Crisis con Ecuador y Venezuela: medir lo sucedido en su justa dimensión

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En la OEA, varios gobiernos de países de América Latina han apoyado el pedido del gobierno de Ecuador de condenar a Colombia por la violación de su soberanía nacional. ¿Tal petición puede considerarse justa, sin considerar justa la solicitud de que se investigue el supuesto apoyo financiero del gobierno de Venezuela a las FARC y las relaciones del gobierno de Ecuador con las FARC?

Mauricio Trujillo Uribe *
Bogotá, 5 de marzo de 2008

Ha tenido lugar una serie de hechos que han profundizado la crisis de las relaciones de Colombia con Ecuador y Venezuela, y si la escalada no se detiene la polarización creciente podría conducir a un enfrentamiento de graves consecuencias para los pueblos y países de la región.

Las fuerzas democráticas de Colombia deben manifestarse, contribuyendo en lo posible a proponer salidas que ayuden a que la tensión disminuya y se restablezcan las relaciones entre los tres países hermanos.

Es necesario intentar medir lo sucedido en su justa dimensión:

–      El Estado colombiano tiene el legítimo derecho del monopolio de las armas, tiene el legítimo derecho de perseguir y combatir a los grupos armados ilegales, entre ellos a las FARC. En consecuencia, el gobierno colombiano tiene la obligación de enfrentar sin excepción a esos grupos. Al mismo tiempo, es su deber buscar salidas políticas para poner fin a un conflicto armado que lleva más de cuarenta años.

–      En los acontecimientos que culminaron el pasado 1 de marzo de 2008 con la muerte del comandante de las FARC, Raúl Reyes, el gobierno de Colombia no atacó a la población civil ni a las autoridades del vecino país, ni a los bienes del Ecuador. Las Fuerzas Armadas atacaron un campamento de las FARC que se encontraba en Ecuador, al borde de la frontera con Colombia, sin que hubiese la intención de atacar al país hermano. Su objetivo principal era Raúl Reyes.

–      Sin embargo, el asalto al campamento violó la soberanía y la integridad territorial del Ecuador. En este sentido se trata de un acto condenable, como lo es todo acto por parte de las autoridades colombianas que, en el marco del combate a los grupos armados ilegales, viole las leyes. Le cabe al gobierno de Uribe la responsabilidad legal por la violación del Derecho Internacional en que ha incurrido, como le cabe a las FARC la responsabilidad política por utilizar las fronteras de los países vecinos.

–      Las pruebas que supuestamente el gobierno de Colombia dice haber encontrado en los computadores incautados en el asalto, indicarían que el gobierno del Ecuador estaba apoyando a las FARC. El gobierno ecuatoriano sostiene que mantenía contactos con las FARC con el fin de facilitar la liberación de las personas secuestradas, entre ellas Ingrid Betancur. ¿Pero es normal que esos contactos con las FARC se estuviesen adelantando sin el conocimiento del gobierno de Colombia? ¿Esta relación unilateral con las FARC por parte del gobierno de Ecuador, aun si fuese por motivos humanitarios, no es a su vez una violación de la soberanía de Colombia?

–      Con motivo del asalto al campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha lanzado improperios contra el Presidente Uribe. No en vano las declaraciones de Carlos Gaviria el pasado 2 de marzo: «Yo soy el Presidente de un partido de oposición pero nosotros debemos tener presente que al Presidente lo eligieron los colombianos y que el Presidente no puede ser tratado de una manera tan irrespetuosa por Jefes de Estado de países extranjeros y mucho menos vecinos».

El presidente Chávez también ha amenazado con una guerra si un tal hecho llegase a producirse en territorio venezolano, ha cerrado la embajada de Venezuela en Bogotá, ha expulsado el embajador de Colombia en Caracas y ha anunciado el cierre de la frontera con Colombia.

Actuando de esta manera, el presidente Chávez, lejos de conseguir que la opinión pública colombiana entienda sus razones, provoca la adhesión de la misma al presidente Uribe y le «da manivela» a la escalada de la confrontación entre los dos países. ¿No estamos acaso frente a una respuesta desproporcionada y que no le corresponde por parte del presidente Chávez, cuando en realidad los hechos sucedieron en Ecuador y no en Venezuela?

–     Es inconveniente el anuncio del presidente Uribe de presentar una demanda contra el presidente Chávez ante la Corte Penal Internacional por patrocinio de grupos terroristas, tanto más cuando cerca del 30% de los congresistas que apoyaron al primer mandatario de Colombia en su pasada campaña electoral se encuentran investigados por vínculos con grupos paramilitares. Todo lo anterior cierra aún más las puertas a la posible gestión del presidente Chávez para facilitar un Acuerdo Humanitario (luego de quedar demostrado su valioso concurso en la reciente liberación de los secuestrados) y a su acción en aras de un acuerdo político para acabar con el conflicto interno armado. ¿Podría ser el presidente Lula quien entre a jugar un rol de intermediación?

–      En la OEA, varios gobiernos de países de América Latina han apoyado el pedido del gobierno de Ecuador de condenar a Colombia por la violación de su soberanía nacional. ¿Tal petición puede considerarse justa, sin considerar justa la solicitud de que se investigue el supuesto apoyo financiero del gobierno de Venezuela a las FARC y las relaciones del gobierno de Ecuador con las FARC?

–      La bancada del partido Liberal en el Congreso de Colombia ha anunciado su respaldo al Presidente Uribe «para que solucione la crisis, pero no para que la profundice». A su vez, muchos colombianos mirarán con atención la posición del Polo Democrático frente al presidente Uribe en esta crisis regional.

Mauricio Trujillo Uribe *
Bogotá, 5 de marzo de 2008

* Miembro de la Dirección Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo. Miembro de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Polo.


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Fuente: Página Web Polo Democrático Alternativo

Foto: Portal In