Los Millenials de Colombia en las Calles

Artículo tomado de REVISTA SUR: www.sur.org.co/los-millenials-de-colombia-en-las-calles

Por Mauricio Trujillo Uribe*

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En buena hora para la vida social y política del país, la Generación de Millenials se moviliza y comienza a ocupar líneas de liderazgo. El espacio de diálogo ganado al gobierno de Duque debe ser aprovechado como un paso hacia la negociación de metas concretas, principalmente en educación y cultura.

El lector encontrará en estas líneas algunas consideraciones sobre las motivaciones que han llevado a los jóvenes que nacieron cerca al siglo XXI y crecieron con las tecnologías digitales, conocidos como los Millenials, a salir masivamente a las calles en estos dos últimos meses.

Desde el paro cívico nacional de 1977, el más grande de la segunda mitad del siglo XX, no habíamos visto tal cantidad de jóvenes desfilando. Hoy se movilizan en un clima más favorable luego de los acuerdos de paz firmados entre el Estado y las FARC.

Estos jóvenes no viven en barrios de marcada pobreza, son más bien de nivel económico medio y han tenido acceso a la educación formal, más de la que tuvieron sus padres y abuelos.

La mayoría de ellos se moviliza por un sentimiento general de inconformidad con el estado de cosas que diariamente les toca vivir, por la ausencia de oportunidades para su desarrollo como individuos, por la incertidumbre frente al futuro que los espera y por la alerta ante el cambio climático.

Así, por ejemplo, una de sus preocupaciones centrales tiene que ver con la dificultad para encontrar empleo en un mundo laboral en donde cada vez más se les pide tener no sólo un pregrado sino un posgrado, y contar con una primera experiencia de trabajo, algo imposible para la gran mayoría. Además, no pocos empleos son mal remunerados e inestables. El estrés que les genera este panorama es aún mayor porque tienen grandes expectativas de un retorno de inversión en términos de éxito y progreso personal. No es de extrañar entonces que muchos de ellos continúen viviendo en casa de sus familiares y que no se proyecten en una relación de pareja con hijos. Ven con desazón que su nivel de vida futura será posiblemente inferior a la de sus progenitores.

De otro lado, a diferencia de la oposición frontal y explícita al mal gobierno de Duque de gran parte de los dirigentes del paro y de las organizaciones de izquierda, y de ciertos grupos pequeños notorios en las marchas, la decisión de estos Millenials de salir a las calles refleja más un rechazo, en general, a la clase política tradicional: no creen en los gobernantes o se decepcionan pronto, no se sienten representados por nadie, o casi nadie, aún menos por un Congreso al que muchos señalan como un cuerpo de políticos profesionales que se perpetúa.

Su indiferencia frente a los partidos políticos del establecimiento es también evidente, aunque la mayoría tampoco se alinea con los partidos de izquierda. Desean voltear la página de la polarización y repudian el asesinato de líderes sociales. Se indignan frente a la corrupción que, dicen, atraviesa todas las instituciones. Sospechan de las informaciones de los medios de comunicación, dándole más credibilidad a las redes sociales, o mejor, a sus propias redes, que retroalimentan en circuito cerrado sus propios sentimientos y creencias. En síntesis, viven una crisis de confianza y legitimidad en los partidos, gobiernos e instituciones, pero prefieren y quieren el sistema democrático.

Son jóvenes con grandes esperanzas y retos en la sociedad de la información, el conocimiento y la innovación. Deben desenvolverse en un mundo globalizado y competitivo. Y están dispuestos a dar la pelea para que las cosas cambien en nuestro país. De hecho, la votación de esta juventud fue determinante en las elecciones territoriales de octubre de 2019 para elegir alcaldes y gobernadores alternativos en las principales ciudades y departamentos, algo inédito en nuestra historia, como también lo será para las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2022.

El protagonismo de los Millenials es decisivo para avanzar hacia una sociedad más equitativa, incluyente y próspera. Pero el potencial transformador de su movilización pierde fuerza por la acción de los encapuchados violentos y visiblemente organizados, que destruyen los bienes públicos y privados, deslegitiman la protesta social y provocan a la fuerza pública (ello no justifica por tanto el abuso de autoridad); y sus banderas se debilitan ante la opinión pública cuando no se tiene en cuenta las necesidades de transporte de los ciudadanos que no participan en las marchas.

En buena hora para la vida social y política del país, la Generación de Millenials se moviliza y comienza a ocupar líneas de liderazgo. El espacio de diálogo ganado al gobierno de Duque, que recuerda al Diálogo Nacional de cierta época, a pesar de la mano dura que piden ciertos sectores de derecha, debe ser aprovechado como un paso hacia la negociación de metas concretas, principalmente en educación y cultura. La protesta democrática será siempre un recurso ante los oídos sordos de los gobernantes, así lo garantiza la Constitución de 1991.

23 de enero de 2020

Mauricio Trujillo Uribe*
*Ex-Alto Consejero TIC Bogotá. Director programa radial Festivales Jazz del Mundo.  Blog: https://agoradeldomingo.com

Foto tomada de: Escuela Nacional Sindical

 

Qué nos dicen las elecciones que acaban de pasar

Artículo tomado de REVISTA SUR – 28 de octubre 2019
https://www.sur.org.co/que-nos-dicen-las-elecciones-que-acaban-de-pasar

Los resultados de las elecciones territoriales que acaban de pasar en Colombia trajeron aires de renovación y arrojan luz sobre los procesos de cambio en curso. El nuevo mapa electoral muestra que el péndulo político del país está cambiando de dirección hacia el centro izquierda. Se abren grandes retos a los mandatarios alternativos e independientes electos, al tiempo que la construcción de una convergencia política amplia para las presidenciales del 2022 será la mejor opción para afianzar lo alcanzado en estos comicios y darle un nuevo rumbo al país.

Por  Mauricio Trujillo
Los resultados de las elecciones territoriales que acaban de pasar en Colombia trajeron aires de renovación del panorama político nacional. El número de gobernadores y alcaldes electos que se presentaron como candidatos alternativos o independientes, no había sido antes tan importante y significativo como ahora. Llama también la atención el número de alianzas electorales amplias y diversas que se conformaron, representando una variada paleta de intereses y de nuevas ciudadanías, reflejo de las problemáticas actuales, como las ambientales, de hábitat, convivencia y educación, entre otras, así como de los relevos generacionales y las transformaciones culturales que vive nuestra sociedad.

El triunfo en Bogotá de Claudia López para el segundo cargo más importante del país después del presidente de la república ha sido ampliamente destacado en la prensa internacional por cuatro razones: por su condición de mujer, siendo la primera alcaldesa electa por voto popular, en una sociedad aún machista; por su orientación sexual en un país muy católico: ella hace parte, públicamente, de la comunidad LGTB; por su lucha contra la corrupción; y por su pertenencia a la Alianza Verde y su programa de gobierno de centro izquierda.

En otros lugares también ganaron las fuerzas alternativas e independientes. Los resultados electorales, conocidos poco después del cierre de las urnas, lo cual habla bien de la Registraduría Nacional y del uso de las TIC, son sorprendentes y dicientes: en las ciudades de Arauca, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Manizales, Medellín, Villavicencio y Yopal, y en los departamentos de Boyacá, Caldas, Cauca, Magdalena, Meta, Quindío, San Andrés, Santander, Santander del Norte, Risaralda y Vaupés, fueron elegidos alcaldes y gobernadores que compitieron frente a los candidatos de los partidos tradicionales y del establecimiento, en medio de prejuicios sociales e ideas conservadoras; de maquinarias politiqueras, parapolíticos y ex-paramilitares; y de clanes familiares que detentan parcelas del poder público y de la contratación de obras públicas.

La jornada electoral del pasado 27 de octubre fue pacífica, transcurrió normalmente, y la legitimidad de los resultados no está cuestionada. Aumentó la participación electoral, siendo una de las votaciones más altas de los últimos años, y el voto en blanco en varios municipios fue alto, algo que de todas maneras fortalece la democracia y la participación política. Sin embargo, en el último año cada 36 horas un candidato sufrió violencia política según la Fundación Paz y Reconciliación; la compra de votos, fenómeno político y social, sigue presente en muchos sitios del país; y los grupos armados ilegales continúan ejerciendo su poder en ciertas áreas rurales.

Estos resultados electorales arrojan luz sobre los procesos de cambio en curso. El nuevo mapa electoral colombiano muestra que el péndulo político del país está cambiando de dirección y comienza a moverse hacia el centro izquierda. En el campo de la derecha, el partido del expresidente Álvaro Uribe, Centro Democrático, perdió terreno. En efecto, numerosos colombianos rechazan cada vez más el enfrentamiento polarizador, la riña permanente y agotadora, y los epítetos descalificadores como forma de hacer política. En el campo de la izquierda, la coalición Colombia Humana-UP también estuvo lejos de sus expectativas. Así como los más de 10 millones de votos que sacó Iván Duque en los comicios presidenciales de 2018 no se tradujeron en votos suficientes para los candidatos del Centro Democrático, tampoco fueron transferibles a los candidatos de la Colombia Humana, la mayoría de los más de 8 millones de votos que obtuvo Gustavo Petro en dichos comicios. La tendencia hacia posiciones de izquierda más moderadas, por parte de mucha gente que en el pasado acompañó a Petro, hoy es visible. Así, estas elecciones muestran que los extremos políticos han disminuido su capacidad de convocatoria.

