Los dineros de las FARC: Colombia requiere juego limpio

La entrega de todos sus dineros por parte de las FARC hace parte del juego limpio que requiere la sociedad colombiana para poder confiar en los acuerdos de paz.

Por Mauricio Trujillo Uribe

Los dineros en manos de las FARC antes de la firma de los acuerdos de paz, en Bogotá el año pasado, se consideran conexos al delito de rebelión en la medida en que aquellos hayan sido utilizados para financiar dicha rebelión. Son dineros producto de actividades ilícitas y sistemáticas que afectaron gravemente a grandes y pequeños propietarios rurales, comerciantes y empresarios, entre otros, y generaron tremendas consecuencias para la sociedad colombiana y nuestro país en general, como también en el campo internacional. Sin embargo, son dineros obtenidos en el marco de una rebelión armada con fines políticos, aunque se alegue que ésta se haya degradado con el paso del tiempo en sus propósitos iniciales, y a pesar de que posiblemente parte de esos dineros haya servido a fines personales de algunos miembros de esa guerrilla.

Esos acuerdos de paz llevados a cabo por el gobierno del presidente Santos, que la historia le reconocerá a ambas partes, y gracias también, entre otros factores, a la acción contundente del gobierno del Presidente Uribe que logró debilitar a las FARC, acuerdos que comprometen al Estado colombiano, tienen como propósito voltear la página del enfrentamiento armado con esa organización, lo cual implica no sólo la entrega de las armas por parte de los insurgentes y su incorporación a la vida civil, sino también que esa guerrilla se transforme en partido político y luche por sus propuestas en el marco exclusivo de la democracia e institucionalidad colombiana. Desde luego, en el centro de esos acuerdos de paz debe estar y está la reparación de las víctimas, así como las medidas de orden económico, social y político que lleven a la implementación exitosa de los mismos y, en general, que permitan que Colombia transite hacia una cultura de convivencia nacional.

La entrega de todos sus dineros por parte de las FARC hace parte del juego limpio que requiere la sociedad colombiana para poder confiar en esos acuerdos de paz. Los dineros que eventualmente las FARC no declare, se convertirán en un haraquiri contra ellas mismas y, obvio, la justicia ordinaria deberá llegar sin concesiones a quienes los encubran, detenten y usufructuen. En este sentido la acción de la Fiscalía General de la Nación es fundamental; la extinción de dominio y los procesos penales que se deriven de tal hecho, si ello ocurre, serán de rigor.

En cambio, los dineros declarados por las FARC, según lo prevén los acuerdos de paz, irán a un fondo para la reparación de las víctimas principalmente, así como para la reinserción colectiva de los ex-guerrilleros a la vida civil y la conversión de esa organización en partido político. La figura legal para el manejo de esos recursos será una fiducia en cuya administración participarán delegados del gobierno y ex-FARC, según el decreto que acaba de expedir el Gobierno.

Que una parte pequeña de esos dineros sirva para que los ex-guerrilleros vuelvan a la vida normal y den los primeros pasos como nuevo partido político, no debe ser motivo para rasgarse las vestiduras ni mucho menos. La esencia de los acuerdos de paz con una organización guerrillera no vencida, como es el caso de las FARC, es que se comprometan a actuar en adelante por las vías legales. Al fin de cuentas, facilitarles el tránsito a la vida social y política es fortalecer la paz, el pluralismo y la democracia en Colombia.

Mauricio Trujillo Uribe
Bogotá, 8 de junio de 2017


Texto que sólo compromete a su autor, de libre difusión, citando la fuente, el autor y publicando fiel copia del mismo

Foto: portal Kien y Ke

El NO ganó el plebiscito: no hay mal que por bien no venga, podríamos decir los del SI

El triunfo del NO puede abrir una nueva oportunidad para la paz, sobre la base de alcanzar un consenso nacional más amplio sobre los acuerdos, consenso necesario para la reconciliación del país.

