¡El nuevo IVA a la canasta familiar (si lo aprueban) nos apalea!

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, propone devolver por anticipado 51 mil pesos mensuales a los 4.3 millones de hogares registrados en el SISBEN que tengan ingresos por debajo del salario mínimo, 789.000 pesos mensuales al día de hoy, lo cual sumaría 2.6 billones de pesos por año. ¿Cuánto dinero costaría al Estado poner en marcha todos los meses ese mecanismo de devolución? ¿Cuánto pierde el país en tiempo y productividad poniendo a millones de colombianos a cobrar ese rembolso cada mes (o cada dos)? ¿Está el Estado en capacidad técnica de automatizar y controlar esos millones de pagos individualizados a partir de enero?

Por Mauricio Trujillo Uribe

Por donde se le mire, la propuesta de aplicar el IVA -Impuesto al Valor Agregado- al 80% de los productos básicos de la canasta familiar, presentada la semana pasada al Congreso por el Gobierno de Duque, en la llamada ley de financiamiento, es muy perjudicial para los sectores sociales de menores ingresos y las clases medias, para los productores agropecuarios y para la economía del país en general, al contrario de lo que afirma el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Recordemos que luego de las últimas reformas tributarias, 11 desde el 2012, el 53% de los productos de la canasta familiar ya tienen IVA de 19%. Con esta nueva reforma tributaria los productos de mayor consumo de los hogares colombianos, como arroz, leche, huevos, frutas y verduras, entre otros, quedarían grabados con IVA de 18% en el 2019 y de 17% a partir del año 2020. Los precios de estos alimentos y otros rubros se treparían de un solo golpe a partir de enero próximo cuando entraría en vigencia el nuevo IVA, si el Congreso lo aprueba en los términos presentados por el gobierno.

Con la ley de financiamiento el gobierno busca cubrir un hueco de 14 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación de 2019 para financiar diversos gastos e inversiones urgentes, de los cuales 3 billones se destinarían a salud, 2.1 a los acuerdos de paz, 1.2 a la educación y 1.1 a los subsidios de consumo de energía, entre otros. El IVA que propone el gobierno sobre la canasta familiar, aportaría cerca del 80% de ese faltante, es decir, alrededor de 11.2 billones saldrían de los bolsillos de personas naturales, mientras que el otro 20%, 2.8 billones, lo tributarían las empresas.

El ministro Alberto Carrasquilla, propone devolver por anticipado 51 mil pesos mensuales a los 4.3 millones de hogares registrados en el SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) que tengan ingresos por debajo del salario mínimo, 789.000 pesos mensuales al día de hoy, lo cual sumaría 2.6 billones de pesos por año. Devolver ese dinero a los hogares emergentes (con riesgo de caer nuevamente en extrema pobreza) y a los más pobres, aun suponiendo que es equivalente al monto del nuevo IVA que tendrán que pagar, es de por sí un hecho que parece contrario al buen sentido, a la lógica económica, y tiene en todo caso efectos perversos.

¿Cuál sería la inflación que generaría este impuesto en el primer año, afectando aún más esos hogares? ¿Cuánto dinero costaría al Estado poner en marcha todos los meses ese mecanismo de devolución? ¿Cuánto pierde el país en tiempo y productividad poniendo a millones de colombianos a cobrar ese rembolso cada mes (o cada dos)? ¿Cuánto dinero estima el gobierno, iría a los colados en el SISBEN? ¿Está el Estado en capacidad técnica de automatizar y controlar esos millones de pagos individualizados a partir de enero? El ministro no lo ha dicho, es un tema que pasa de agache.

Nos encontramos entonces ante la cruda realidad de que alrededor de 14.8 millones de personas con ingresos superiores al salario mínimo y por debajo de 3 millones de pesos mensuales que hoy conforman las clases medias del país, según el DANE, es decir, alrededor del 31% de los colombianos, serán los que terminarán pagando la gran mayor parte de los 8.6 billones que el gobierno espera recaudar con el nuevo IVA.