Los resultados de estos comicios también ponen en evidencia que una base importante de los votantes de a pie se ha alejado de los partidos del establecimiento. Los escándalos de corrupción que envuelven a reconocidos “varones electorales”, han debilitado la influencia de sus partidos en las regiones y tienen hastiada a la sociedad colombiana. Pero sería injusto y nocivo para la democracia, generalizar la suspicacia sobre el conjunto de los políticos. Lo cierto es que los candidatos alternativos e independientes lograron seducir en estas elecciones a sus votantes en buena parte gracias a que son vistos como una generación nueva de políticos ajena a la corrupción. Sin embargo, no puede decirse tajantemente que partidos como el Liberal, Conservador y Cambio Radical, “quedaron en los rines”: también ganaron buen número de alcaldías y gobernaciones.

El voto fue menos clientelista y menos ideológico. Fue más de opinión, más programático y más tolerante, ligado a las necesidades diarias de la gente y a las preocupaciones de nuevas ciudadanías como los ambientalistas, animalistas y millennials, entre otras. De hecho, las encuestas sobre la intención de voto, realizadas con muestreos ridículamente pequeños y cuestionables metodologías, sin ningún tipo de reglamentación, y que una vez difundidas a través de los medios de comunicación y las redes sociales influyen fuertemente en la decisión del “voto útil”, no surtieron efecto. Casi todas las encuestas se pifiaron.

Con los resultados de estas elecciones, las primeras del posconflicto, se abren nuevas oportunidades para fortalecer en los territorios las iniciativas por La Paz. Recordemos las grandes marchas y los plantones de julio pasado, en 57 ciudades de Colombia y 53 en el exterior, repudiando el asesinato de líderes sociales y exigiendo la acción decidida del Estado frente a este terrible flagelo. El debilitamiento político de los sectores del NO y el retroceso de la parapolítica en el país, así como la llegada al poder regional y local de partidos, movimientos y coaliciones alternativos e independientes, que apoyan firmemente los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, hoy partido político FARC, deberían crear mejores condiciones para la convivencia y la concertación en las regiones.

Llegamos entonces a un escenario en el que se abren retos de gran calado a los mandatarios alternativos e independientes electos que pretendan cambios efectivos, y que de no lograrlo abrirán nuevamente el paso a la clase política que no ha sabido dar soluciones de fondo a los déficits regionales y locales que nos aquejan. Pero en paralelo, la construcción de una convergencia política amplia para las presidenciales del 2022, en la que se debería incluir a la izquierda y al centro político alrededor de un proyecto de centroizquierda, será la mejor opción para afianzar lo alcanzado en estas elecciones territoriales y darle un nuevo rumbo al país.

Mauricio Trujillo Uribe
Consultor en Ciudades Inteligentes

Imagen obtenida de: http://www.semaforo.mx

 

Se mueve el cotarro para la alcaldía de Bogotá

Artículo publicado por LE MONDE DIPLOMATIQUE
Edición impresa en español de octubre 2019

Pintura de Adriana Gómez, detalle Colgada de la brocha, de la serie «Algo pendiente», 2009.

Cuatro candidaturas se disputan la dirección de Bogotá para el período 2020-2023. Con diferencias entre las campañas, las mismas están más dadas sobre prevenciones ideológicas y políticas que sobre el trasfondo de los programas que airean en los debates públicos. Las encuestas indican que todo está por definirse en las próximas semanas.

Por Mauricio Trujillo Uribe*

En Bogotá, como en el resto del país, el domingo 27 de octubre se elige, para un período de 4 años a partir del próximo 1 de enero, el nuevo alcalde o alcaldesa que administrará la ciudad, así como los 45 miembros del Concejo Distrital y los más de 150 ediles de las Juntas Administradoras Locales de las 20 localidades que integran la urbe. La cabeza de la rama ejecutiva del gobierno local y máxima autoridad administrativa y policial de la ciudad, es considerada como el segundo cargo político más importante de Colombia después del Presidente de la República.

Estas elecciones se desarrollan en medio de un «estado» de impopularidad del actual alcalde capitalino, Enrique Peñalosa, pocas veces visto. A tal punto que, ante las últimas encuestas realizadas a mediados de este año, que dan una imagen desfavorable de Peñalosa de más del 70 por ciento, la alcaldía lanzó en los medios de comunicación una profusa y costosa pauta publicitaria en la que predomina el eslogan «Impopulares pero eficientes».

En estos comicios hay que resaltar en particular que por primera vez, de acuerdo con la Reforma de Equilibrio de Poderes y el Estatuto de la Oposición, los candidatos que obtengan el segundo lugar en las elecciones a alcaldías y gobernaciones tienen el derecho a ocupar una curul en los concejos y las asambleas departamentales. Esto significa que el próximo alcalde o alcaldesa elegido entre los cuatro candidatos en competencia, Claudia López, Hollman Morris, Miguel Uribe y Carlos Fernando Galán, tendrá que lidiar en el Concejo Distrital con el liderazgo de quien saque la segunda votación, hecho novedoso que en principio deberá permitir el fortalecimiento del juego democrático y un mayor espacio a las fuerzas alternativas y de oposición, amplificando el control político que ejerce esta corporación.

Claudia López candidata verdeamarilla

Otro hecho novedoso en las presentes elecciones, es la presencia de una candidata, Claudia López, con posibilidad de ser electa alcaldesa. Aunque a la cabeza de la ciudad han tomado lugar varias alcaldesas, como Clara López y María Mercedes Maldonado, lo fueron en su condición de encargadas para remplazar el respectivo alcalde suspendido o destituido. Desde que los alcaldes se eligen por voto popular (1988), ninguna mujer ha ganado en las urnas en Bogotá.

López, candidata de la Alianza Verde con el respaldo del Polo Democrático y otras fuerzas, tiene en su haber una imagen positiva por diversas razones, entre ellas su liderazgo en la lucha anti-corrupción. López aparece para muchos ciudadanos como una candidata de centro-izquierda, lo cual quizás le permitiría obtener el respaldo de sectores de la ciudadanía que votan por candidatos alternativos, tal como ha sucedido en las elecciones de los alcaldes Antanas Mockus, Lucho Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro.

El modelo de ciudad que López propone se diferencia del modelo de Peñalosa, aunque sus críticas a la gestión del alcalde han sido más bien tibias. López plantea construir sobre lo construido: una de las grandes dificultades que ha tenido Bogotá (y Colombia) para su desarrollo y progreso, ha sido justamente la política de borrón y cuenta nueva, en donde quien llega al poder no reconoce, por razones políticas o ideológicas, los logros de sus antecesores.

No la beneficia en cambio su temperamento fogoso. Y está por verse, a la hora de las urnas, si el rompimiento entre ella y Petro por diferencias sobre el qué hacer (entre otras, el futuro del metro tantas veces proyectado para la ciudad, frente a la realidad del metro aéreo que Peñalosa impuso), afecta a la candidata ante los bogotanos que apoyaron a Petro en las elecciones presidenciales del año pasado, en las que éste obtuvo la mayoría de votos en el Distrito Capital. Pero en contrapartida, también está por verse si el deslinde entre estas dos figuras le traerá votos a la candidata en los sectores desencantados del liderazgo de Petro o claramente anti-petristas, que van desde la izquierda hasta la derecha. De otro lado, uno de los cuestionamientos a los liderazgos «renovadores», es la preeminencia que en estas elecciones ha tomado la próxima campaña presidencial, factor profundo del distanciamiento López-Petro.

Aunque es un tema poco mencionado en la campaña, la opción sexual de la candidata seguramente pesará a la hora del voto, sobre todo entre sectores tradicionales, regresivos, religiosos, machistas y similares, dispuestos a cerrarle el paso a la candidata verdeamarilla.

La Oposición de Hollman Morris

La candidatura del exconcejal Hollman Morris, quien cuenta con el aval del partido Mais y respaldo de Petro y el movimiento Colombia Humana, se lee ante los ojos de un porcentaje importante de la ciudadanía bogotana que concurre a las urnas, como una propuesta de izquierda radicalmente distinta al modelo de ciudad del alcalde Peñalosa. Al centro del debate se encuentra su total oposición al metro elevado y su énfasis en el metro subterráneo; ha manifestado, asimismo, no apoyar la construcción de tres troncales adicionales para la red de transporte público TransMilenio, y se aparta sin matices de muchas otras iniciativas de la actual administración. Morris aparece en las encuestas con el más bajo porcentaje de intención de voto. Pero más allá de que logre obtener un resultado honorable en las urnas, su candidatura le resta fuerza a López e incluso podría ser factor determinante para que ésta no termine elegida.