Por Mauricio Trujillo Uribe

El pasado 2 de octubre, el NO ganó el plebiscito sobre los acuerdos de paz firmados en la Habana entre el Gobierno y las FARC, al alcanzar 50.2% de los votos depositados en las urnas, en medio de una abstención que superó el 60%.

Santos no estaba obligado a convocar este plebiscito para validar constitucional y legalmente los acuerdos de paz: la Constitución colombiana otorga las competencias necesarias al Presidente de la República para preservar y garantizar la paz del país. Él hubiese podido suscribir esos acuerdos directamente con el respaldo mayoritario del Congreso. Sin embargo, Santos quiso sacar adelante la refrendación de los acuerdos de paz para darles legitimidad política y, de paso, aplanar a su más enconado adversario político, el uribismo, convencido como estaba del triunfo del SI.

Varias cosas se mezclaron haciendo posible que la mitad de los votantes y cerca de 50 mil más, optaran por el NO. En primer lugar, el dolor y rechazo que las FARC han generado en su contra durante décadas en muchas regiones del país por sus abusos, secuestros y asesinatos. Además, gran número de colombianos no aceptan que los autores de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad no paguen cárcel. Tampoco ven una actitud sincera en el arrepentimiento de las FARC, ni les queda claro cómo repararán a sus víctimas.

Tuvo gran impacto el discurso fanático de oposición del expresidente Uribe, amplificado por su bancada en el Congreso, algunas iglesias cristianas y algunos periodistas y medios de comunicación. A todo ello se sumó la campaña de mentiras y desinformación a través de las redes sociales, numerosas noticias falsas de todo tipo circularon en contra de los acuerdos de paz. Contó también la baja popularidad del Presidente Santos, hubo mucha gente que votó NO como una manera de censurar su gestión de gobierno.

Éstas y otras razones permitieron que los promotores del NO ganaran; sus voceros hablaban de querer la paz, una paz a su manera, bajo una mirada del conflicto armado nublada por el rencor. Querían la revisión o supresión de varios puntos cruciales pactados en la Habana que de no haber sido incluidos en la mesa de negociación probablemente no se hubiese conseguido un acuerdo con las FARC, organización guerrillera que aun cuando debilitada no estaba vencida.

¿Qué sigue ahora? Se abre un período de incertidumbre, de forcejeo, pero también, paradójicamente, el triunfo del NO puede abrir una nueva oportunidad para la paz, sobre la base de alcanzar un consenso nacional más amplio sobre los acuerdos, necesario para una reconciliación del país. El Presidente debe hacer lo necesario para reconducir prontamente el proceso de paz con las FARC. Igualmente, explorar la posibilidad de involucrar al ELN a una nueva negociación, aunque parece difícil dadas las posiciones maximalistas y a la vez gaseosas de esta otra agrupación insurgente.

Se requiere el concurso de todos para encontrar la mejor salida a este impase nacional. Tanto las élites que respaldan a Santos, como la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, los líderes del NO, los partidos políticos y los representantes de los principales movimientos sociales, tienen el deber de encontrar un nuevo espacio de negociación para replantear la agenda de paz y acordar un mecanismo de validación legal y política que nos permita alcanzar un gran pacto nacional. En este sentido, si ello se logra, no hay mal que por bien no venga, podríamos decir quienes votamos SI en el plebiscito.

Mauricio Trujillo Uribe
Bogotá, 7 de octubre de 2016


Texto que sólo compromete a su autor, de libre difusión, citando la fuente, el autor y publicando fiel copia del mismo

Imagen tomada de las redes sociales

Por qué ganó el NO en la refrendación de los acuerdos de paz con las FARC

Resumen de los factores que jugaron en contra de la refrendación de los acuerdos de paz firmados en la Habana en el plebiscito realizado el 2 de octubre de 2016.

