y Francia, cuyos gobiernos ya anunciaron que no modificarán sus actuales legislaciones. Pero más allá de los aspectos legales, la retención es un trauma humano para la persona que llegó buscando trabajo y mejor vida, cualquiera sea el tiempo que dure.

A su vez, la Directiva del Retorno contribuye a reforzar el ambiente adverso al inmigrante y, sobre todo, es profundamente injusta frente a los millones de inmigrantes en situación irregular que llevan años trabajando e integrándose, esperando una oportunidad de ser regularizados.

El Pacto europeo de inmigración o “Pacto de la inmigración escogida”
El “Pacto europeo de inmigración y de asilo” parte de un principio, la política de inmigración debe ser un componente fundamental de las relaciones exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea. Veamos sus puntos centrales:

  • En primer lugar, el acuerdo limita y regula la inmigración legal “en función de las necesidades del mercado de trabajo y de las capacidades de acogimiento de los Estados miembros”. Se privilegia el ingreso de mano de obra calificada, de profesionales e investigadores, conforme a la tesis de la “inmigración escogida”, defendida por el gobierno francés y su presidente Sarkozy.
  • Como condición previa a su regularización, los inmigrantes tendrán que aprender la lengua del país de acogida. En cambio se descartó, por oposición de Madrid, el “contrato de inmigración” propuesto por París, que pretendía hacer firmar a los inmigrantes un contrato que hacía imperativo adquirir conocimientos básicos de las instituciones del país de acogida, así como el compromiso de respetar los “valores europeos” de civismo y ciudadanía, igualdad entre géneros y tolerancia.
  • En cuanto a la situación de los millones de inmigrantes en situación irregular en la Unión Europea, el Pacto establece que los países miembros se limitarán a regularizaciones caso por caso, por motivos humanitarios o económicos, y no por regularizaciones en general.
  • El texto incluye medidas entre los Estados miembros para prevenir la inmigración ilegal: visas biométricas, coordinación de expulsiones, mayores sanciones a quienes emplean indocumentados, cooperación con los países terceros para luchar contra las mafias de tráfico de personas, y otras.
  • Finalmente, el acuerdo promueve un “procedimiento único de asilo”. Actualmente hay diferencias notorias, por ejemplo, la tasa de solicitudes aprobadas para los nacionales iraquíes varía de 80% en Alemania a 10% en Reino Unido.

De esta manera, los gobiernos europeos pretenden con el Pacto reducir el flujo de inmigrantes regulares y que los que sean autorizados correspondan a las necesidades económicas y demográficas de los países de acogida. Frente a los extranjeros indocumentados se advierte un viraje radical en su tratamiento, teniendo en cuenta que hasta hace poco, al menos bajo gobiernos de izquierda, se produjeron regularizaciones masivas: 700.000 en España en 2005 y 500.000 en Italia en 2006. En adelante, según el Pacto, las regularizaciones se harán individualmente, una por una y “con lupa”.

Una visión defensiva y proteccionista
En un contexto de globalización mundial como el que vivimos la “Directiva del Retorno” y el “Pacto europeo de Inmigración y de asilo” reflejan una visión defensiva y proteccionista frente a la población inmigrante, con acento en medidas represivas, a diferencia de una visión integral en donde primen estrategias de integración, cooperación y reciprocidad. Es la política de las cifras, aumentar al máximo el número de expulsiones y disminuir al máximo el número de permisos de residencia; los inmigrantes se vuelven números, tal es la política migratoria a la que le apuesta la mayoría de la derecha europea.

Pero en los tiempos que corren parecería que las élites y las poblaciones europeas han perdido la memoria y la sensibilidad: gran parte de la riqueza acumulada por los países europeos se originó en sus antiguas colonias, hoy con importantes flujos migratorios hacia Europa; en el siglo XX, los países terceros acogieron con hospitalidad a millones europeos, en particular en las Américas; la brecha entre países ricos y pobres se mantiene, en gran medida por el intercambio desigual en favor de los primeros, propiciando la migración hacia éstos; la mayoría de los inmigrantes ejercen trabajos duros que los nacionales no quieren; ellos aportan con sus remesas bienestar a sus familias en sus países de origen; y gracias a la inmigración, Europa revierte las tendencias de envejecimiento demográfico, como bien lo explica la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.