La candidatura de Hollman, salpicada por denuncias de machismo, en contra de la opinión mayoritaria de activistas femeninas de la Colombia Humana, pone de presente las limitaciones del recambio del liderazgo existente en el país, a la par de dinámicas en gran parte unipersonales que ganan carrera al interior de proyectos políticos de izquierda, que se supone tendrían que ser colectivos, consultivos, asambleatorios, en donde el peso de la opinión de su cabeza visible debiera valer como la de cualquier otro de sus militantes.

El delfín Miguel Uribe

El exsecretario de Gobierno de Enrique Peñalosa, Miguel Uribe, es el candidato de una derecha diversa y con maquinarias. Inscribió su candidatura en nombre del movimiento Avancemos y pronto recibió el respaldo de la mayoría de los partidos del establecimiento: Centro Democrático, Liberal, Conservador, Mira y Colombia Justa Libres, este último de las iglesias cristianas. También cuenta con la adhesión de buena parte de los seguidores de Peñalosa, aunque es probable que ese grupo, que ve en Uribe el garante del continuismo de la actual administración, pese menos en las urnas que los sufragios que le quita al candidato Uribe su fervoroso y público respaldo a la obra de su alter ego, dado el desprestigio de éste y de su gestión, como ya fue señalado.

En su campaña, Uribe reitera una y otra vez ser el candidato mejor preparado, constante, consistente y coherente en sus propuestas. Se expresa siempre mirando el espejo retrovisor frente a Petro, sin desaprovechar oportunidad para criticar con virulencia su gestión, al igual que todo lo que él percibe, de cerca o de lejos, como izquierda. En su estilo polarizador y planteamientos ideológicos, el joven Uribe se identifica en gran parte con el expresidente Uribe, quien lo ha acompañado en su campaña. La vocación del candidato apunta también hacia sus propios intereses de delfín presidencial. Nieto del expresidente Turbay, tristemente recordado por su Estatuto de Seguridad y las denuncias sobre la imposición de la tortura y las desapariciones, su candidatura a la alcaldía de Bogotá es también un peldaño estratégico, y legítimo, para aspirar a la presidencia de la república.

El repunte de Galán

En el centro y la derecha del espectro político de Bogotá, se presenta una situación similar: la candidatura de Uribe, quien según varias encuestas ocupa el tercer lugar en intención de voto, le quita fuerza a la candidatura de Galán, quien repunta en recientes encuestas. En las elecciones a la alcaldía de Bogotá del año 2011, Galán ya vivió un contexto parecido y no faltaron voces que lo corresponsabilizaron de la derrota de Peñalosa cuando Petro fue electo. Esa lección podría incidir en los dos candidatos a última hora.

Hijo del líder liberal Luis Carlos Galán, asesinado en 1989, exconcejal y exsenador, se inscribió por el movimiento Bogotá Para la Gente, luego de retirarse del partido Cambio Radical. Respaldó la candidatura de Peñalosa en las últimas elecciones para la alcaldía de Bogotá y propone soluciones cercanas a las que plantea Miguel Uribe en temas relacionados con la seguridad ciudadana y el transporte público, entre otros. Al igual que López y Hollman, Galán se opone al Plan de Ordenamiento Territorial presentado recientemente por Peñalosa al Concejo Distrital. Y todos los cuatro candidatos coinciden en el tema de la necesidad de la transformación digital de Bogotá. Ello no quita que el candidato tenga su propio modelo de ciudad, que podría caracterizarse de centro-derecha.

Ambiente frío

Como el clima de la ciudad por estos días, así está hasta ahora el ambiente electoral despertado por la campaña electoral en curso, la cual no logra aún suscitar el interés y la atención más allá de las clientelas, así como de algunos sectores activos siempre movilizados. Los bogotanos necesitamos una urbe realmente incluyente y participativa, que atienda con todo rigor temas centrales para sus pobladores como ambiente, transporte público, trabajo, salud, educación, vivienda, y otros aspectos propios de una vida digna.

Bogotá, urbe de ocho millones de habitantes, está en el límite de sus posibilidades, lo que demanda pensarla desde la integralidad de su territorio sabanero con su frágil ecosistema. La movilidad consume a los trabajadores y empleados que viven en la sabana varias horas cada día en su desplazamiento hacia Bogotá y regreso a su vivienda, con su consecuente impacto en contaminación, destrucción del hábitat natural, problemas de abastecimiento de agua y demás. Es fundamental la recuperación de quebradas y ríos, así como de humedales y similares, colchón necesario para resistir el cambio climático. Precisamente, es sobre esas temáticas que las campañas deben pronunciarse a fondo, como lo requiere un proyecto estratégico, colectivo y movilizador de mayorías. La gente debe sentirse recogida en las propuestas de gobierno para motivarse a participar en la consulta electoral.

Lograrlo es un desafío mayor para las elecciones a la alcaldía de 2023, las cuales deben caracterizarse por un debate ciudadano abierto y apasionado con meses de anterioridad, de tal manera que la gente a la que se pretende llegar con una u otra candidatura sea ampliamente concitada y consultada tanto para estructurar programas como para elegir candidatos. Sólo así el frío no seguirá calando en la cabeza y el corazón de quienes habitan la capital del país.

Todo está por pasar

Faltando pocos días para las elecciones, nada está cantado. Siempre cabe preguntarse si las encuestas sobre la intención de voto, realizadas sobre muestreos de mil y tantas personas, reflejan una foto real, en un momento dado, de la intención de voto promedio de la sociedad bogotana. Y no faltan quienes se preguntan si tales encuestas no están sesgadas o direccionadas. Pero más allá de las respuestas, lo evidente es que estas encuestas influyen a su vez sobre el voto de los ciudadanos.

A partir de las elecciones municipales y departamentales de 2023, Bogotá tendrá doble vuelta electoral si en la primera el ganador no obtiene los votos necesarios para ser elegido. Entre tanto, para el período que sigue, cualquiera que sea la candidata o el candidato triunfante, puede preverse que vamos hacia un escenario similar al de las últimas administraciones: el alcalde electo no contará con una mayoría suficientemente amplia que le facilite ejercer su mandato con mayor gobernabilidad, por el bien de quienes habitan Bogotá y de quienes se desplazan a ella cada día para cumplir con su jornada de trabajo.

Octubre de 2019

*Consultor en Ciudades Inteligentes

Las obsesiones no siempre son buenas consejeras – Iván Duque, primer año de su política exterior

Artículo publicado por LE MONDE DIPLOMATIQUE
Edición impresa en español de agosto 2019

Oscar Larrañaga, Movimiento de ciudad al atardecer, mixta sobre lienzo, 82 x 240 cm. (Cortesía del autor).

Consecuente con el discurso que agitó durante su campaña electoral y con los planteamientos de la coalición política que lo llevó al poder, así ha sido la política internacional del presidente Iván Duque. Otra cosa han sido los resultados de tal política, que por ahora son bastante limitados, aunque su Gobierno todavía tiene tres años por delante

Por Mauricio Trujillo Uribe *

La orientación y diseño de la política internacional de Colombia es del fuero del Presidente de la República y, salvo por los enunciados generales, podría decirse que no existe una política internacional de Estado sino de gobierno. No sorprende entonces los virajes de la política de relaciones exteriores de un gobierno a otro, como ha sido el caso de Santos a Duque, reflejo a su vez de la polarización política que atraviesa el país. Desde luego, la política exterior también se mueve frente a un mapa geopolítico flexible y agitado como el de Estados Unidos, América Latina y también España, tratándose de los gobiernos y las regiones con las que tenemos mayor interrelación. Así, desde su posesión el 7 de agosto de 2018, en presencia de un número importante de homólogos que lo acompañaron, Iván Duque anunció las principales líneas de lo que sería su política exterior.

SUS PRIORIDADES
En primer lugar, el fortalecimiento de los lazos con Estados Unidos, privilegiando las relaciones bilaterales con el socio principal de Colombia. Históricamente las élites dirigentes han hecho de Colombia un aliado estratégico de los norteamericanos en América Latina. Sin embargo, el presidente Donald Trump venía expresando su disgusto por el aumento de la producción y exportación de narcóticos desde Colombia, lo cual podía desembocar en una crisis entre ambos países. Hoy, no obstante, existe un terreno más favorable para las relaciones bilaterales por cuenta de las afinidades ideológicas entre Duque y Trump.

Dos, el rechazo al régimen de Daniel Ortega y las pretensiones territoriales de Nicaragua. Se trata de un punto muy álgido no sólo por el veredicto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que le amputó a Colombia una parte de su plataforma marítima, sino también porque desde los sectores más radicales del Centro Democrático se criticó al gobierno de Santos por la estrategia jurídica desarrollada ante esa instancia internacional, de la cual Colombia decidió retirarse. Por eso, Duque inició su agenda de visitas al país en San Andrés.