Por Mauricio Trujillo Uribe

Conocidos y analizados los resultados del plebiscito por los acuerdos de paz con las FARC en el que el NO ganó con 50.21% frente al SI con 49.78%, lo cual significa en la práctica que los votantes estuvieron divididos casi por igual, un resumen de 15 factores que jugaron en contra de la refrendación de los acuerdos de paz, es el siguiente:

1- El rechazo que las FARC han acumulado en su contra durante décadas, por causa de sus acciones violentas, sirvió de combustible al NO a pesar de que esta insurgencia ha demostrado su voluntad de paz.

2- El discurso radical del expresidente Uribe en contra de algunos puntos de los acuerdos, generó temor y alarma en amplios sectores de la población.

3- El púlpito fundamentalista de algunas iglesias cristianas empujó a sus feligreses y familias a una reacción disciplinada y movilizadora por el NO.

4- A través de las redes sociales, enemigos de los acuerdos alimentaron una campaña de mentiras y desinformación con grave eco en sectores populares.

5- La imagen desfavorable del presidente Santos en ciertos sectores, llevó a una parte de los votantes al NO como una forma de censura a su gestión.

6- El nombramiento del expresidente Gaviria como director de la campaña por el SI produjo inconformidad afectando la misma, al tiempo que la publicidad por el SI apuntaba en todas direcciones mientras el discurso del NO era básicamente el mismo.

7- El debate público sobre la ideología de género en la cartilla del Ministerio de Educación, asociado hábilmente por el ex-Procurador y grupos cristianos a los acuerdos, causó ampolla en muchas familias tradicionales.

8- Los reiterados anuncios oficiales de nuevos impuestos en la reforma tributaria que el Gobierno presentará próximamente al Congreso, ayudaron a tejer la idea de que con ello se financiaría el posconflicto, influyendo en contra del SI.

9- Ante delitos de lesa humanidad cometidos por miembros de las FARC, no pocos ciudadanos consideraban pertinente la sanción de cárcel; al creer desde su punto de vista que habría impunidad, inclinaron su voto hacia el NO.

10- Aunque las FARC pidieron perdón a las víctimas, no hubo suficiente claridad sobre cómo las iban a reparar, propiciando un sentimiento de incredulidad. A su vez, la entrevista a Romaña generó dudas sobre la autocrítica de la guerrilla acerca de la terrible e inhumana práctica del secuestro.

11- El anuncio de las FARC dos días antes del plebiscito sobre la entrega que harían de sus recursos monetarios y materiales en el curso de la proceso de implementación de los acuerdos, además de tardío contradecía sus declaraciones anteriores de que no tenían dinero pues lo habían gastado en la guerra. Ello generó desconfianza y favoreció el NO.

12- La jerarquía de la Iglesia Católica colombiana no se comprometió a fondo con el SI, a pesar del pronunciamiento del Papa Francisco.

13- La actitud retrechera del Vicepresidente frente a ciertos puntos de los acuerdos de paz, reflejada en los medios de comunicación, afectó el SI.

14- Las FARC anunciaron que entregarían los menores vinculados a su organización, sin embargo, salvo la entrega de unos pocos, la opinión pública se quedó esperando este gesto decisivo.

15- La escasa cultura política en amplios sectores de la ciudadanía se reflejó una vez más en abstención electoral; gran indiferencia ante un plebiscito que buscaba cesar un conflicto armado interno de más de 50 años.

Mauricio Trujillo Uribe
Bogotá, 5 de octubre de 2016


Texto que sólo compromete a su autor, de libre difusión, citando la fuente, el autor y publicando fiel copia del mismo

Foto: Revista Semana

Esperanza de paz en Colombia, la ciudadanía tiene la palabra con su voto


He escuchado con atención los argumentos del NO frente a los acuerdos del paz con las FARC y algunos parecen comprensibles y hasta justificables. Pero cuando se pone en la balanza el conjunto de lo acordado, queda claro que la refrendación de esos acuerdos es el mejor resultado para el futuro de nuestra juventud y de las generaciones venideras. ¡¡Votemos SI el próximo 2 de octubre!!

Por Mauricio Trujillo Uribe

Con la firma de los acuerdos del Gobierno y las FARC-EP el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena, y la ratificación de los mismos por voto popular el próximo 2 de octubre, finalizará la guerra de esta organización contra el Estado colombiano, guerra que ha causado un inmenso daño a la sociedad y al país.