¡Pero apenas hace dos años Iván Duque, como senador, se oponía a la reforma tributaria del gobierno de Santos, ideada por el ministro Mauricio Cárdenas, de ingrata recordación, porque esa reforma penalizaba ante todo a las clases medias! Y en el curso de la reciente campaña presidencial Duque decía: “Lo que Colombia necesita ahora es una reforma a la administración pública, una reforma del gasto que elimine gastos innecesarios, enfrentar la corrupción y la evasión, generar los ahorros que nos permitan también inclusive bajar el IVA… ¡Tomemos decisiones! Pero dejar una reforma tributaria que acabó empobreciendo al pueblo colombiano con un IVA del 19 por ciento, uno de los más altos de América Latina, incentivando el contrabando y afectando al comercio, es claramente negativo”. Tenía razón.

Desde otro ángulo, el efecto negativo de un IVA aplicado al 80% de los productos básicos de la canasta familiar se sentiría sobre el consumo de las clases medias, produciendo desaceleración de la economía. Analistas estiman entre 5% y 1.5% la pérdida de capacidad adquisitiva de cerca de 4.9 millones de hogares (a menores ingresos mayor impacto). El panorama pinta aún más grave teniendo en cuenta que cerca del 67% del Producto Interno Bruto del país proviene del consumo del conjunto de los hogares colombianos.

A su vez, la disminución del consumo implicaría que las ventas de los empresarios y productores, en particular del sector agropecuario, se verían afectadas, disminuyendo sus ingresos y la capacidad de inversión. Además, esta situación propiciaría una inflación de los precios en toda la cadena de producción e intermediación. Si el Gobierno de Duque pretende lograr la recuperación de la economía, lo cual deseamos para bien de todos los colombianos, la propuesta sobre el IVA del señor Carrasquilla, va en franca contravía.

Otros riesgos derivados de dicha propuesta son: uno, el incremento del contrabando de alimentos provenientes de países vecinos e incluso de otros más lejanos como China, un flagelo que de por sí hace mucho daño al país y, dos, el aumento de la evasión fiscal. Pues no se trata de un aumento equitativo y razonable de los impuestos que acompañado de una campaña pedagógica podría disminuir la informalidad en las transacciones comerciales y cambiaría la actitud de muchos frente al pago de los mismos, sino de un totazo de 18% en los precios de los productos de la canasta familiar. Este incremento brutal justificaría ante los evasores lo injustificable e incentivaría el comportamiento antisocial de los mal llamados “vivos”. Han hecho carrera en nuestra sociedad la desconfianza sobre la buena utilización de los impuestos por parte del Estado y la triste y vergonzosa subcultura de la ilegalidad.

Desde luego, el funcionamiento del Estado, el gasto y proyectos de bienestar social, las inversiones públicas para el desarrollo del país y otros tantos gastos propios de la vida de la nación, requieren que todos los colombianos tributemos, o al menos todos los que puedan hacerlo en cualquier medida. El equilibrio en las finanzas públicas es además garantía de inversión nacional e internacional. Mejorar la situación del pueblo colombiano y del país en general, pasa en buena parte por la disminución sustancial del abultado déficit fiscal mediante el cumplimiento de la regla fiscal: el gasto público debe estar respaldado por recursos públicos existentes, que en gran parte deben provenir del pago equitativo de los impuestos en el marco de un contrato social benéfico para todos.

Frente a la mala noticia que nos trae la propuesta no concertada del Ministro de Hacienda, afortunadamente estamos viendo reacciones de parlamentarios, líderes políticos, dirigentes sociales y académicos, entre otros, proponiendo estudiar diferentes opciones para recaudar el faltante de los 14 billones de pesos. Y claro que las hay a pesar de que los impuestos casi siempre serán mal recibidos aquí y en Cafarnaúm: tierras ociosas, altos dividendos, altas pensiones, remesas desde el exterior y grandes fortunas, son posibles fuentes de tributación. También se pueden revisar las exenciones a las empresas mineras. Y aumentar la tributación directa de personas de mayores ingresos y patrimonios.

Sin embargo, ningún modelo de impuestos cumplirá con su parte en el desarrollo del país y progreso de sus ciudadanos, si no superamos la improvisación e ineficiencia de la administración pública en no pocas regiones e instituciones; si no salimos del pantano del clientelismo, la corrupción en la cosa pública, la evasión fiscal y el contrabando; y si no acertamos con nuestro voto en elegir bien a nuestros representantes y gobernantes. ¡El compromiso es de todos los colombianos para salir adelante!

Mauricio Trujillo Uribe
Bogotá, 8 de noviembre de 2018


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Fuente : Artículo publicado por Revista Sur

Foto: Revista Sur