En tercer lugar, el “asunto Venezuela”, un punto de honor para Duque, quien rompió con el gobierno de Maduro y decidió liderar una campaña internacional encaminada a facilitar el cambio de gobierno en el país vecino y hermano. En las reuniones de Duque con Trump, el Grupo de Lima y líderes de la Comunidad Europea, en sus intervenciones en la OEA y en el Foro Económico Mundial, así como en los viajes del Canciller para reunirse con numerosas personalidades del campo internacional, incluyendo el secretario de Estado Mike Pompeo de Estados Unidos, la crisis venezolana ha estado al centro de la agenda.

En otro registro, el presidente colombiano también se refirió al desarrollo de los lazos comerciales con la comunidad internacional y la búsqueda de capital e inversores, señalando en particular la importancia de España en la materia. La visita a Colombia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez reiteró la importancia de ese país como socio económico. A su vez, en la visita a Chile en noviembre, el jefe de la diplomacia colombiana confirmó el interés y la importancia para Colombia de la Alianza del Pacífico.

Finalmente, precedido por el discurso provocador del presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, contra todo el ejercicio de la Administración Santos, Duque expresó de nuevo sus reparos al Acuerdo de Paz firmado con las FARC. El presidente empezó así su mandato distanciándose del acuerdo de paz, un logro innegable del gobierno Santos también en materia de política exterior.

Para apuntalar esta agenda internacional el presidente ha viajado oficialmente diecisiete veces al exterior, además de los numerosos desplazamientos de su canciller, Carlos Holmes Trujillo. Estos viajes han suscitado críticas desde algunos sectores del país, aduciendo falta de planeación para los mismos, ausencia de liderazgo para sacar adelante los proyectos del gobierno ante el Congreso y los pocos resultados de estas giras, lo cual llevó al Canciller en días pasados a manifestar que hay una campaña internacional de desprestigio contra el presidente Duque.

Un capítulo de esta política exterior merece ser destacado: el reconocimiento de Palestina como Estado soberano. Aunque éste se dio al final del mandato Santos, la notificación al gobierno palestino se produjo recién posesionado Duque. Se inició entonces un debate mediático sobre la postura del gobierno colombiano pues el canciller anunció que examinaría cuidadosamente las implicaciones de tal reconocimiento en momentos en el presidente norteamericano había tomado graves medidas en contra de los intereses de Palestina. Se pensó entonces que la decisión del gobierno Santos sería reversada. Pero no sucedió así y Colombia pasó así a ser el último país de Suramérica en reconocer a Palestina.

Encontramos, por tanto, ciertos elementos de continuidad de la política exterior del gobierno precedente en política internacional, pero es claro el cambio de rumbo en otros asuntos clave de las relaciones internacionales: la lucha contra el narcotráfico, la agenda Venezuela y la política de paz llevada a los escenarios de la comunidad internacional.

LAS DROGAS, UN DOLOR DE CABEZA PARA TODOS
La lucha contra las drogas sigue siendo el tema prioritario en las relaciones bilaterales Colombia-Estados Unidos a pesar de los esfuerzos de los gobiernos colombianos por “desnarcotizar” estas relaciones. En la primera reunión que sostuvieron los presidentes, Duque y Trump, la lucha contra las drogas ocupó el espacio central. Recordemos que el año anterior estas relaciones bilaterales corrían por mal momento e incluso el Presidente de los Estados Unidos amenazó con “descertificar” a Colombia si no lograba controlar el incremento de los cultivos ilícitos.

El gobierno del Presidente Santos pretendió darle una nueva lectura a la lucha contra las drogas, variando el enfoque represivo y prohibicionista con el que principalmente se ha tratado este grave problema. “Tenemos que avanzar en esta lucha con una mente más abierta. Tenemos que ser más inteligentes, más innovadores”, decía Santos en un período en que la comunidad internacional seguía atentamente al avance del acuerdo de paz con las FARC, las cuales financiaron en parte su guerra con los dineros del narcotráfico. Razón por la cual se aceptó la conexidad del delito de narcotráfico con el delito de rebelión.

Una nueva mirada se consideró necesaria bajo el gobierno de Santos para combatir el narcotráfico, entendiendo que los Estados afectados e involucrados tienen responsabilidad compartida y que en Colombia el fenómeno económico y social que lleva a ciertos sectores campesinos a cultivar la coca requiere de un tratamiento alternativo: incentivos a las familias campesinas cultivadoras de coca, para que la sustituyan por otros cultivos lícitos, y suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato a cambio de la erradicación manual.

Sin embargo, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca reveló que los cultivos ilícitos en Colombia habían alcanzado el número histórico de 209.000 hectáreas. El nuevo gobierno aprovechó el informe para cuestionar de nuevo los acuerdos de paz al plantear que el incremento de las hectáreas se había disparado a partir de que el gobierno Santos aceptó incluir en dichos acuerdos la propuesta de las FARC para que el Estado diese a las familias campesinas involucradas un aporte económico para la sustitución de los cultivos de coca, lo que se convirtió en un estímulo perverso. En la otra orilla, los partidarios de la erradicación manual y sustitución de cultivos, hicieron ver que todavía era muy pronto para decretar que esta estrategia no daba o no daría los resultados esperados.

Luego de la primera reunión entre Duque y Trump, el presidente norteamericano se refirió nuevamente a la ineficiencia del gobierno colombiano para lograr la disminución de las áreas sembradas, declaraciones que generaron preocupación en el gobierno y el establecimiento. Duque decidió dar un viraje a la política antidrogas diseñada durante el gobierno Santos y aunque reconoció que había de por medio un problema de salud pública con las comunidades que viven cerca de las zonas cocaleras, dispuso que el centro de gravedad de la lucha contra los cultivos ilícitos se basaría, principalmente, en la aspersión aérea con glifosato, junto con otras medidas. Inició así una campaña para que la Corte Constitucional revisara un veredicto que ordenaba al Consejo Nacional de Estupefacientes la suspensión del programa de aspersión aérea de glifosato sobre los cultivos de coca, marihuana y amapola, aunque hay que aclarar que dicha sentencia se refería a un programa específico en un territorio indígena. Finalmente la Corte abrió la puerta para que, bajo ciertas condiciones, el gobierno pueda hacer uso del glifosato en su estrategia anti-drogas.

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos han vuelto así a su cauce normal, al menos por ahora, tanto más que el gobierno anunció recientemente que el ritmo de crecimiento de las hectáreas de coca cultivadas se había frenado y a su vez el Secretario de Estado norteamericano y el Ministro de Relaciones Exteriores colombiano anunciaron el compromiso mutuo para reducir a la mitad los cultivos ilícitos y la producción de cocaína para finales del 2023.

VENEZUELA, OBSESIÓN Y DESAFÍO
Aunque el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención de un Estado en los asuntos internos de otro Estado, son principios de la ONU y la OEA, instancias de las que hace parte Colombia, lo cierto es que este principio del derecho público internacional es cada vez más violado, infortunadamente, o inevitablemente según las nuevas teorías para un mundo globalizado. Y no faltan los argumentos de unos y otros para justificar lo que al final de cuentas es injerencia en los asuntos internos de otro país.

Es así como ante la profunda crisis de Venezuela, cuyo actual modelo económico es un fracaso, con todas las implicaciones para su pueblo, y cuyo gobierno ha desembocado en un régimen político autoritario y populista, con todas sus derivas en violación de derechos humanos y libertades cívicas y políticas, más allá de ello y sin respetar su soberanía como Estado-nación, Duque ha liderado una cruzada internacional para aislar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y facilitar que se produzca una transición hacia un gobierno surgido de elecciones libres, según sus propias declaraciones. Este objetivo es ni más ni menos uno de los componentes prioritarios de la actual política exterior del presidente Duque, al cual le ha dedicado tiempo y esfuerzo, convirtiéndose al parecer en una suerte de obsesión y desafío personal.

Uno de los primeros pasos de Duque fue no nombrar embajador en Venezuela, rompiendo en la práctica las relaciones diplomáticas con este país, y nombrar embajador en Washington a Francisco Santos, cuyas declaraciones en favor de una intervención militar en Venezuela si fuese necesario generaron el rechazo de amplios sectores en Colombia. Duque endureció, junto con su canciller Carlos Holmes, su lenguaje contra Maduro, asumiendo la retórica del anti-castrochavismo de los sectores más radicales del Centro Democrático.

De cara a la opinión pública nacional, el presidente Duque anunció el apoyo a la denuncia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, contra Maduro ante la Corte Penal Internacional, al tiempo que visitaba la frontera con Venezuela en medio de una campaña mediática prometiendo medidas económicas y sociales de emergencia ante la llegada de cientos de miles de venezolanos huyendo de la crisis de su país y anunciando la creación de un fondo multilateral humanitario de ayuda para paliar el fenómeno migratorio.