Desde luego, estos argumentos históricos, éticos y económicos, o el hecho de que estemos en un mundo de “libre circulación de mercancías y capitales”, o que el artículo de la Declaración de los Derechos Humanos reza “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, no implica que los Estados, cualquiera sea, deban y puedan aceptar a todos los inmigrantes, y menos cualquiera sea su manera de llegar.

No hay planificación estatal que valga en materia de seguridad social, vivienda, educación y servicios públicos, si una parte importante de la población es “invisible”, o si es “visible” pero llega al país en gran volumen, en tiempos relativamente cortos y de manera aleatoria. Tampoco se puede ignorar que la inmigración ilegal afecta la legal y que la migración “a chorros” vulnera la cohesión social.

Sin embargo, la “Directiva del Retorno” y el “Pacto europeo” no aportan soluciones realistas a una inmigración masiva y creciente. Basta, por ejemplo, con calcular el número de inmigrantes irregulares respecto al número anual que puede ser repatriado a sus países de origen o ser regularizado “caso por caso”, para ver que se necesitarían decenas de años para regresarlos o legalizarlos.

En cambio, dar la prioridad a las políticas de regularización colectiva de inmigrantes en situación irregular, por segmentos, teniendo en cuenta su tiempo de permanencia en el territorio europeo, su situación laboral y familiar y sus nexos sociales, puede conducir a resultados sostenibles.

Otras alternativas permiten contribuir a disminuir el nivel de migración, como los estímulos al regreso voluntario, en condiciones dignas. En España, por ejemplo, en razón de la desaceleración de la economía nacional, el gobierno socialista ha lanzado un plan de retorno proponiendo un monto de dinero a los trabajadores extranjeros en situación regular.

Sólo un enfoque global, que parta del hecho de que la pobreza en los países terceros es hoy la causa principal de las migraciones, y que ellas perdurarán tanto tiempo como se mantengan las grandes diferencias de desarrollo entre las diversas regiones del mundo, permitirá el diseño de políticas adecuadas. Éste ha sido el enfoque en discusión de las conferencias Euro-Africanas de 2006, de las cumbres de América Latina y la Unión Europea y de diversos encuentros norte-sur y norte-este.

Un Acuerdo de política migratoria América Latina – Unión Europea
Según diversos estudios, los “latinos” en la Unión Europea son actualmente más de 6 millones, en su mayoría jóvenes y mujeres. Su número ha aumentado en los últimos años, luego que los drásticos controles de entrada a los Estados Unidos tras el “11 de septiembre” de 2001, hicieran que olas de inmigrantes latinoamericanos se dirigieran hacia el viejo continente.

Su presencia en territorio europeo es tan importante para los Estados miembros de la Unión Europea como para los de América Latina; de un lado, ellos se integran con relativa facilidad a la “cultura europea” y, como dijo el presidente de Bolivia, llegan “para contribuir a la prosperidad, no para aprovecharse de ella”. Del otro lado, sus remesas representan hoy en día, junto con las de Estados Unidos, una de las dos principales fuentes de ingresos de sus países de origen.

Las negociaciones que adelantan la Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea con miras a firmar un “Acuerdo de asociación”, representan un escenario privilegiado para obtener un compromiso sobre una agenda de diálogo y trabajo en los temas de la migración latinoamericana. En particular, para proponer a la Unión Europea una hoja de ruta que conduzca a un Acuerdo específico en materia de política migratoria, respetuosa de los derechos humanos y benéfica para ambas partes.

En Colombia, el Polo Democrático Alternativo debe incorporar a su plataforma programática y electoral un conjunto de medidas multilaterales en favor de los colombianos y colombianas en el exterior. En materia de derechos sociales de los inmigrantes, propugnar por que el Ministerio de Relaciones Exteriores coordine esfuerzos con los países latinoamericanos para extender el convenio firmado con España sobre la seguridad social y la jubilación a otros países de Europa. En materia de remesas, abogar por el establecimiento de instrumentos financieros respaldados por los Estados de ambas partes, que abaraten los costos de envío de las mismas. En materia de recursos humanos, promover el diseño de un programa de cooperación con la Unión Europea para la participación de los emigrantes en el desarrollo del país y el aprovechamiento de «cerebros fugados».