He escuchado con atención los argumentos del NO y algunos de ellos me parecen comprensibles y a primera vista justificables, pero cuando se pone en la balanza el conjunto de lo acordado, o sea, de un lado todos los reparos, y del otro todos los beneficios, queda claro que éstos pesan mucho más que aquellos y que el SI será el mejor resultado para el futuro de nuestra juventud, de nuestro desarrollo económico y cultural, de nuestra democracia, en fin, para nuestra vida y la de las generaciones venideras.

Sería magnífico que los acuerdos adelantados en la Habana contasen con un consenso nacional mucho más amplio o unánime, como si lo tienen en la comunidad internacional. Los acuerdos de paz viables, no los acuerdos ideales desde el punto de vista de una de las partes, son fruto de procesos de negociación.

En el caso colombiano, luego de más de 50 años de confrontación armada en que el Estado ha finalmente debilitado a las FARC sin vencerla, no se trata de acuerdos de claudicación de esta guerrilla sino de acuerdos en donde ambas partes pusieron desde el principio condiciones inamovibles para sentarse a la mesa, entendiendo igualmente que a partir de allí tendrían que hacer concesiones; ese era justamente el equilibrio necesario para abrirle paso al camino de la paz.

El gobierno puso desde el comienzo la línea infranqueable de la dejación de las armas por parte de las FARC a corto plazo apenas se firmasen los acuerdos, en otras palabras, la aceptación por parte de las FARC de la hegemonía del Estado en la detención y uso de las armas. A su vez, las FARC pusieron como condición que ninguno de sus miembros pagaría un día de cárcel, pues consideran que su causa ha sido en favor del pueblo colombiano. También hubo desde el principio otros inamovibles de lado y lado, por ejemplo, el mantenimiento del modelo económico por parte del Gobierno y la participación en política institucional por parte de las FARC. Ese era el marco a partir del cual ambas partes se sentaban a negociar para alcanzar acuerdos.

Los partidarios del No plantean la necesidad de renegociar algunas de las condiciones básicas que permitieron iniciar en su momento el proceso de negociación; ello sería desandar la esperanza de paz que hoy tenemos y entrar en un terreno de incertidumbre en el cual todo puede suceder.

¡¡Votemos SI el próximo 2 de octubre!!, «haciendo de tripas corazón» frente a los costos que nos parecen injustos, pero así mismo votemos SI con alegría y optimismo, con la certeza de que serán muchísimos más los beneficios que traerán estos acuerdos de paz a todos los colombianos, a América Latina y al mundo.

Mauricio Trujillo Uribe
Bogotá, 30 de septiembre de 2016


Texto que sólo compromete a su autor, de libre difusión, citando la fuente, el autor y publicando fiel copia del mismo

Imágenes de redes sociales

El tsunami humano del 4 de febrero de 2008

Résultats de recherche d'images pour « marcha 4 febrero 2008 »

Millones de ciudadanos marcharon con camisetas blancas, portando banderas y letreros, coreando “libertad para los secuestrados y no a la guerra”, muchos de ellos exigiendo un acuerdo humanitario.

Mauricio Trujillo Uribe *
Bogotá, 8 de febrero de 2008

Las multitudinarias marchas ciudadanas del 4 de febrero de 2008 en Colombia expresaron un movimiento social multifacético que no puede encasillarse en epítetos reductores y clasificaciones excluyentes.

Lo primero que debemos señalar es que esas marchas reflejaron ante todo un sentimiento real de la mayoría de la sociedad urbana de repudio al secuestro y de rechazo a las FARC. Un sentimiento acumulado principalmente a lo largo de los últimos años y exacerbado recientemente por los testimonios sobre las condiciones de ignominia y calvario que padecen los secuestrados.