En la escena internacional Duque y su canciller también han actuado con intensidad para afianzar el cerco diplomático y las sanciones contra el gobierno vecino: lo primero fue la visita de Duque al presidente Trump para alinear su estrategia contra el gobierno de Nicolás Maduro y de apoyo a sus opositores. A la vez, el presidente ordenó el retiro de Colombia de Unasur, organismo suramericano conformado por doce países, alegando que se “había convertido en un cómplice de la dictadura venezolana”. En su remplazo, Duque ha querido liderar el Grupo de Lima en el que participan gobiernos latinoamericanos que no han reconocido los últimos comicios en los que Maduro salió relecto presidente y, por el contrario, reconocen la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela, además de que proponen aumentar las sanciones económicas y diplomáticas contra el régimen de Maduro, las cuales terminan también, al final de cuentas, afectando al pueblo venezolano.

El gobierno colombiano ha desarrollado igualmente un fuerte cabildeo en la OEA, ONU, Unión Europea, Foro Económico Mundial y otros espacios internacionales, intentando darle piso político a su estrategia para “devolverle la democracia a Venezuela”. Ésta ha tenido por eje central conseguir el reconocimiento de Juan Guaidó como el nuevo presidente interino de Venezuela. El grupo de Lima, Estados Unidos y otro gran número de países le dieron entonces su respaldo a Guaidó con la esperanza de que a corto plazo –en cuestión de días decía Duque–, Maduro dejara el gobierno o sufriera la intervención de las Fuerzas Armadas venezolanas.

Pero no sucedió, no pasó nada, el presidente de Venezuela encontró los recursos internos y externos para sostenerse, aunque el aislamiento y rechazo internacional del régimen bolivariano se amplió y la oposición venezolana ganó en espacio y protagonismo. Maduro ha aceptado recientemente que sus delegados se sienten de nuevo con los representantes de Guaidó, con el propósito de instalar «una mesa de trabajo continua y expedita» para llegar a «una solución acordada». La decisión del gobierno de Maduro de volver a una negociación con la Oposición estaría reflejando que poco a poco las condiciones internas han ido cambiando en Venezuela y que la presión internacional va produciendo efecto. Podría decirse, entonces, que la política internacional del gobierno de Duque frente a Venezuela no le ha dado los resultados esperados en un principio, pero tampoco ha sido inocua o improductiva; en algo ha contribuido al cambio de situación a pesar de la negación de principios fundamentales para la convivencia pacífica entre Estados.

LOS ACUERDOS DE PAZ, SÍ PERO NO
En septiembre del año pasado Iván Duque debutó como presidente de Colombia en la Asamblea General de Naciones Unidas manifestando que “la paz es un objetivo de todos los colombianos”. Llegó al poder, con un país dividido prácticamente en partes iguales frente a los Acuerdos de Paz con las FARC, diciendo que haría modificaciones a esos acuerdos, las cuales en realidad no eran de poca monta. Pues una cosa es asegurar que “Este gobierno tiene un compromiso absoluto con que las personas que genuinamente le han apostado a la desmovilización, desarme, reinserción y reincorporación”, como lo hizo ante el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, y otra cosa, por ejemplo, son las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, parte sustancial de los acuerdos firmados por el presidente Santos en nombre del Estado colombiano y no de un gobierno. Como se sabe, esas objeciones fueron rechazadas por el Congreso de la República, obligando al primer mandatario a firmar dicha ley en su versión original.

La comunidad internacional ha acompañado el proceso de paz. Las delegaciones de la Unión Europea y del Consejo de Seguridad de la ONU que han monitoreado los avances de los acuerdos han expresado su preocupación por el asesinato de excombatientes, cerca de 140, y el retraso de los proyectos de reincorporación, entre otros temas. Esta lectura es diferente a la expresada por el Secretario General de la OEA, por lo cual el movimiento ciudadano “Defendamos la Paz” le envió una carta reclamando por la percepción que tiene este organismo sobre la implementación de los acuerdos, asegurando que no era cierto, como dijo Almagro, que el gobierno de Duque “ha hecho todo” por cumplir. La respuesta gubernamental no tardó, asegurando que el movimiento desconoce las “inmensas ejecutorias” de este gobierno comparadas con las del que lo antecedió.

Queda claro que Duque ha tenido que incluir en su ejercicio diplomático temas que hubiese querido evitar, como el tema de la paz. En efecto, la política internacional está necesariamente ligada a la política interna y lo doméstico impone nuevas agendas a la política exterior.

* Consultor en Ciudades Inteligentes

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¡El nuevo IVA a la canasta familiar (si lo aprueban) nos apalea!

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, propone devolver por anticipado 51 mil pesos mensuales a los 4.3 millones de hogares registrados en el SISBEN que tengan ingresos por debajo del salario mínimo, 789.000 pesos mensuales al día de hoy, lo cual sumaría 2.6 billones de pesos por año. ¿Cuánto dinero costaría al Estado poner en marcha todos los meses ese mecanismo de devolución? ¿Cuánto pierde el país en tiempo y productividad poniendo a millones de colombianos a cobrar ese rembolso cada mes (o cada dos)? ¿Está el Estado en capacidad técnica de automatizar y controlar esos millones de pagos individualizados a partir de enero?

Por Mauricio Trujillo Uribe

Por donde se le mire, la propuesta de aplicar el IVA -Impuesto al Valor Agregado- al 80% de los productos básicos de la canasta familiar, presentada la semana pasada al Congreso por el Gobierno de Duque, en la llamada ley de financiamiento, es muy perjudicial para los sectores sociales de menores ingresos y las clases medias, para los productores agropecuarios y para la economía del país en general, al contrario de lo que afirma el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Recordemos que luego de las últimas reformas tributarias, 11 desde el 2012, el 53% de los productos de la canasta familiar ya tienen IVA de 19%. Con esta nueva reforma tributaria los productos de mayor consumo de los hogares colombianos, como arroz, leche, huevos, frutas y verduras, entre otros, quedarían grabados con IVA de 18% en el 2019 y de 17% a partir del año 2020. Los precios de estos alimentos y otros rubros se treparían de un solo golpe a partir de enero próximo cuando entraría en vigencia el nuevo IVA, si el Congreso lo aprueba en los términos presentados por el gobierno.

Con la ley de financiamiento el gobierno busca cubrir un hueco de 14 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación de 2019 para financiar diversos gastos e inversiones urgentes, de los cuales 3 billones se destinarían a salud, 2.1 a los acuerdos de paz, 1.2 a la educación y 1.1 a los subsidios de consumo de energía, entre otros. El IVA que propone el gobierno sobre la canasta familiar, aportaría cerca del 80% de ese faltante, es decir, alrededor de 11.2 billones saldrían de los bolsillos de personas naturales, mientras que el otro 20%, 2.8 billones, lo tributarían las empresas.

El ministro Alberto Carrasquilla, propone devolver por anticipado 51 mil pesos mensuales a los 4.3 millones de hogares registrados en el SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) que tengan ingresos por debajo del salario mínimo, 789.000 pesos mensuales al día de hoy, lo cual sumaría 2.6 billones de pesos por año. Devolver ese dinero a los hogares emergentes (con riesgo de caer nuevamente en extrema pobreza) y a los más pobres, aun suponiendo que es equivalente al monto del nuevo IVA que tendrán que pagar, es de por sí un hecho que parece contrario al buen sentido, a la lógica económica, y tiene en todo caso efectos perversos.

¿Cuál sería la inflación que generaría este impuesto en el primer año, afectando aún más esos hogares? ¿Cuánto dinero costaría al Estado poner en marcha todos los meses ese mecanismo de devolución? ¿Cuánto pierde el país en tiempo y productividad poniendo a millones de colombianos a cobrar ese rembolso cada mes (o cada dos)? ¿Cuánto dinero estima el gobierno, iría a los colados en el SISBEN? ¿Está el Estado en capacidad técnica de automatizar y controlar esos millones de pagos individualizados a partir de enero? El ministro no lo ha dicho, es un tema que pasa de agache.

Nos encontramos entonces ante la cruda realidad de que alrededor de 14.8 millones de personas con ingresos superiores al salario mínimo y por debajo de 3 millones de pesos mensuales que hoy conforman las clases medias del país, según el DANE, es decir, alrededor del 31% de los colombianos, serán los que terminarán pagando la gran mayor parte de los 8.6 billones que el gobierno espera recaudar con el nuevo IVA.

¡Pero apenas hace dos años Iván Duque, como senador, se oponía a la reforma tributaria del gobierno de Santos, ideada por el ministro Mauricio Cárdenas, de ingrata recordación, porque esa reforma penalizaba ante todo a las clases medias! Y en el curso de la reciente campaña presidencial Duque decía: “Lo que Colombia necesita ahora es una reforma a la administración pública, una reforma del gasto que elimine gastos innecesarios, enfrentar la corrupción y la evasión, generar los ahorros que nos permitan también inclusive bajar el IVA… ¡Tomemos decisiones! Pero dejar una reforma tributaria que acabó empobreciendo al pueblo colombiano con un IVA del 19 por ciento, uno de los más altos de América Latina, incentivando el contrabando y afectando al comercio, es claramente negativo”. Tenía razón.