La Unión Europea no está contra la inmigración regular, por el contrario, la necesita. Y frente a la inmigración irregular, las realidades tozudas terminarán por imponerse sobre el voluntarismo de los dirigentes y parlamentarios europeos. La visión defensiva y proteccionista de las políticas migratorias deberá darle paso, más temprano que tarde, a otra visión en las que primen estrategias de integración, cooperación y reciprocidad. Nos corresponde a los latinoamericanos, y por tanto a los colombianos y colombianas, y a nosotros como polistas, movernos en defensa de nuestros nacionales emigrantes, una meta en donde van de la mano soberanía nacional y concertación internacional.

Fuentes consultadas: CAN, www.comunidadandina.org; Consejo de Europa, www.coe.int; Gobierno de Francia, www.premier-ministre.gouv.fr; Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, www.oecd.org; Parlamento Europeo, www.europarl.europa.eu; Pronunciamientos oficiales de los presidentes de Bolivia, Ecuador y Venezuela.

Mauricio Trujillo Uribe
París, 1 de octubre de 2008


Texto que sólo compromete a su autor, de libre difusión, citando la fuente, el autor y publicando fiel copia del mismo

Fuente Artículo revista Nueva Gaceta.

Imagen: El País, España

Tensión con países los vecinos, oportunidad para la paz y lucha contra el narcotráfico

Las naciones latinoamericanas deben y pueden ayudar a que termine el conflicto armado en Colombia y contribuir al tratamiento adecuado del fenómeno internacional del narcotráfico, pues ambos hechos afectan cada vez más la región.

Mauricio Trujillo Uribe *
Washington, 22 de marzo de 2008

En la Cumbre de Río en Santo Domingo celebrada el pasado 7 de marzo y en la reunión de cancilleres de la OEA en Washington que tuvo lugar en la misma semana, los países latinoamericanos rechazaron la violación de la soberanía de Ecuador por parte de Colombia, el presidente Uribe presentó disculpas a Ecuador y su canciller, Fernando Araujo, se comprometió a que este tipo de actos no se repetirán bajo ninguna circunstancia.

Por eso, las insólitas declaraciones del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, al manifestar que el ataque a las FARC en territorio ecuatoriano fue un “acto de guerra legítima” y que si fuese el caso se ordenarían acciones para combatirlas donde quiera que estén, han causado gran sorpresa y malestar en América Latina.

De nuevo la credibilidad del gobierno de Uribe quedó por los suelos, no obstante que el canciller colombiano salió a decir que esas declaraciones de Santos no correspondían a la línea de la Cancillería. Credibilidad ya fuertemente cuestionada cuando quedó claro que la versión inicial que dio el presidente Uribe sobre las circunstancias del asalto de las tropas colombianas era por lo menos amañada, como era infundada la versión inicial de las autoridades colombianas cuando le «deslizaron» al periódico El Tiempo, la foto del computador de Reyes sugiriendo que era la del Ministro de Seguridad de Ecuador.

Ante semejante fiasco del gobierno colombiano en el manejo de las relaciones internacionales, los demócratas en Colombia debemos exigirle al presidente Uribe acatar al menos las principales conclusiones de la declaración de la Cumbre del Grupo de Río y de la Resolución de la reunión de cancilleres ante la OEA, en donde:

– Se reiteró «la plena vigencia» del principio de la soberanía territorial «sin ninguna excepción», consagrado en la Carta de la OEA, «como un principio vital de la convivencia entre las naciones americanas». También se reiteró la «abstención del uso o amenaza de uso de la fuerza» y la «no injerencia en los asuntos de otros Estados», consignados igualmente en la Carta de la OEA.

– Se derrotó la tesis, inaceptable, que defendían Colombia y Estados Unidos que pretendía respaldar la violación de la soberanía de Ecuador invocando el “derecho a la legítima defensa” (por encima del derecho internacional) y la resolución de la ONU que condena el apoyo a terroristas (sin probar que ese sería el caso del gobierno de Ecuador). Tesis similar a la que Estados Unidos acudió en su momento para “justificar” las agresiones en Afganistán e Irak.