Sin embargo, lemas como «no más secuestros», «no más mentiras», «no más FARC» que agitaban las multitudes, no se acompañaban de consignas como «rescate a la fuerza», «viva Uribe», «guerra a las FARC» o consignas similares, salvo en grupos minoritarios.

Desde luego, grupos de poder del establecimiento buscaron inducir a la opinión pública para que esa movilización fuese a su vez un apoyo al Presidente Uribe y a su política de «Seguridad Democrática»; y en parte lo lograron. El apoyo económico de ciertos gremios patronales para costear la propaganda fue evidente. Abundó la información sesgada sobre los objetivos de la marcha y fue visible la intención de algunos sectores políticos de derecha, a los que se sumaron grupos de ultra-derecha, de insuflarle a esa jornada un sentimiento de odio y de pensamiento único.

Pero las grandes mayorías urbanas que se movilizaron el 4 de febrero lo hicieron por solidaridad con los secuestrados y porque están hastiadas de la violencia y anhelan un país en paz. Esa es, en el fondo, la motivación fundamental que llevó a un mar de colombianos y colombianas a volcarse a las calles en una jornada histórica sin precedentes en el país y en el exterior.

La movilización fue un acto masivo y pluralista que desbordó los cálculos de todos, incluido el Polo, cuyo Comité Ejecutivo en su mayoría no supo o no quiso entender los sentimientos del ciudadano de a pie y se quedó corto frente a los acontecimientos. De hecho, esa mayoría decidió que el partido no participaría en la marcha, no obstante los argumentos que algunos de los miembros de esa máxima instancia de decisión del Polo expusimos sobre la importancia y significado de esa manifestación ciudadana.

Intentar explicar desde ciertas posiciones izquierda que el tsunami humano del 4 de febrero se debió principalmente a la manipulación del oficialismo, de los sectores «uribistas» y de los medios de comunicación, o absurdamente comparar esas marchas ciudadanas con las marchas de apoyo a Hitler en la época de la Alemania fascista, es pretender «tapar el sol con las manos» y cerrar los ojos a la realidad.

Lo que vimos fue una actitud distinta y serena de millones de ciudadanos y ciudadanas que con camisetas blancas, portando banderas y letreros, e inventando ingeniosas formas de expresión, coreaban libertad para los secuestrados y no a la guerra; muchos de ellos exigiendo un acuerdo humanitario.

Mauricio Trujillo Uribe *
Bogotá, 8 de febrero de 2008

* Miembro de la Dirección Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo


Opinión que sólo compromete a su autor, de libre difusión, citando la fuente, el autor y publicando fiel copia de la misma

Fuente: Página Web Polo Democrático Alternativo

Foto: Revista Semana

Paramilitarismo: a dos años de la Ley de Justicia y Paz

La desmovilización de los paramilitares, la entrega de sus estructuras de poder y su reincorporación a la vida civil, constituyen pasos indispensables hacia la paz. Al mismo tiempo, se deben garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, como condición esencial para que haya reconciliación y el proceso de paz marche sobre bases sólidas.

Mauricio Trujillo Uribe *
La Haya, 24 de octubre de 2007

El camino hacia la paz en nuestro país es complejo, son muchos los factores que intervienen, hay todavía gran polarización de los espíritus y los sentimientos de rencor y venganza siguen latentes en muchos colombianos envueltos en el conflicto.

En relación al paramilitarismo, según la publicación del CINEP, “Deuda con la Humanidad período 1988–2002”, son imputables a los paramilitares 19.000 crímenes de lesa humanidad (homicidio y desaparición) en los últimos 20 años. De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas, entre 2002 y 2006, los grupos paramilitares son los principales responsables de más de 11.000 personas registradas como asesinadas o desaparecidas por motivos políticos, por fuera de combate. Existen cerca de 4.000 fosas comunes, señala el Procurador General de la Nación, y alrededor de 3.500.000 personas han sido desplazadas por la fuerza, a muchas de las cuales les usurparon sus tierras.