Desde otro ángulo, el efecto negativo de un IVA aplicado al 80% de los productos básicos de la canasta familiar se sentiría sobre el consumo de las clases medias, produciendo desaceleración de la economía. Analistas estiman entre 5% y 1.5% la pérdida de capacidad adquisitiva de cerca de 4.9 millones de hogares (a menores ingresos mayor impacto). El panorama pinta aún más grave teniendo en cuenta que cerca del 67% del Producto Interno Bruto del país proviene del consumo del conjunto de los hogares colombianos.

A su vez, la disminución del consumo implicaría que las ventas de los empresarios y productores, en particular del sector agropecuario, se verían afectadas, disminuyendo sus ingresos y la capacidad de inversión. Además, esta situación propiciaría una inflación de los precios en toda la cadena de producción e intermediación. Si el Gobierno de Duque pretende lograr la recuperación de la economía, lo cual deseamos para bien de todos los colombianos, la propuesta sobre el IVA del señor Carrasquilla, va en franca contravía.

Otros riesgos derivados de dicha propuesta son: uno, el incremento del contrabando de alimentos provenientes de países vecinos e incluso de otros más lejanos como China, un flagelo que de por sí hace mucho daño al país y, dos, el aumento de la evasión fiscal. Pues no se trata de un aumento equitativo y razonable de los impuestos que acompañado de una campaña pedagógica podría disminuir la informalidad en las transacciones comerciales y cambiaría la actitud de muchos frente al pago de los mismos, sino de un totazo de 18% en los precios de los productos de la canasta familiar. Este incremento brutal justificaría ante los evasores lo injustificable e incentivaría el comportamiento antisocial de los mal llamados “vivos”. Han hecho carrera en nuestra sociedad la desconfianza sobre la buena utilización de los impuestos por parte del Estado y la triste y vergonzosa subcultura de la ilegalidad.

Desde luego, el funcionamiento del Estado, el gasto y proyectos de bienestar social, las inversiones públicas para el desarrollo del país y otros tantos gastos propios de la vida de la nación, requieren que todos los colombianos tributemos, o al menos todos los que puedan hacerlo en cualquier medida. El equilibrio en las finanzas públicas es además garantía de inversión nacional e internacional. Mejorar la situación del pueblo colombiano y del país en general, pasa en buena parte por la disminución sustancial del abultado déficit fiscal mediante el cumplimiento de la regla fiscal: el gasto público debe estar respaldado por recursos públicos existentes, que en gran parte deben provenir del pago equitativo de los impuestos en el marco de un contrato social benéfico para todos.

Frente a la mala noticia que nos trae la propuesta no concertada del Ministro de Hacienda, afortunadamente estamos viendo reacciones de parlamentarios, líderes políticos, dirigentes sociales y académicos, entre otros, proponiendo estudiar diferentes opciones para recaudar el faltante de los 14 billones de pesos. Y claro que las hay a pesar de que los impuestos casi siempre serán mal recibidos aquí y en Cafarnaúm: tierras ociosas, altos dividendos, altas pensiones, remesas desde el exterior y grandes fortunas, son posibles fuentes de tributación. También se pueden revisar las exenciones a las empresas mineras. Y aumentar la tributación directa de personas de mayores ingresos y patrimonios.

Sin embargo, ningún modelo de impuestos cumplirá con su parte en el desarrollo del país y progreso de sus ciudadanos, si no superamos la improvisación e ineficiencia de la administración pública en no pocas regiones e instituciones; si no salimos del pantano del clientelismo, la corrupción en la cosa pública, la evasión fiscal y el contrabando; y si no acertamos con nuestro voto en elegir bien a nuestros representantes y gobernantes. ¡El compromiso es de todos los colombianos para salir adelante!

Mauricio Trujillo Uribe
Bogotá, 8 de noviembre de 2018


Texto que sólo compromete a su autor, de libre difusión, citando la fuente, el autor y publicando fiel copia del mismo

Fuente : Artículo publicado por Revista Sur

Foto: Revista Sur

 

Por y para el bien del país ¡concertación!

En las elecciones presidenciales pasadas no voté por Duque, sin embargo espero que le vaya bien al nuevo presidente en su mandato por y para el bien del país. Ojalá haga un gobierno de concertación nacional, tal como lo expresó en su discurso de posesión.

Por Mauricio Trujillo Uribe

Seguí con gran atención a través de los medios de comunicación el acto de posesión de Iván Duque como Presidente de todos los colombianos los próximos cuatro años. Escuché igualmente algunos de los discursos de la Oposición en la Plaza de la Hoja de Bogotá, concentración convocada el mismo día, el pasado 7 de agosto, por los dirigentes de Colombia Humana, Alianza Verde, movimientos sindicales y organizaciones sociales, entre otras fuerzas alternativas.

En las elecciones presidenciales pasadas no voté por Duque, sin embargo espero que le vaya bien al nuevo presidente en su mandato por y para el bien del país. Ojalá haga un gobierno de concertación nacional, tal como lo expresó en su discurso de posesión.

Pero parece difícil. Tendría que comenzar por hacer un gobierno independiente de la tutela política del expresidente Uribe y ajeno al mensaje provocador de algunos parlamentarios del Centro Democrático, cuyos pronunciamientos suelen destilar odio, polarización y sesgo: tal el discurso del presidente del Congreso, el senador Ernesto Macías, en el acto solemne de posesión del presidente de la República ante el país y la comunidad internacional. Su infortunada intervención usurpó además, políticamente, la representación del Congreso en dicho acto.

Por y para el bien del país se necesita igualmente una oposición democrática en el Congreso que reúna parlamentarios de distintas orillas, coalición posible y viable sobre temas específicos, manteniendo siempre una actitud respetuosa, con altura, en el debate y control político, y en los pronunciamientos y actos públicos en general, en contraposición al comportamiento de algunos dirigentes uribistas.

Una convergencia amplia en la acción legislativa frente a los proyectos tóxicos, pero también una oposición dispuesta a respaldar las propuestas del gobierno y demás iniciativas, vengan de donde vengan, convenientes para Colombia.

Sí, evitemos las actitudes extremas, la radicalización per se: al presidente Duque hay que darle tiempo de que arranque, que nos muestre qué va a hacer y cómo va a proceder. Pues una cosa es enfrentar en el Congreso las propuestas del gobierno de Duque que la Oposición juzgue nocivas, y otra cosa es una oposición a ultranza, como lo hizo el Centro Democrático con el gobierno de Santos. Ello no construye, no permite avanzar, el país entero pierde.

Desde luego, no nos hacemos ilusiones frente al nuevo gobierno y, de hecho, ante ciertos anuncios del presidente Duque hay que actuar ya: es el caso de la necesaria movilización en defensa de los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC, exigiendo que se cumpla con lo pactado y, a la vez, llamando a que se prosiga el diálogo con el ELN en aras de alcanzar igualmente acuerdos de paz.

Otro de los temas urgentes, pero en el que hay coincidencia con Duque, si nos atenemos a su discurso de posesión, es la defensa de la vida de los líderes sociales y de cualquier colombiano. Movilización que está al orden del día para que en los territorios se tomen medidas inmediatas de seguridad y presencia de las autoridades para la protección efectiva de los líderes sociales y se hagan realidad las políticas públicas para el desarrollo de las comunidades.

Movilizaciones democráticas ambas, y las muchas más que seguramente vendrán, que pueden y deben hacerse desde un discurso y una actitud que genere credibilidad en la opinión pública y no profundice y haga más agria la fractura entre los colombianos, por y para el bien del país.

Mauricio Trujillo Uribe
Bogotá, 10 de agosto de 2018


Texto que sólo compromete a su autor, de libre difusión, citando la fuente, el autor y publicando fiel copia del mismo

Fuente: Artículo publicado por Revista Sur

Imagen: El País de España

 

Centro izquierda en Colombia … un camino promisorio por delante

 

Las elecciones presidenciales que finalizaron el pasado 17 de junio confirmaron que Colombia ya no es la misma. Se ha producido un temblor electoral, asistimos a un quiebre de la hegemonía de los partidos políticos que han dirigido el país durante décadas. Los resultados electorales abren la perspectiva de una coalición de centro izquierda que podría llegar al gobierno en el 2022. Estamos en presencia de un cambio social y cultural en Colombia.

Por Mauricio Trujillo Uribe

Al obtener Petro el 41.8% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia el pasado domingo, las fuerzas de centro izquierda que lo acompañaron tienen un promisorio camino por delante tanto en las elecciones regionales y municipales del 2019 como en las presidenciales dentro de cuatro años. Ello es posible en la medida en que renueven y amplíen su alianza, movilicen y organicen mucha gente, y hagan una oposición constructiva e inteligente, cuidando siempre de ser y parecer, de velar por una imagen positiva, pues en política la credibilidad cuenta tanto como el contenido.