– No pasó el concepto de «la lucha contra el terrorismo» que el gobierno de Uribe quiso hacer aprobar en referencia a las FARC. Los países reiteraron «el firme compromiso de combatir las amenazas a la seguridad» en la región «por parte de organizaciones criminales, en particular aquellas vinculadas al narcotráfico», pero siempre con sujeción al derecho nacional e internacional.

– Se hicieron recomendaciones para restablecer un clima de confianza entre Ecuador y Colombia, entre ellas: crear una comisión especial de la OEA para que le haga seguimiento y verificación a los acuerdos fronterizos, desarrollar programas de integración y promover el diálogo entre la sociedad civil en las fronteras y fortalecer el comercio bilateral (el Secretario General de la OEA deberá presentar en la próxima Asamblea General en Colombia un informe sobre el cumplimiento de estos puntos).

– Se renovó la importancia de los foros multilaterales con base en el derecho internacional, se comprobó que los países de América Latina y Caribe tienen la capacidad de trabajar juntos y con autonomía frente a Estados Unidos, y se avanzó en la idea de crear la Organización de Estados Latinoamericanos.

– Quedó claro que las naciones latinoamericanas deben y pueden ayudar a que termine el conflicto armado en Colombia y contribuir al tratamiento adecuado del fenómeno internacional del narcotráfico, pues ambos hechos afectan cada vez más la región. Además se fortaleció la idea de crear un grupo de países amigos, al estilo Grupo de Contadora, que facilite el diagnóstico de soluciones conjuntas y la construcción de un escenario de paz.

La crisis diplomática causada por la decisión del presidente Uribe de atacar a las FARC en territorio ecuatoriano generó la reacción de los países de América Latina, quienes finalmente dejaron en firme el principio de que las relaciones entre los países deben observar de manera estricta la soberanía y el derecho internacional.

Esta crisis con los vecinos también puso de presente que es necesario persistir en una solución política del conflicto armado en Colombia y que alcanzar la paz en nuestro país requiere del respaldo de la comunidad internacional.

Mauricio Trujillo Uribe *
Washington, 22 de marzo de 2008

* Miembro de la Dirección Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo. Miembro de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Polo.


Opinión que sólo compromete a su autor, de libre difusión, citando la fuente, el autor y publicando fiel copia de la misma

Fuente: Página Web Polo Democrático Alternativo

Foto: ipTimes – Imágenes Google

Crisis con Ecuador y Venezuela: medir lo sucedido en su justa dimensión

Résultats de recherche d'images pour « imágenes crisis regional marzo 2008 colombia ecuador y venezuela »

En la OEA, varios gobiernos de países de América Latina han apoyado el pedido del gobierno de Ecuador de condenar a Colombia por la violación de su soberanía nacional. ¿Tal petición puede considerarse justa, sin considerar justa la solicitud de que se investigue el supuesto apoyo financiero del gobierno de Venezuela a las FARC y las relaciones del gobierno de Ecuador con las FARC?

Mauricio Trujillo Uribe *
Bogotá, 5 de marzo de 2008

Ha tenido lugar una serie de hechos que han profundizado la crisis de las relaciones de Colombia con Ecuador y Venezuela, y si la escalada no se detiene la polarización creciente podría conducir a un enfrentamiento de graves consecuencias para los pueblos y países de la región.

Las fuerzas democráticas de Colombia deben manifestarse, contribuyendo en lo posible a proponer salidas que ayuden a que la tensión disminuya y se restablezcan las relaciones entre los tres países hermanos.

Es necesario intentar medir lo sucedido en su justa dimensión:

–      El Estado colombiano tiene el legítimo derecho del monopolio de las armas, tiene el legítimo derecho de perseguir y combatir a los grupos armados ilegales, entre ellos a las FARC. En consecuencia, el gobierno colombiano tiene la obligación de enfrentar sin excepción a esos grupos. Al mismo tiempo, es su deber buscar salidas políticas para poner fin a un conflicto armado que lleva más de cuarenta años.

–      En los acontecimientos que culminaron el pasado 1 de marzo de 2008 con la muerte del comandante de las FARC, Raúl Reyes, el gobierno de Colombia no atacó a la población civil ni a las autoridades del vecino país, ni a los bienes del Ecuador. Las Fuerzas Armadas atacaron un campamento de las FARC que se encontraba en Ecuador, al borde de la frontera con Colombia, sin que hubiese la intención de atacar al país hermano. Su objetivo principal era Raúl Reyes.