Sin embargo, creemos que si es posible el desmonte del paramilitarismo en el país. La desmovilización de los paramilitares, la entrega de sus estructuras de poder y su reincorporación a la vida civil, constituyen pasos indispensables para avanzar hacia la paz. Al mismo tiempo, se deben garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, como condición esencial para que haya reconciliación y el proceso de paz marche sobre bases sólidas.

Según fuentes oficiales, a comienzos del 2002 las estructuras paramilitares contaban con cerca de 30.000 miembros, para los cuales el gobierno de Uribe Vélez promueve desde hace dos años un proceso de desmovilización, desarme y reincorporación, mediante dos leyes: la primera, la Ley 975 de 2005, denominada Ley de Justicia y Paz, destinada a paramilitares incursos en delitos de lesa humanidad, responsables de crímenes atroces. La segunda, la Ley 782 de 2002, modificó las reglas para la negociación con organizaciones armadas ilegales y está orientada al tratamiento de la base de los grupos paramilitares.

Desde muchos sectores de la sociedad colombiana hay oposición a las condiciones y términos en que el alto gobierno viene adelantando este proceso. Las críticas se refieren principalmente al hecho de que las penas previstas en dicha ley no son proporcionales a los crímenes de lesa humanidad que se le imputan a muchos paramilitares que se han acogido a la ley de Justicia y Paz. Ésta establece 8 años de cárcel máximo. También, porque el Gobierno no ha buscado un consenso nacional básico sobre el tratamiento del problema paramilitar.

De cualquier manera, no es viable ni factible que los grupos paramilitares se desmovilicen voluntariamente, se sometan a la justicia y desmonten su poder ilegal, si se les aplican las leyes penales ordinarias, pues en tal caso muchos de ellos tendrían que pagar penas de prisión de 40 y más años. Allí la justicia transicional encuentra toda su razón de ser.

A su vez, gracias a las acciones de tutela y los fallos de la Corte Suprema de Justicia, la versión inicial de la ley de Justicia y Paz presentada por el presidente Uribe y aprobada por las mayorías en el Congreso, tuvo ciertos cambios significativos: se negó la calificación de delincuentes políticos a los paramilitares; se les exige declarar la verdad so pena de perder los beneficios de la ley; y deben reparar a las víctimas con sus propios patrimonios.

Lamentablemente, dos años después de aprobada la ley de Justicia y Paz los resultados son pírricos, hasta el momento apenas han sido tratados 54 expedientes sobre 3.000 de los paramilitares que se acogieron. Hay alrededor de 60.000 peticiones por parte de las víctimas, pero en las audiencias el número de victimas presentes es mínimo por falta de garantías y por la complejidad de los requisitos exigidos para ser calificadas como víctimas. La Fiscalía General de la Nación lleva las investigaciones de cerca de 25.000 expedientes y no dispone de los recursos humanos y materiales suficientes para cumplir sus funciones en tiempo útil y se estima que a ese ritmo necesitará más de 50 años para hacer ‘justicia’.

La planificación por parte del Gobierno de este proceso de desmovilización de los paramilitares fue negligente, si nos atenemos a las declaraciones de Mancuso y otros líderes de las Autodefensas Unidas Campesinas: nunca se verificó la situación de 550 personas registradas como ‘secuestradas’ por las autodefensas, ni se inquirió por los desaparecidos, ni se hizo entrega especial de los niños reclutados por esos grupos, ni se preparó bien el apoyo que se les daría a las comunidades en las zonas de conflicto.

Los jefes paramilitares han dejado la impresión de declarar en sus versiones libres sólo una parte muy pequeña de la verdad y sin arrepentimiento. Se ha facilitado que cuadren y amañen sus declaraciones, no obstante que conocer lo sucedido, ‘la verdad histórica’, es uno de los pilares fundamentales de un proceso exitoso de desmovilización y reconciliación, o al menos de convivencia mínima entre las partes.