En el pasado, durante el período del Frente Nacional, la democracia estuvo capturada por los partidos liberal y conservador. Posteriormente, los sucesivos gobiernos han estado en manos de ese mismo bipartidismo y/o de sus diferentes vertientes, llámense Partido de la U, Cambio Radical o Centro Democrático, las cuales a pesar de sus discrepancias y enfrentamientos, están de acuerdo en lo esencial a la hora de defender sus intereses. Muestra de ello fue su respaldo en la segunda vuelta a Duque, hoy electo con más de 10 millones de votos.

Las fuerzas alternativas han venido creciendo contra viento y marea en las elecciones presidenciales: 1.21% de los votos (82 mil) con Molina en 1982, 4.5% (328 mil) con Pardo en 1986, 12.4% (757 mil) con Navarro en 1990, 6.1% (680 mil) con Garzón en 2002, 22% (2.6 millones) con Gaviria en 2006, 9.1% (1.3 millones) con Petro en 2010 y 15.2% (1.9 millones) con López en 2014, y ahora 41.8% (8 millones de votos) de nuevo con Petro, a pesar de la enorme campaña de desinformación mediática y de mentiras en las redes sociales sobre sus propuestas para el país.

Estas elecciones confirmaron que Colombia ya no es la misma. Se ha producido un temblor de tierra electoral, asistimos a un quiebre significativo de la hegemonía de los partidos políticos que han dirigido el país y usufructuado el poder durante décadas. Estamos frente a un hecho mayor, los resultados de las pasadas elecciones presidenciales abren la perspectiva de una coalición de centro izquierda que podría llegar al gobierno en el 2022.

Hemos avanzando hacia el escenario normal de las democracias occidentales modernas, en donde el pluralismo, representado en la segunda vuelta en dos grandes bloques, permite la controversia enriquecedora, el voto ilustrado, la disputa civilizada del poder y su conveniente alternancia. Sí, el panorama ha cambiado, las transiciones toman tiempo pero llegan: las nuevas generaciones se involucran más en la vida política nacional, las clases medias de las grandes ciudades han crecido y su voto es más libre, los debates electorales llegan a casi todos los rincones del país, el ágora de la plaza pública revivió como en los mejores tiempos de Gaitán, la globalización nos trae información de otras latitudes y nuevas ciudadanías surgen con muy diversos sueños y maneras de pensar. En síntesis, estamos en presencia de un cambio social y cultural en Colombia.

A su vez, los acuerdos de paz firmados entre el Estado y las FARC han permitido a la izquierda democrática comenzar a zafarse del lastre y la prevención que por años ha cargado ante gran parte de la opinión pública, al tiempo que las negociaciones en curso con el ELN facilitaron que las elecciones hayan tenido lugar sin violencia ni sobresaltos. También es importante resaltar el desempeño de la Registraduría Nacional en la rápida entrega de los resultados, lo cual contribuyó al buen ambiente, en unas elecciones que no obstante las denuncias sobre diversas irregularidades en algunos sitios, tuvieron un normal desarrollo.

Desde otro ángulo, el expresidente Uribe acertó al promover la candidatura de su ahijado político: Duque representa un cambio generacional modernizante frente a los políticos tradicionales, tiene talante de buena persona que sabe sonreír y hacer amigos, no tiene rabo de paja por señalamientos de corrupción y maneja un discurso tranquilo y conciliador. Su imagen envió un mensaje favorable a los electores en medio de un país polarizado, más allá de su inexperiencia en la administración de la cosa pública y de la sombra que le proyectan figuras muy cercanas que lo rodean, conocidas por sus posturas de extrema derecha e incluso algunas cuestionadas por su vinculación a procesos de corrupción y paramilitarismo en las regiones.

Duque dispondrá además de un alto nivel de gobernabilidad al contar con unas mayorías en el Congreso que seguramente se alinearán con lo fundamental de las propuestas agitadas en su campaña, en gran parte de inspiración y cuño de quien ha sido hasta ahora su mentor y jefe político. Para la muestra un botón de lo que se nos viene: aún antes de que se instale el nuevo Congreso y de posesionarse como presidente, Duque acaba de solicitar al Senado no dar curso al proyecto de ley que reglamenta los procedimientos internos de la Justicia Especial para la Paz, necesarios para la aplicación de la justicia transicional, elemento fundamental de los acuerdos de paz. Argumenta que debe esperarse al fallo de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria de la JEP, no obstante que no hay ninguna norma al respecto y que el presidente Santos ha enviado un mensaje de urgencia al Congreso para el trámite de dicha ley. Dice también que su triunfo electoral es un mandato para modificar los acuerdos de paz y por tanto hay que esperar al nuevo Congreso. Desconoce así que los mandatos de Santos y del actual Congreso van hasta el próximo 7 de agosto.

Lo que sigue está cantado. Frente a las intenciones del nuevo presidente y su bancada, las fuerzas de centro izquierda en el Congreso tendrán que buscar amplias coaliciones y también el apoyo ciudadano en todos los escenarios democráticos posibles, para defender los acuerdos de paz, los resultados de la consulta anticorrupción que tendrá lugar en agosto, el equilibrio entre las ramas del poder público, los derechos de las minorías y la protección del agua frente al fracking.

Al orden del día, la agenda para las próximas elecciones en los departamentos y grandes ciudades. Obtener los mejores resultados será un punto de llegada y de partida para consolidar el proyecto político de centro izquierda en nuestro país. Serán también cuatro años de labor pedagógica intensa para insistir, entre otros puntos, en el desarrollo de la industria como el principal eje de desarrollo económico, la educación pública superior gratuita, la acción del Estado y la sociedad frente al cambio climático, la reforma rural para la transición productiva del agro y la inclusión social. Si la tarea se hace bien y se consigue la confianza de millones de colombianos, el centro izquierda tiene un camino promisorio por delante.

Mauricio Trujillo Uribe
Bogotá, 20 de junio de 2018


Texto que sólo compromete a su autor, de libre difusión, citando la fuente, el autor y publicando fiel copia del mismo

Fuente: Artículo publicado por Revista Sur

Imagen: Casa de Nariño Bogotá Colombia Creative Commons Org

La primera vuelta de las elecciones presidenciales 2018: un paso adelante como sociedad

Realizada la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2018, ​podemos decir que la cultura democrática y el pluralismo político gananaron espacio, la participación de la juventud fue determinante, las fuerzas alternativas aumentaron su votación significativamente, los candidatos presentaron sus programas con seriedad, el conteo electoral fue rápido y eficiente, y las elecciones transcurrieron en paz … hemos dado un paso adelante como sociedad.

Por Mauricio Trujillo Uribe

Realizada la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia el pasado 27 de mayo, en la que Duque obtuvo 39.1% de los sufragios, Petro 25.1%, Fajardo 23.7%, Vargas Lleras 7.3%, De La Calle 2.1% y el voto en blanco 2.1%, podemos resaltar varios aspectos positivos para el desarrollo y perspectivas de la democracia política en nuestro país.

En primer lugar, la cultura democrática ganó espacio. A diferencia de anteriores elecciones presidenciales, en las que el abstencionismo alcanzó alrededor del 60% de la población habilitada para votar, en esta ocasión fue de 46%. Esta mayor participación electoral indicaría una mayor toma de conciencia sobre el poder del voto ciudadano en el marco de nuestras instituciones.

El pluralismo político también ganó terreno. El espectro político de los votantes se ha diversificado ampliamente, todas las sensibilidades y tendencias estuvieron presentes en la escena electoral. Desde la derecha radical, pasando por la derecha conservadora y tradicional, siguiendo por el centro de derecha e izquierda, continuando por la izquierda centro y llegando a la izquierda radical. Ello es sano para nuestra democracia y refleja una sociedad cada vez más diversa.

A su vez, el protagonismo de las mujeres y la participación de las nuevas generaciones fueron determinantes. De los cinco candidatos presidenciales que se presentaron a la primera vuelta, cuatro tenían como vicepresidente a una destacada mujer. Ellas jugaron un rol fundamental en la campaña, como también fue evidente la mayor participación de los jóvenes en la agitación electoral en las principales ciudades. Sin duda ello contribuye a la necesaria renovación de la política en Colombia.

Las fuerzas alternativas y ciudadanías independientes han crecido significativamente. Ahora cuentan con un peso electoral importante, superando en gran parte la tradicional hegemonía de los partidos del establecimiento y el poder de las maquinarias electorales, y limitando el poder de manipulación de las élites políticas que por décadas han usufructuado el poder. La izquierda y el centro alcanzaron su más grande porcentaje de votantes en la historia electoral de Colombia, si sumamos los votos de Petro, Fajardo y De La Calle, hoy representamos más del 50% de los electores. Esto refleja un nuevo panorama político y anuncia a corto o mediano plazo opciones reales de cambio.