–      Sin embargo, el asalto al campamento violó la soberanía y la integridad territorial del Ecuador. En este sentido se trata de un acto condenable, como lo es todo acto por parte de las autoridades colombianas que, en el marco del combate a los grupos armados ilegales, viole las leyes. Le cabe al gobierno de Uribe la responsabilidad legal por la violación del Derecho Internacional en que ha incurrido, como le cabe a las FARC la responsabilidad política por utilizar las fronteras de los países vecinos.

–      Las pruebas que supuestamente el gobierno de Colombia dice haber encontrado en los computadores incautados en el asalto, indicarían que el gobierno del Ecuador estaba apoyando a las FARC. El gobierno ecuatoriano sostiene que mantenía contactos con las FARC con el fin de facilitar la liberación de las personas secuestradas, entre ellas Ingrid Betancur. ¿Pero es normal que esos contactos con las FARC se estuviesen adelantando sin el conocimiento del gobierno de Colombia? ¿Esta relación unilateral con las FARC por parte del gobierno de Ecuador, aun si fuese por motivos humanitarios, no es a su vez una violación de la soberanía de Colombia?

–      Con motivo del asalto al campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha lanzado improperios contra el Presidente Uribe. No en vano las declaraciones de Carlos Gaviria el pasado 2 de marzo: «Yo soy el Presidente de un partido de oposición pero nosotros debemos tener presente que al Presidente lo eligieron los colombianos y que el Presidente no puede ser tratado de una manera tan irrespetuosa por Jefes de Estado de países extranjeros y mucho menos vecinos».

El presidente Chávez también ha amenazado con una guerra si un tal hecho llegase a producirse en territorio venezolano, ha cerrado la embajada de Venezuela en Bogotá, ha expulsado el embajador de Colombia en Caracas y ha anunciado el cierre de la frontera con Colombia.

Actuando de esta manera, el presidente Chávez, lejos de conseguir que la opinión pública colombiana entienda sus razones, provoca la adhesión de la misma al presidente Uribe y le «da manivela» a la escalada de la confrontación entre los dos países. ¿No estamos acaso frente a una respuesta desproporcionada y que no le corresponde por parte del presidente Chávez, cuando en realidad los hechos sucedieron en Ecuador y no en Venezuela?

–     Es inconveniente el anuncio del presidente Uribe de presentar una demanda contra el presidente Chávez ante la Corte Penal Internacional por patrocinio de grupos terroristas, tanto más cuando cerca del 30% de los congresistas que apoyaron al primer mandatario de Colombia en su pasada campaña electoral se encuentran investigados por vínculos con grupos paramilitares. Todo lo anterior cierra aún más las puertas a la posible gestión del presidente Chávez para facilitar un Acuerdo Humanitario (luego de quedar demostrado su valioso concurso en la reciente liberación de los secuestrados) y a su acción en aras de un acuerdo político para acabar con el conflicto interno armado. ¿Podría ser el presidente Lula quien entre a jugar un rol de intermediación?

–      En la OEA, varios gobiernos de países de América Latina han apoyado el pedido del gobierno de Ecuador de condenar a Colombia por la violación de su soberanía nacional. ¿Tal petición puede considerarse justa, sin considerar justa la solicitud de que se investigue el supuesto apoyo financiero del gobierno de Venezuela a las FARC y las relaciones del gobierno de Ecuador con las FARC?

–      La bancada del partido Liberal en el Congreso de Colombia ha anunciado su respaldo al Presidente Uribe «para que solucione la crisis, pero no para que la profundice». A su vez, muchos colombianos mirarán con atención la posición del Polo Democrático frente al presidente Uribe en esta crisis regional.

Mauricio Trujillo Uribe *
Bogotá, 5 de marzo de 2008

* Miembro de la Dirección Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo. Miembro de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Polo.


Opinión que sólo compromete a su autor, de libre difusión, citando la fuente, el autor y publicando fiel copia de la misma

Fuente: Página Web Polo Democrático Alternativo

Foto: Portal In