Subsiste en el país un ambiente de suspicacia en el sentido de que algunos líderes paramilitares desmovilizados siguen manejando desde la cárcel actividades ilícitas incluyendo las de narcotráfico y continúan ejerciendo un cierto control social, económico y de intimidación en sus regiones. Así las cosas, el Gobierno se dispone a extraditar a Estados Unidos, por cargos de narcotráfico, a dos importantes jefes paramilitares: alias “Macaco” y alias “Don Berna”. Al parecer, durante los cinco años que han transcurrido desde que inició sus negociaciones con los paramilitares, estos jefes han continuado delinquiendo.

Numerosas víctimas que han declarado judicialmente en contra de los paramilitares han sido amenazadas y 19 de ellas han sido asesinadas: Yolanda Izquierdo (31 de enero de 2007), Carmen Cecilia Santana (7 de febrero de 2007, Osiris Jacqueline Amaya (14 de marzo de 2007) y Judith Vergara (23 de abril de 2007), entre otras. No hay pronunciamientos del alto gobierno ni investigaciones que demuestren cuáles son los responsables de las agresiones a las víctimas, generando sentimientos de desconfianza, vulnerabilidad, desesperanza y poca credibilidad respecto de la capacidad protectora del Estado.

El presupuesto oficial para los programas de atención a las víctimas es mínimo y el Gobierno no actúa con diligencia y determinación para garantizar que los jefes y mandos medios paramilitares devuelvan las miles de hectáreas de tierras arrebatadas y reparen con sus propios bienes ilícitos a las víctimas. Tampoco para garantizar el pronto retorno de las comunidades que fueron expulsadas o desplazadas.

El proceso de desmovilización paramilitar emprendido entre 2003 y 2005, si bien desactivó importantes estructuras y muchos de sus miembros se vincularon al Programa de Reincorporación, nuevos grupos ilegales reciclados aparecen, mantienen relación directa con el narcotráfico, amenazan y ejecutan homicidios y otros ataques contra la población civil y organizaciones sociales, de la misma forma que el paramilitarismo. Los grupos paramilitares que se desarmaron en Colombia mantienen sus «estructuras políticas y económicas», afirmó hace poco en Bogotá la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la canadiense Louise Arbour.

El Gobierno dejó en libertad a cerca de 30.000 supuestos paramilitares a quienes concedió una amnistía de facto con el argumento de que no tenían procesos judiciales en su contra antes de la desmovilización. Pero la Corte Suprema de Justicia, en decisión reciente, 11 de julio de 2007, declaró que eso era violatorio de la Constitución, que solamente se autorizan amnistías o indultos para delitos políticos, y el paramilitarismo no es un delito político, sino un crimen de concierto para delinquir agravado. Por ello, el Gobierno ha presentado con carácter urgente un proyecto de ley para darles una salida y evitar la inseguridad jurídica.

Esa misma Corte ha abierto procesos judiciales a más de 20 congresistas y son más de 100 los funcionarios de alto nivel judicializados por presuntos nexos con el paramilitarismo. En su pronunciamiento descalificando a la Corte Suprema, Uribe Vélez critica las decisiones judiciales ajustadas al ordenamiento legal y constitucional del país.

En este contexto, acudimos a la comunidad europea para que los recursos de cooperación internacional con Colombia sean destinados en mayor parte a las necesidades y desarrollo de las comunidades víctimas del conflicto armado. Para que inste al gobierno a tomar medidas efectivas para proteger a las víctimas que se aprestan a presentar sus denuncias. Para que suscite el interés de la Corte Penal Internacional sobre Colombia.

Esperamos que los paramilitares que se han acogido a la ley de Justicia y Paz, le juegan limpio al pueblo colombiano, declarando la verdad, reparando a las víctimas y desmontando su poder ilegal. Entonces podremos decir que esa ley le sirve a la democracia, a la sociedad y al país.

Mauricio Trujillo Uribe *
La Haya, 24 de octubre de 2007

* Miembro de la Dirección Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo. Miembro de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Polo.


Texto que sólo compromete a su autor, de libre difusión, citando la fuente, el autor y publicando fiel copia del mismo

Fuente: Conferencia dictada en La Haya, Holanda

Foto: portal Paz con Justicia Social