El ágora del debate ganó espacio y la pedagogía avanzó. Todos los candidatos presentaron sus programas con seriedad y respeto en la diferencia, y el público que asistió a las plazas y siguió los debates a través de los medios de comunicación pudo informarse ampliamente sobre las propuestas. La polémica fue rica y alcanzó gran divulgación regional y nacional.

Las elecciones transcurrieron en paz. Los acuerdos con las FARC fueron factor clave para el desarrollo normal de las elecciones, y a pesar de la fuerte polarización política que vive el país la ciudadanía asistió cívicamente a las mesas de votación. No hubo alteraciones mayores ni hechos de violencia graves, como ha sucedido en diversas ocasiones en el pasado.

La confianza en el sufragio universal salió fortalecida. El conteo electoral fue rápido y eficiente; dos horas después de cerradas las elecciones Colombia conocía los resultados, los cuales fueron aceptados por todos los candidatos. Esto no significa que posiblemente no haya habido fraude en algunas mesas o lugares, pero la percepción de la ciudadanía fue la de unas elecciones correctas. El buen transcurso de la jornada legitimó ante los colombianos y el mundo la primera vuelta.

Por todo lo anterior, más allá del candidato que sea elegido Presidente de Colombia en la segunda vuelta el próximo 17 de junio, Gustavo Petro o Iván Duque, podemos decir que hemos avanzado hacia una confrontación más democrática y moderna. Hemos dado un paso adelante como sociedad.

Mauricio Trujillo Uribe
Bogotá, 30 de mayo de 2018


Texto que sólo compromete a su autor, de libre difusión, citando la fuente, el autor y publicando fiel copia del mismo

Fuente: Artículo publicado por Revista Sur

Foto: Misión de Observación Electoral (MOE)

Los dineros de las FARC: Colombia requiere juego limpio

La entrega de todos sus dineros por parte de las FARC hace parte del juego limpio que requiere la sociedad colombiana para poder confiar en los acuerdos de paz.

Por Mauricio Trujillo Uribe

Los dineros en manos de las FARC antes de la firma de los acuerdos de paz, en Bogotá el año pasado, se consideran conexos al delito de rebelión en la medida en que aquellos hayan sido utilizados para financiar dicha rebelión. Son dineros producto de actividades ilícitas y sistemáticas que afectaron gravemente a grandes y pequeños propietarios rurales, comerciantes y empresarios, entre otros, y generaron tremendas consecuencias para la sociedad colombiana y nuestro país en general, como también en el campo internacional. Sin embargo, son dineros obtenidos en el marco de una rebelión armada con fines políticos, aunque se alegue que ésta se haya degradado con el paso del tiempo en sus propósitos iniciales, y a pesar de que posiblemente parte de esos dineros haya servido a fines personales de algunos miembros de esa guerrilla.

Esos acuerdos de paz llevados a cabo por el gobierno del presidente Santos, que la historia le reconocerá a ambas partes, y gracias también, entre otros factores, a la acción contundente del gobierno del Presidente Uribe que logró debilitar a las FARC, acuerdos que comprometen al Estado colombiano, tienen como propósito voltear la página del enfrentamiento armado con esa organización, lo cual implica no sólo la entrega de las armas por parte de los insurgentes y su incorporación a la vida civil, sino también que esa guerrilla se transforme en partido político y luche por sus propuestas en el marco exclusivo de la democracia e institucionalidad colombiana. Desde luego, en el centro de esos acuerdos de paz debe estar y está la reparación de las víctimas, así como las medidas de orden económico, social y político que lleven a la implementación exitosa de los mismos y, en general, que permitan que Colombia transite hacia una cultura de convivencia nacional.

La entrega de todos sus dineros por parte de las FARC hace parte del juego limpio que requiere la sociedad colombiana para poder confiar en esos acuerdos de paz. Los dineros que eventualmente las FARC no declare, se convertirán en un haraquiri contra ellas mismas y, obvio, la justicia ordinaria deberá llegar sin concesiones a quienes los encubran, detenten y usufructuen. En este sentido la acción de la Fiscalía General de la Nación es fundamental; la extinción de dominio y los procesos penales que se deriven de tal hecho, si ello ocurre, serán de rigor.

En cambio, los dineros declarados por las FARC, según lo prevén los acuerdos de paz, irán a un fondo para la reparación de las víctimas principalmente, así como para la reinserción colectiva de los ex-guerrilleros a la vida civil y la conversión de esa organización en partido político. La figura legal para el manejo de esos recursos será una fiducia en cuya administración participarán delegados del gobierno y ex-FARC, según el decreto que acaba de expedir el Gobierno.

Que una parte pequeña de esos dineros sirva para que los ex-guerrilleros vuelvan a la vida normal y den los primeros pasos como nuevo partido político, no debe ser motivo para rasgarse las vestiduras ni mucho menos. La esencia de los acuerdos de paz con una organización guerrillera no vencida, como es el caso de las FARC, es que se comprometan a actuar en adelante por las vías legales. Al fin de cuentas, facilitarles el tránsito a la vida social y política es fortalecer la paz, el pluralismo y la democracia en Colombia.

Mauricio Trujillo Uribe
Bogotá, 8 de junio de 2017


Texto que sólo compromete a su autor, de libre difusión, citando la fuente, el autor y publicando fiel copia del mismo

Foto: portal Kien y Ke

El NO ganó el plebiscito: no hay mal que por bien no venga, podríamos decir los del SI

El triunfo del NO puede abrir una nueva oportunidad para la paz, sobre la base de alcanzar un consenso nacional más amplio sobre los acuerdos, consenso necesario para la reconciliación del país.

Por Mauricio Trujillo Uribe

El pasado 2 de octubre, el NO ganó el plebiscito sobre los acuerdos de paz firmados en la Habana entre el Gobierno y las FARC, al alcanzar 50.2% de los votos depositados en las urnas, en medio de una abstención que superó el 60%.

Santos no estaba obligado a convocar este plebiscito para validar constitucional y legalmente los acuerdos de paz: la Constitución colombiana otorga las competencias necesarias al Presidente de la República para preservar y garantizar la paz del país. Él hubiese podido suscribir esos acuerdos directamente con el respaldo mayoritario del Congreso. Sin embargo, Santos quiso sacar adelante la refrendación de los acuerdos de paz para darles legitimidad política y, de paso, aplanar a su más enconado adversario político, el uribismo, convencido como estaba del triunfo del SI.

Varias cosas se mezclaron haciendo posible que la mitad de los votantes y cerca de 50 mil más, optaran por el NO. En primer lugar, el dolor y rechazo que las FARC han generado en su contra durante décadas en muchas regiones del país por sus abusos, secuestros y asesinatos. Además, gran número de colombianos no aceptan que los autores de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad no paguen cárcel. Tampoco ven una actitud sincera en el arrepentimiento de las FARC, ni les queda claro cómo repararán a sus víctimas.

Tuvo gran impacto el discurso fanático de oposición del expresidente Uribe, amplificado por su bancada en el Congreso, algunas iglesias cristianas y algunos periodistas y medios de comunicación. A todo ello se sumó la campaña de mentiras y desinformación a través de las redes sociales, numerosas noticias falsas de todo tipo circularon en contra de los acuerdos de paz. Contó también la baja popularidad del Presidente Santos, hubo mucha gente que votó NO como una manera de censurar su gestión de gobierno.

Éstas y otras razones permitieron que los promotores del NO ganaran; sus voceros hablaban de querer la paz, una paz a su manera, bajo una mirada del conflicto armado nublada por el rencor. Querían la revisión o supresión de varios puntos cruciales pactados en la Habana que de no haber sido incluidos en la mesa de negociación probablemente no se hubiese conseguido un acuerdo con las FARC, organización guerrillera que aun cuando debilitada no estaba vencida.

¿Qué sigue ahora? Se abre un período de incertidumbre, de forcejeo, pero también, paradójicamente, el triunfo del NO puede abrir una nueva oportunidad para la paz, sobre la base de alcanzar un consenso nacional más amplio sobre los acuerdos, necesario para una reconciliación del país. El Presidente debe hacer lo necesario para reconducir prontamente el proceso de paz con las FARC. Igualmente, explorar la posibilidad de involucrar al ELN a una nueva negociación, aunque parece difícil dadas las posiciones maximalistas y a la vez gaseosas de esta otra agrupación insurgente.

Se requiere el concurso de todos para encontrar la mejor salida a este impase nacional. Tanto las élites que respaldan a Santos, como la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, los líderes del NO, los partidos políticos y los representantes de los principales movimientos sociales, tienen el deber de encontrar un nuevo espacio de negociación para replantear la agenda de paz y acordar un mecanismo de validación legal y política que nos permita alcanzar un gran pacto nacional. En este sentido, si ello se logra, no hay mal que por bien no venga, podríamos decir quienes votamos SI en el plebiscito.

Mauricio Trujillo Uribe
Bogotá, 7 de octubre de 2016


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Imagen tomada de las redes sociales